El Consell pierde mil millones al a?o por la mala financiaci¨®n Auton¨®mica

Mil millones al a?o, 8.400 de d¨¦ficit acumulado respecto de la media espa?ola. Cada valenciano recibe anualmente del Estado 194 euros menos. Estas son las consecuencias de los sucesivos modelos de financiaci¨®n auton¨®micos, todo ellos lesivos para la Comunidad Valenciana. En ese balance tan negativo ha tenido mucho que ver la escasa influencia que los diferentes responsables del Consell han tenido en la pol¨ªtica espa?ola.

La ¨²ltima oportunidad para mejorar un modelo tan negativo se produjo durante la reforma del Estatut d¡¯Autonom¨ªa de 2006; pero Francisco Camps y el PP se opusieron a que el texto condicionara las inversiones estatales o hiciera referencia alguna a la deuda hist¨®rica. Ahora el actual presidente de la Generalitat Alberto Fabra, del PP, tiene que reclamar esa deuda.

Todos los pol¨ªticos que han tenido alguna responsabilidad en la gesti¨®n auton¨®mica, tanto del PSOE como del PP, coinciden en sus cr¨ªticas a los distintos modelos de financiaci¨®n existentes desde la puesta en marcha del Estado de las autonom¨ªas, pero el hecho cierto es que ninguno de ellos pudo solucionar el problema.

Por otra parte, no son pocos los que creen que el despilfarro es en gran medida el responsable del agujero en las arcas auton¨®micas, pero los expertos consultados por este peri¨®dico opinan que, si bien es cierto que puede haber agravado la situaci¨®n, el factor m¨¢s influyente es la financiaci¨®n per c¨¢pita. Pero la pregunta que pocos responden es por qu¨¦ la Generalitat, al contrario que otras comunidades aut¨®nomas, no aprovech¨® la fase expansiva de la econom¨ªa para frenar el endeudamiento; mientras que Murcia, tan mal financiada y con caracter¨ªsticas similares, s¨ª lo hizo.

La deficiente financiaci¨®n auton¨®mica es un serio lastre para las arcas p¨²blicas de la Comunidad Valenciana. Los valencianos han recibido desde la puesta en marcha del Estado de las autonom¨ªas menos dinero por habitante que la media de los espa?oles. En 2009, ¨²ltimo a?o del que existen datos oficiales, la Generalitat recibi¨® casi mil millones de euros menos de lo que le hubiese correspondido de estar en la media estatal. Dicho de otra manera, seg¨²n Rafael Beneyto, miembro de la comisi¨®n de expertos que asesora a la Generalitat, la Comunidad Valenciana recibi¨® 194 euros menos por habitante que el resto de territorios con excepci¨®n del Pa¨ªs Vasco y Navarra, que con su sistema foral disfrutan de una financiaci¨®n per c¨¢pita muy superior.

Sin embargo, no se trata de una situaci¨®n sobrevenida. Desde la puesta en marcha del Estado de las autonom¨ªas, a principios de los ochenta, la Comunidad Valenciana ha pagado su falta de peso pol¨ªtico en Madrid.

Una falta de influencia que ninguno de los Gobiernos valencianos ha sabido resolver y que se ha traducido en una financiaci¨®n deficiente de car¨¢cter cr¨®nico. La consecuencia ha sido un endeudamiento creciente, agravado con casos de despilfarro y corrupci¨®n, que tras el cierre de los mercados financieros obliga a acometer recortes m¨¢s duros de lo previsto.

Los valencianos reciben

En estos 30 a?os de autogobierno, la deficiente financiaci¨®n se ha enmascarado con un aumento de las cantidades absolutas que el Estado ha transferido a la Generalitat. Lo que no ha evitado estar siempre a la cola de la financiaci¨®n por habitante.

Hasta 2001, a?o en el que se decidi¨® dar un salto en el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, el Estado utiliz¨® un m¨¦todo que denomin¨® ¡°coste efectivo de los servicios transferidos¡±. Es decir, sobre el supuesto de que el Estado realizaba sus prestaciones al mismo nivel en todo el territorio, se realiz¨® una estimaci¨®n del coste del servicio transferido y se consign¨® la correspondiente partida en los presupuestos generales. El problema, como ha demostrado el paso de los a?os, es que la premisa inicial no fue correcta: el Estado no tiene un nivel homog¨¦neo de servicios en todo el territorio. Y las dos modificaciones efectuadas sobre el sistema empleado inicialmente, de 1978 a 1986, solo sirvieron para volverlo m¨¢s complejo. En el periodo 1987-1996 se introdujeron nuevos par¨¢metros de distribuci¨®n de los fondos, como la dispersi¨®n geogr¨¢fica, la superficie del territorio o la insularidad, que simult¨¢neamente se conjugaron con mecanismos correctores para no alterar la situaci¨®n de partida.

En el periodo 1997-2000 las modificaciones introducidas en el sistema buscaron aumentar la corresponsabilidad de los Gobiernos auton¨®micos ofreci¨¦ndoles mayor capacidad para incrementar sus ingresos.

El incremento de los fondos repartidos ha enmascarado

El primer presidente de la Generalitat, el socialista Joan Lerma, lo explica de forma muy clara: ¡°En la Comunidad Valenciana el gasto del Estado era muy poco en el momento de transferirse las principales competencias (1988) y las redes de salud y educaci¨®n muy precarias. Hubo que gastarse mucho dinero, sobre todo en educaci¨®n, y gastamos en estos servicios m¨¢s de lo que nos transfiri¨® el Estado¡±.

¡°Las comunidades que optamos a la autonom¨ªa por la v¨ªa r¨¢pida tuvimos que hacer un gran esfuerzo, que en el resto del territorio realiz¨® el Estado antes de transferir las competencias en educaci¨®n y sanidad a las otras autonom¨ªas en 2002¡±, se?ala Lerma, que recuerda sus pugnas con el Gobierno central para lograr que financiase la ampliaci¨®n de servicios transferidos.

El cuarto modelo de financiaci¨®n ¡ªvigente entre 2002 y 2008, e impulsado por el entonces presidente valenciano Eduardo Zaplana, el ministro de Econom¨ªa Rodrigo Rato y el presidente del Gobierno Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar¡ª naci¨® con muy buenas intenciones pero el resultado fue desastroso para la Comunidad Valenciana.

El ¡®modelo Zaplana¡¯ permiti¨® diferencias de financiaci¨®n

Zaplana se present¨® entonces como el referente del ¡°poder valenciano¡± en Madrid. Parec¨ªa que, finalmente, se correg¨ªa una situaci¨®n injusta que lastraba los servicios p¨²blicos en la Comunidad Valenciana. Pero al final, el sue?o se convirti¨® en pesadilla.

Un reciente estudio de la Fundaci¨®n BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Econ¨®micas (IVIE) afirma: ¡°El modelo naci¨® con unos objetivos loables, pero las piezas a?adidas al mismo, durante su negociaci¨®n pol¨ªtica, y determinados cambios socioecon¨®micos, en particular el fuerte crecimiento demogr¨¢fico de esos a?os debido a la inmigraci¨®n, han alejado sus resultados efectivos de sus objetivos iniciales¡±. Tanto que en 2008, el sistema lleg¨® a adjudicar 2.881 euros por habitante a Cantabria, mientras que a Baleares y a la Comunidad Valenciana, en la cola, les asign¨® 1.972 y 1.989 euros por habitante, respectivamente. ¡°Esta diferencia representa un margen de m¨¢s del 40% para satisfacer unos mismos servicios p¨²blicos b¨¢sicos, como son la sanidad, la educaci¨®n y los servicios sociales¡±, afirman los autores.

El reparto vigente reduce

Francisco P¨¦rez, director del estudio de la Fundaci¨®n BBVA, y los otros tres expertos del IVIE que han publicado Las diferencias regionales en el sector p¨²blico espa?ol, recalcan que las modificaciones introducidas en el modelo de 2002 tuvieron como finalidad respetar el statu quo anterior ¡ªel a?o de partida escogido fue 1999¡ª y la posici¨®n de algunas autonom¨ªas ¡°hist¨®ricamente favorecidas por las actuaciones p¨²blicas¡±.

En 2006, Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y el l¨ªder socialista Joan Ignasi Pla, perdieron otra gran oportunidad para solucionar la mala financiaci¨®n de la Comunidad Valenciana a trav¨¦s de la reforma del Estatut d¡¯Autonom¨ªa.

Camps y el PP se opusieron de plano a incluir cualquier referencia en el texto estatutario que hiciese menci¨®n a la existencia de una deuda hist¨®rica, como Andaluc¨ªa, o que condicionase la inversi¨®n del Estado, como hicieron Catalu?a y Baleares. En lugar de abrir una negociaci¨®n bilateral con el Estado, a trav¨¦s de la reforma del Estatut, que permitiese igualar la renta de los valencianos a la media estatal, el PP se conform¨® con introducir la cl¨¢usula Camps, un a?adido ret¨®rico sin valor efectivo que condenaba a la Comunidad Valenciana a ara?ar cualquier mejora econ¨®mica en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera en competencia con las otras 14 autonom¨ªas que forman parte de este ¨®rgano.

El PP rechaz¨® el sistema

La ¨²ltima reforma, la de 2009 impulsada por el Gobierno del socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y que sigue vigente, ha recortado ligeramente la diferencia que exist¨ªa con las autonom¨ªas mejor financiadas, pero no ha servido para sacar a la Generalitat de los puestos de cola.

La explicaci¨®n est¨¢ en que la reforma se plante¨® para resolver las distorsiones creadas por unos movimientos migratorios sin precedentes ¡ªque hizo crecer la poblaci¨®n muy r¨¢pidamente en algunos territorios como el valenciano¡ª y para tratar de reducir las enormes diferencias de financiaci¨®n entre regiones.

Sin embargo, Catalu?a, que presion¨® con fuerza durante todo el proceso de negociaci¨®n, logr¨® introducir las variables suficientes para dejar de estar financiada por debajo de la media. Mecanismos correctores de los que tambi¨¦n se beneficiaron Baleares y Madrid, pero no la Comunidad Valenciana que, junto con Murcia, qued¨® fuera de juego.

Los intentos del entonces consejero de Econom¨ªa Gerardo Camps por situarse en la negociaci¨®n a rebufo de Catalu?a, e intentar articular una posici¨®n conjunta de todos los partidos con representaci¨®n en las Cortes Valencianas, acabaron en agua de borrajas. El comit¨¦ de expertos, creado a instancias del Parlamento, para formular propuestas que ayudasen a fijar la posici¨®n valenciana en la negociaci¨®n se reuni¨® con el nuevo sistema ya fijado. De modo que los t¨¦cnicos se limitaron a ¡°identificar posibles interpretaciones del acuerdo que mejorasen la financiaci¨®n¡±.

Finalmente, el entonces consejero de Econom¨ªa, Gerardo Camps, opt¨® por abstenerse junto con el resto de consejeros del PP, en el Consejo de Pol¨ªtica Econ¨®mica Fiscal y Financiera (CPEFF) para no renunciar al aumento de la bolsa de dinero puesto encima de la mesa por el Gobierno. Con el modelo actual, el 75% de los fondos se reparten de manera igualitaria, pero el otro 25% se distribuye mediante f¨®rmulas aleatorias, que el ministro Pedro Solbes no dud¨® en comparar con un ¡°sudoku¡±.

El PP rechaz¨® en el Congreso de los Diputados el sistema de financiaci¨®n actual, pactado entre el Gobierno y las autonom¨ªas, por considerarlo injusto. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha colocado la reforma del sistema entre sus prioridades, pese a la reclamaci¨®n del jefe del Consell, Alberto Fabra.