Ley y justicia
Estos d¨ªas he recordado la frase con la que William Gaddis inicia una de sus novelas: ¡°?Justicia?. La justicia se encuentra en el otro mundo. En este lo que hay son leyes¡±. Y es que el proceso al juez Baltasar Garz¨®n y su condena por el Tribunal Supremo viene a patentizar que una cosa es la idea de cada uno sobre lo que es justo e injusto, y otra la manera de hacer efectivo el valor de la justicia, tarea esta ¨²ltima que solo puede cumplirse en una sociedad democr¨¢tica mediante la aprobaci¨®n de la ley por los representantes de la soberan¨ªa popular y su interpretaci¨®n y aplicaci¨®n posterior a cada caso concreto por parte de los jueces. En democracia no cabe otra forma de hacer justicia que la de aplicar la ley, con abstracci¨®n de las emociones, los sentimientos y las simpat¨ªas que amalgaman la percepci¨®n social sobre la justicia o injusticia de las resoluciones judiciales. Sin embargo ?qu¨¦ ocurre hoy en Espa?a para que con mucha frecuencia se haya abierto un abismo entre lo que los jueces consideran conforme a la ley, y por tanto justo, y lo que muchos ciudadanos consideran contrario a la idea de la justicia?
Por mi profesi¨®n he le¨ªdo miles de sentencias, y la que, de manera un¨¢nime, condena al juez Garz¨®n por prevaricador es de un considerable rigor y solidez jur¨ªdicas, que nadie, entre todos los que han opinado al respecto, ha intentado siquiera desmontar con argumentos de la misma ¨ªndole. Por eso, me qued¨¦ estupefacto al leer el titular de este mi peri¨®dico de siempre y con el que me siento honrado de colaborar: ¡°El Supremo acaba con Garz¨®n¡±. Era una muestra magistral de manipulaci¨®n y de sectarismo, porque los siete jueces de la Sala, al condenar a Garz¨®n, no estaban ¡°acabando¡± con ¨¦l, sino, en todo caso, con una actuaci¨®n radicalmente contraria a la Constituci¨®n y a la ley, cual es demoler un pilar esencial del proceso penal: el derecho de defensa. El Tribunal Supremo no ha condenado a Garz¨®n por investigar a personas y tramas corruptas, ni en base a prejuicios o motivos de ¨ªndole personal. Lo ha condenado por olvidar, de una manera deliberada y consciente, que en democracia, y por lo tanto en la Administraci¨®n de la justicia, no vale todo. Las mismas razones que en su d¨ªa habilitaron a Garz¨®n para perseguir al GAL justifican ahora su expulsi¨®n de la carrera judicial.
Ahora bien, que buena parte de la clase pol¨ªtica y de los medios de comunicaci¨®n parezcan incapaces de entender y explicar la cuesti¨®n de fondo que planteaba el caso Garz¨®n y prefieran instalarse en el terreno de las presunciones, de los juicios de intenci¨®n, de la descalificaci¨®n personal y de la obsesi¨®n por ver conspiraciones en todo aquello que sucede contra su deseo y opini¨®n, revela un mal profundo sobre el que debemos reflexionar.
Desde hace un tiempo no hay caso de cierta relevancia pol¨ªtica y medi¨¢tica (atentado del 11-M, Sortu, Bildu, trama de Correa y sus compinches, Marta del Castillo, etc¨¦tera) que no se traduzca en una divisi¨®n brutal entre lo que los jueces resuelven y lo que un apreciable sector de la opini¨®n p¨²blica y de la conciencia social consideran que se deber¨ªa haber sentenciado. Seg¨²n los casos, quienes un d¨ªa aplauden a los jueces, al siguiente se manifiestan contra ellos con una ferocidad sin l¨ªmite. Por supuesto que el poder judicial y el servicio p¨²blico de la justicia adolecen de defectos estructurales y de carencias personales y materiales. Pero en modo alguno justifican este guirigay continuo, que no sirve sino para tapar muchos de los problemas reales y provocar espirales viciosas de desprestigio y deterioro de la judicatura.
El Supremo ha condenado a Garz¨®n por olvidar, de manera consciente, que en democracia no vale todo
Es muy inquietante esta situaci¨®n. El sistema democr¨¢tico requiere de un poder judicial que adem¨¢s de estar identificado con el esp¨ªritu y la letra de la Constituci¨®n y con la funci¨®n que ¨¦sta le atribuye, lo parezca. Algo va mal, y puede acabar en cat¨¢strofe, cuando se evidencia un divorcio poco amistoso entre lo que los jueces hacen y lo que los ciudadanos parecen percibir en su actuaci¨®n, tanto a trav¨¦s de sus experiencias como justiciables, como mediante las opiniones que les transmiten los medios de comunicaci¨®n y algunos pol¨ªticos.
He pasado m¨¢s de 50 a?os dedicado al estudio y al ejercicio del Derecho, y al mismo tiempo contribuyendo en lo posible a la consecuci¨®n de la democracia y, pese a ello, reconozco que no tengo una idea cabal y completa sobre las razones profundas de este divorcio, ni sobre las medidas adecuadas para reconciliar a muchos ciudadanos con su Administraci¨®n de Justicia. Pero no me gusta en modo alguno esta situaci¨®n. Y tengo la convicci¨®n de que superarla es una tarea fundamental y prioritaria.
No podemos esperar de brazos cruzados a que pase la tormenta Garz¨®n mientras llega la borrasca Parot o el tif¨®n Urdangar¨ªn. Todos, en la medida de nuestras posibilidades, pero especialmente los pol¨ªticos y los que conforman la opini¨®n p¨²blica, as¨ª como los propios jueces, tienen que abrir un proceso de reflexi¨®n serena y profunda, trascendiendo los planteamientos e intereses partidarios o corporativistas, sobre las causas y sobre las soluciones de este fen¨®meno, en el que la politizaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia y la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica son las dos caras de una misma moneda que nunca puede ser de curso legal y corriente en una democracia real y verdadera.
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