Varapalo del Superior a Sanxenxo por autorizar una discoteca ilegal

Lenta pero incesantemente, los ¨®rganos judiciales van emitiendo sentencias contra las pr¨¢cticas urban¨ªsticas del PP en el Ayuntamiento de Sanxenxo. La ¨²ltima lleg¨® el pasado diciembre desde el Tribunal Superior de Xustiza, que a ra¨ªz de los cambios del criterio municipal respecto a la legalidad de las obras en una discoteca en Portonovo ¡ªprimero desfavorable, despu¨¦s proclive¡ª pone de vuelta y media a la Gerencia Municipal de Urbanismo. ¡°Resulta patente la omisiva, err¨¢tica y aun contradictoria, am¨¦n de ileg¨ªtima actuaci¨®n administrativo-urban¨ªstica¡±, concluye el fallo, que tumba el que emiti¨® el a?o pasado el juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 2 de Pontevedra y declara la ilegalidad de las licencias.

El caso se remonta a 2007, ya con Catalina Gonz¨¢lez en la alcald¨ªa despu¨¦s de la marcha de Telmo Mart¨ªn. Tras la aprobaci¨®n del Plan General de 2003, una parte de los edificios en la franja costera de Portonovo quedaron fuera del planeamiento, lo que en la pr¨¢ctica supuso que sus propietarios solo pod¨ªan llevar a cabo en ellos obras de mantenimiento y conservaci¨®n. La empresa local Libelula decidi¨® no obstante realizar una reforma extensa en un establecimiento afectado, que incluy¨® la demolici¨®n de los tabiques. En abril de 2007 el Ayuntamiento entra en acci¨®n, en principio de modo impecable. Ampar¨¢ndose en la Lei de Ordenaci¨®n do Territorio, la Gerencia de Urbanismo, que preside la alcaldesa, inici¨® un expediente de reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica y mand¨® parar las obras. Los propietarios no hicieron caso y un mes despu¨¦s, tras un nuevo requerimiento, la Gerencia precint¨® el local. ¡°El inmueble ya hab¨ªa quedado di¨¢fano¡±, recuerda la sentencia.

El expediente nunca se concluy¨®, y la cuesti¨®n dormit¨® durante un a?o. En mayo de 2008, sin embargo, el mismo organismo municipal dict¨® en dos d¨ªas dos resoluciones contrarias. La primera, el d¨ªa 12, rechaza una nueva licencia de obra y otra de actividad, que en cambio concede al d¨ªa siguiente. M¨¢s tarde, en enero de 2009 se levanta el precinto, en marzo se permite el acondicionamiento como discoteca y en abril se otorga la licencia de apertura. Estas dos ¨²ltimas resoluciones fueron las que originaron el recurso.

Seg¨²n el magistrado ponente, Jos¨¦ Luis Ram¨ªrez, la ¡°patente omisi¨®n¡± a la hora de concluir el expediente por unas obras de demolici¨®n que se empezaron sin licencia ¡°no es en modo alguno subsanable por la concesi¨®n de licencia de ulteriores obras¡±. En el razonamiento se recuerda tambi¨¦n que la ley de ordenaci¨®n obliga a echar abajo las obras que no sean legalizables ¡°e impedir los usos a que dieran lugar¡±.

La sentencia ha provisto de nueva munici¨®n a la oposici¨®n. ¡°En vez de ejercer su labor de vigilancia, el Ayuntamiento opta por subterfugios jur¨ªdicos para garantizar lo que no es posible¡±, critica el portavoz local del BNG, David Otero, que acusa a la alcaldesa de no revelar el documento. ¡°Este ocultismo es una de sus caracter¨ªsticas, junto a la m¨¢s que evidente p¨¦rdida de control sobre la situaci¨®n urban¨ªstica con grav¨ªsimas consecuencias econ¨®micas¡±, a?ade, y reitera su petici¨®n de que una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento investigue la gesti¨®n municipal del urbanismo.

El fallo sali¨® a la luz menos de 24 horas despu¨¦s de que el PP bloquease en un pleno extraordinario una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los avatares urban¨ªsticos del municipio porque la petici¨®n era ¡°gen¨¦rica¡± y estaba ¡°mal redactada¡±. La solicitud la hab¨ªan firmado los tres grupos de la oposici¨®n despu¨¦s de que a principios de mes se confirmase que el Ayuntamiento deber¨¢ devolver 3,8 millones de euros que hab¨ªa recibido de un grupo de constructoras a las que a cambio eximi¨® de levantar vivienda p¨²blica en una parcela de Monte Faro. Este acuerdo, legal en su g¨¦nesis, no se pudo completar por las modificaciones legales que introdujo el bipartito en la Xunta. Todav¨ªa se espera con temor en el Ayuntamiento, en ese sentido, la llegada de otra resoluci¨®n por un caso paralelo en un terreno colindante, en el que el montante del litigio asciende a 4,8 millones.