Ibarra advierte sobre una "frustraci¨®n" de reclamaciones en materia penitenciaria

El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, advirti¨® ayer sobre una posible ¡°frustraci¨®n¡± de algunas reivindicaciones en materia penitenciaria, ya que la amnist¨ªa o los indultos generales que en ocasiones se solicitan para los presos de ETA no quedan recogidos en la Constituci¨®n ni en las leyes. ¡°Desde determinados ¨¢mbitos se est¨¢n lanzando mensajes que no se corresponden con la realidad jur¨ªdica¡±, recalc¨® el m¨¢ximo responsable de la judicatura auton¨®mica, quien se mostr¨® preocupado por una posible repercusi¨®n en la imagen social de los tribunales y en un incremento de su ¡°brecha¡± con los ciudadanos.

Ibarra tom¨® parte ayer en el F¨®rum Europa de Bilbao. Y aunque no eludi¨® las referencias a la pol¨ªtica como respuesta a preguntas de los periodistas, aprovech¨® la intervenci¨®n para recuperar su discurso m¨¢s social. En pleno revuelo ciudadano por las consecuencias de una crisis cada vez m¨¢s intensa, consider¨® que ¡°existen buenas razones para apostar por la fortaleza del Estado de Derecho en su actual empe?o por recolocar a la econom¨ªa las bridas del imperio de la ley¡±. Un esfuerzo que defendi¨® como imprescindible para ¡°limitar el arbitrario¡± funcionamiento de los mercados.

El presidente del Superior demand¨® id¨¦ntica implicaci¨®n social para sus compa?eros de profesi¨®n y puso como ejemplo las ejecuciones hipotecarias derivadas del desempleo y el consecuente endeudamiento familiar. Recalc¨®, al respecto, que los jueces no pueden actuar ¡°a la manera del cobrador del frac¡±, sino que su acci¨®n debe tener en cuenta ¡°la tutela del derecho m¨¢s alto a la dignidad de la persona humana¡±. En este sentido, se felicit¨® por la colaboraci¨®n de la judicatura con el Gobierno vasco para poner en marcha un plan contra los desahucios.

A la colaboraci¨®n, pero pol¨ªtica, inst¨® tambi¨¦n Ibarra para garantizar el impulso de la modernizaci¨®n de la Justicia, ya que esta no puede depender, en su opini¨®n, de la ¡°alternancia en el Gobierno de Espa?a o los de las comunidades aut¨®nomas¡±. Un consenso que reclam¨® como urgente para superar las ¡°graves carencias de agilidad y eficiencia¡±. Para no quedarse en una mera reflexi¨®n, recurri¨® a los datos con el objetivo de dibujar el mencionado escenario. As¨ª, record¨® que el tiempo medio en Espa?a para la resoluci¨®n de un asunto civil son 30 meses, tantos como despu¨¦s se demora su ejecuci¨®n. ¡°No sirve de consuelo que ambas cifras se reduzcan a 20 meses en nuestra comunidad, porque casi tres a?os y medio sigue sin ser un tiempo que permita calificar a nuestra Justicia como eficaz¡±, sentenci¨®.