El gobierno de Ourense adjudic¨® a dedo una obra de 600.000 euros
La empresa beneficiada tiene de apoderado a un candidato socialista
Las obras de la c¨¦ntrica calle Bedoya de Ourense, contratadas en octubre de 2008 por procedimiento negociado, sin publicidad, y con reparos del interventor, por 593.000 euros, comenzaron antes de ser adjudicadas. La empresa contratista que se lanz¨® a la operaci¨®n urban¨ªstica antes de haber conseguido la adjudicaci¨®n es Ocasa, que tiene como apoderado a Jos¨¦ Ram¨®n Fern¨¢ndez Morgade, que fue de n¨²mero 14 en la lista del PSOE en las municipales.
Ayer, uno de los asesores jur¨ªdicos del Ayuntamiento de Ourense, Javier Garc¨ªa Gago, denunci¨® ante la propia entidad local la comisi¨®n de un posible delito por parte del gobierno municipal, el bipartito integrado por PSOE y BNG, que aprob¨® la adjudicaci¨®n de la obra ya iniciada, en comisi¨®n de gobierno. Garc¨ªa Gago registr¨® un informe en el que asegura que se encuentra obligado a poner en conocimiento de la Administraci¨®n local y de la justicia estos hechos ¡°graves y posiblemente constitutivos de delito¡±. En su opini¨®n, la actuaci¨®n del gobierno local supone una ¡°desviaci¨®n de poder¡± ya que se ha ¡°utilizado¡± una potestad administrativa, la adjudicatoria, ¡°no para otorgar el contrato a la oferta m¨¢s ventajosa, sino a una empresa predeterminada¡± uno de cuyos apoderados est¨¢ vinculado pol¨ªticamente al gobierno local que le contrata ¡°irregularmente¡±.
Garc¨ªa Gago hace su denuncia despu¨¦s de que la concejala de Urbanismo, la socialista ?urea Soto, se?alase a un exasesor jur¨ªdico municipal ¡ªpadre del ahora denunciante¡ª como responsable de la tramitaci¨®n de los expedientes urban¨ªsticos para la construcci¨®n de dos edificios, en la R¨²a Progreso y Avenida das Caldas, que podr¨ªan suponer el pago de indemnizaciones de en torno a un mill¨®n de euros con cargo a las arcas municipales.
Ahora, su hijo, funcionario de carrera con el mismo cargo de asesor jur¨ªdico, denuncia que la adjudicaci¨®n de la obra de la calle Bedoya es especialmente grave ya que la ley solo permite prescindir de la difusi¨®n del concurso e ir a un procedimiento negociado sin publicidad cuando el valor estimado de la ejecuci¨®n sea inferior a 200.000 euros ¡°si se trata de contratos de obras¡±. Como el de la citada calle fue de 593.000 euros resulta ¡°evidente¡± para el jurista que no podr¨ªa haber sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad; esto es, mediante adjudicaci¨®n directa.
Un asesor jur¨ªdico municipal pide que se investigue la supuesta ilegalidad
Garc¨ªa Gago suma a este hecho el de la ¡°intenci¨®n preexistente¡± de adjudicar la obra a una empresa concreta, cuyo apoderado est¨¢ vinculado al gobierno local ¡ª¡°con relaci¨®n directa con el alcalde¡±, que lo incluy¨® en su lista¡ª que supuestamente incumpli¨®, favoreci¨¦ndolo, la legalidad en lugar de buscar una oferta m¨¢s ventajosa para los ourensanos.
El asesor jur¨ªdico reclama ahora que se depuren responsabilidades y que se informe a los correspondientes ¨®rganos jurisdiccionales para que investiguen estos hechos as¨ª como el ¡°eventual aumento del patrimonio¡± de las personas que formaron parte del ¨®rgano administrativo que adjudic¨® el contrato e incluso ¡°de los familiares y amigos cercanos¡± de ellos ya que, de ser as¨ª, podr¨ªa ¡°encubrir conductas m¨¢s graves¡±.
Los principales directivos de Ocasa est¨¢n imputados ¡ªy han prestado declaraci¨®n¡ª como presuntos autores de un delito fiscal y de falsedad documental tras admitir a tr¨¢mite la fiscal¨ªa en julio pasado una querella criminal por la supuesta emisi¨®n de facturas falsas por parte de la constructora que, de esta forma, evadir¨ªa una considerable cantidad de dinero al fisco. La empresa, con sede central en Ourense, tiene delegaciones en Santiago, Pontevedra, Lugo, Valladolid, Madrid, Barcelona y Granada.
Aunque la obra de la calle Bedoya fue adjudicada definitivamente en octubre de 2008, en mayo de 2011 la junta de gobierno en funciones le rescindi¨® el contrato apoy¨¢ndose en el hecho de que la Administraci¨®n local no hab¨ªa firmado el acta de recepci¨®n definitiva de las obras. La decisi¨®n del gobierno local permiti¨® al Ayuntamiento recuperar su dominio sobre una calle abierta al p¨²blico sin que formalmente hubiera finalizado la obra.
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