Euskadi acelera una respuesta eficaz
El Gobierno ultima un plan de mediaci¨®n con los bancos para reducir la cifra creciente de embargos El compromiso institucional es el m¨¢s avanzado de Espa?a
Entre las m¨²ltiples caras de una crisis econ¨®mica que amenaza con prolongarse sobresalen las de quienes se han quedado sin casa. Personas que se embarcaron en la inversi¨®n de su vida en plena burbuja inmobiliaria y a las que el desempleo ha condenado ahora. Son familias rotas que se cuentan ya por cientos. Casi ocho nuevas abandonan a diario su vivienda por la fuerza, ante el requerimiento de los mismos bancos que en su momento les concedieron los respectivos cr¨¦ditos sin las exigencias actuales. El entendimiento entre estos y aquellos se antoja decisivo para solventar el problema y desde la Administraci¨®n ya se ha comenzado a trabajar el escenario. El Gobierno conf¨ªa en presentar en las pr¨®ximas semanas un plan de mediaci¨®n para minimizar las ejecuciones hipotecarias.
Con un perfil marcadamente social, Euskadi ha iniciado un camino cuyos primeros pasos sopesan ahora administraciones de otras comunidades e incluso a nivel nacional. Jueces, pol¨ªticos y banqueros vascos han coincidido por una vez en el diagn¨®stico de la situaci¨®n, lo que tambi¨¦n muestra su gravedad, as¨ª como en la necesidad de buscar soluciones, si bien difieren en las f¨®rmulas. Los afectados, por su parte, reclaman medidas urgentes m¨¢s que buenas intenciones, ¡°porque el reloj no se detiene para los desahuciados¡±, a la espera de que una futura modificaci¨®n de la Ley Hipotecaria vigente recoja la daci¨®n en pago de la vivienda como forma de saldar la deuda con el banco.
L¨®pez recibir¨¢ este mes la propuesta definitiva para darle su visto bueno
Las protestas de los colectivos sociales se multiplican mientras tanto, si bien en Euskadi no se han llegado a paralizar ejecuciones hipotecarias por la presi¨®n social, como s¨ª ha ocurrido en otras autonom¨ªas. El caso m¨¢s significativo ocurri¨® en septiembre, cuando distintos colectivos se implicaron para evitar el desahucio de un matrimonio de ancianos en Berango. La pareja no tuvo que hacer finalmente las maletas gracias a un acuerdo que le permiti¨® seguir en la casa como usufructuaria, si bien su caso supone la excepci¨®n que confirma el grave problema. Basta con contabilizar las subastas judiciales de inmuebles.
Fue el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, quien en octubre pasado, durante la apertura del A?o Judicial, asumi¨® el primer pronunciamiento p¨²blico al plantear la necesidad de luchar, desde las instituciones, contra las ejecuciones hipotecarias de los ciudadanos endeudados como consecuencia del paro. El lehendakari, Patxi L¨®pez, no tard¨® en recoger el testigo durante el mismo acto. En realidad, el anuncio se hab¨ªa pactado esa misma ma?ana, tras los meses que el Gobierno sumaba ya de trabajo en el proyecto de un plan para reducir los desahucios.
6.000 casos en apenas cuatro a?os
Las cifras impresionan si se contemplan de un solo vistazo e incluso asustan si este es detallado. En apenas cuatro a?os, Euskadi ha superado los 6.000 desahucios, seg¨²n los datos recopilados desde 2008 por el Consejo General del Poder Judicial. No todos hacen referencia, sin embargo, a ejecuciones hipotecarias, ya que en las estad¨ªsticas no se diferencian estas de los impagos de rentas. Tampoco si afectan a viviendas o locales de negocio. La cifra, eso s¨ª, ha acelerado su crecimiento con los meses. Gipuzkoa es el territorio menos afectado.
Con el inicio de la crisis y el aumento del paro, el problema de los desahucios comenz¨® a adquirir unas dimensiones considerables en 2008. Aquel a?o se contabilizaron en Euskadi m¨¢s de 1.200, apenas unas decenas menos que en el ejercicio siguiente. Pero el salto estad¨ªstico se dio en 2010, con cerca de dos millares de casos. Se trata del tope registrado hasta la fecha, ya que no se ha cerrado a¨²n el balance de 2011. Solo en los tres primeros trimestres, sin embargo, se hab¨ªan contabilizado ya 1.591 procedimientos, lo que apunta a un nuevo list¨®n.
Al igual que en su apuesta por aportar luz a los fusilamientos de la Guerra Civil, o por esclarecer las adopciones irregulares de beb¨¦s durante el franquismo y el inicio de la democracia, el Ejecutivo ha sacado a relucir, en el caso de los desahucios, un discurso social que, en pleno azote de la econom¨ªa, no se ha demostrado frecuente entre las instituciones del resto de las comunidades aut¨®nomas. Ni siquiera a nivel del Gobierno central cuando gobernaba el PSOE. Y ello, a pesar de que el problema no resulta tan acuciante en Euskadi como en otras regiones.
Pieza estrat¨¦gica en el plan del Ejecutivo son los bancos. La reuni¨®n mantenida con los representantes de 14 entidades financieras la pasada semana se sald¨® de forma satisfactoria, al manifestar estos su ¡°voluntad de colaborar¡±, seg¨²n fuentes del propio Ejecutivo. Claro que la cita llegaba con buenas perspectivas, tras el anuncio del propio presidente de Kutxabank, Mario Fern¨¢ndez, quien d¨ªas antes hab¨ªa tomado posici¨®n ante el problema al abogar, como iniciativa paralela a la del Gobierno, por crear un fondo p¨²blico de ayuda para las personas en riesgo de desahucio, al que las cajas contribuir¨ªan desde su Obra Social.
Pese a valorar la implicaci¨®n de las cajas, el Gobierno tiene perfilado su propio plan. Este mismo mes est¨¢ previsto rematar su redacci¨®n para present¨¢rselo al lehendakari y obtener su visto bueno, que no es preceptivo. Despu¨¦s se realizar¨¢ su presentaci¨®n. Aunque desde el Ejecutivo no se han aportado muchos detalles al respecto, la iniciativa girar¨¢ en torno a la mediaci¨®n entre bancos y afectados como f¨®rmula de entendimiento previo a las ejecuciones hipotecarias. Se trata, no obstante, de una propuesta transversal que incluye iniciativas en materia de Vivienda y Consumo.
Seg¨²n avanz¨® el Ejecutivo en su momento, el plan pasa por crear dos comisiones de trabajo. La primera estar¨ªa conformada por letrados y economistas, cuya misi¨®n consistir¨ªa en elaborar una propuesta de liquidaci¨®n ordenada de la deuda contra¨ªda por los afectados, tras realizar el inventario de su activo y pasivo. En la segunda quedar¨ªan representadas las entidades financieras, que se encargar¨ªan de dar su visto bueno a la renegociaci¨®n del pr¨¦stamo propuesta por un Gobierno que plantea su iniciativa ¡°sin coste a?adido para el afectado, ni graves perjuicios para los bancos¡±.
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