El fiscal indaga si se false¨® un examen para tapar una discriminaci¨®n ling¨¹¨ªstica

Lo que comenz¨® como una denuncia por discriminaci¨®n ling¨¹¨ªstica en unas oposiciones al Ayuntamiento de Nigr¨¢n ha acabado en manos de la fiscal¨ªa de Vigo por un supuesto delito de falsificaci¨®n de documento p¨²blico. Seg¨²n el relato de uno de los opositores, C.G.C., ni en la primera prueba escrita, realizada el 6 de junio de 2011, ni en la segunda, 16 d¨ªas despu¨¦s, se ofreci¨® a los concurrentes el cuestionario en gallego. Por ello, decidi¨® recurrir a la Conseller¨ªa de Presidencia, que abri¨® una investigaci¨®n al respecto.

?Ante la petici¨®n de informaci¨®n de la Xunta, el Ayuntamiento asegur¨® que s¨ª contaban con los ex¨¢menes en el idioma propio, y para avalarlo remiti¨® sendas copias. Las dos con la misma fecha, el 22 de junio, d¨ªa de la segunda prueba. Presidencia, a trav¨¦s de la Direcci¨®n Xeral de Administraci¨®n Local, dio por buenos los argumentos del municipio pontevedr¨¦s, gobernado por el PP, y desestim¨® la queja. En el informe, al que ha tenido acceso EL PA?S, el presidente del tribunal del proceso selectivo acusa al opositor de mentir y de actuar de ¡°mala fe¡±, por haber presentado la denuncia solo tras haber suspendido la segunda prueba. Afirma que ¡°en ning¨²n momento¡± solicit¨® la posibilidad de hacer los ex¨¢menes en lengua gallega.

Sin embargo, C.G.C. sostiene que tras el primer examen se dirigi¨® verbalmente al tribunal para preguntar por qu¨¦ no se hab¨ªa repartido el cuestionario en gallego. Asegura que uno de sus miembros le replic¨® que ¡°no hac¨ªa falta¡± y que el secretario municipal conoc¨ªa la situaci¨®n, lo que, seg¨²n la versi¨®n del denunciante, no es cierto. Adem¨¢s, en sus alegaciones present¨® la declaraci¨®n jurada de 10 opositores que corroboran su versi¨®n, es decir, que los cuestionarios se distribuyeron solo en castellano y que en ning¨²n momento se pregunt¨® si alg¨²n aspirante prefer¨ªa hacerlos en gallego.

¡°El simple env¨ªo de los ex¨¢menes en gallego a la direcci¨®n general no quiere decir que estuviesen los d¨ªas de las pruebas¡±, expone para cimentar la posible falsificaci¨®n de documento p¨²blico, y sugiere que el Ayuntamiento tuvo casi un mes desde su reclamaci¨®n hasta el env¨ªo de la documentaci¨®n a la Xunta para traducir los cuestionarios. Otro indicio, apunta, es que ambos ex¨¢menes est¨¢n fechados el mismo d¨ªa, cuando se realiz¨® la segunda prueba.

C.G.C. considera tambi¨¦n ¡°sospechoso¡± que el Ayuntamiento no contestase a su alegaci¨®n a trav¨¦s de su sitio web ¡ªsolo lo hizo ante la petici¨®n de informaci¨®n por parte del Gobierno aut¨®nomo¡ª y s¨ª a las del resto de opositores que reclamaron por otras cuestiones. Ante el cierre del caso por parte de la Xunta, ha puesto los hechos en conocimiento de la fiscal¨ªa, que tiene seis meses para dar una contestaci¨®n sobre si ve indicios de delito o no. La falsificaci¨®n de documento p¨²blico, en caso de ser cometida por un funcionario, acarrea penas de entre tres y seis a?os de c¨¢rcel, adem¨¢s de sanci¨®n econ¨®mica e inhabilitaci¨®n.