El Gobierno se moviliza para frenar la subasta de f¨¢rmacos de la Junta

Se presenta como una invitaci¨®n al di¨¢logo, pero se puede traducir como un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andaluc¨ªa. Esta vez el origen del conflicto es la subasta de f¨¢rmacos aprobada por el Parlamento andaluz como una medida de ahorro del gasto farmac¨¦utico y que supone sacar a concurso p¨²blico los principios activos m¨¢s consumidos.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas ha enviado una carta a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en la que le muestra algunas dudas legales sobre la subasta y se ofrece a colaborar para superar estos obst¨¢culos. Pero el Gobierno pone una condici¨®n para sentarse a negociar: que la Junta frene la licitaci¨®n de los medicamentos, cuyo procedimiento ya est¨¢ en marcha. De lo contrario, seg¨²n recoge el escrito, el Gobierno se plantear¨ªa recurrir el decreto ley andaluz ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Ministerio de Sanidad se?alan que el Gobierno tiene ¡°dudas espec¨ªficas sobre la adecuaci¨®n del decreto a la norma constitucional¡± al entender que puede invadir competencias del Estado.

Precisamente este viernes acab¨® el plazo de presentaci¨®n de ofertas por parte de los laboratorios para optar a la adjudicaci¨®n. Hasta mediod¨ªa, en Salud se hab¨ªan recibido nueve ofertas, aunque las empresas pod¨ªan seguir present¨¢ndolas hasta final de la tarde y no se descartaba recibir alguna m¨¢s.

La decisi¨®n del Gobierno de pedir la suspensi¨®n de la subasta no fue bien recibida en la Junta. La consejera de Salud, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, rechaz¨® la posibilidad de suspender el concurso y calific¨® de ¡°chantaje¡± la petici¨®n del Ejecutivo. Montero insisti¨® en que Andaluc¨ªa tiene ¡°plena competencia¡± para aplicar esta medida, con la que pretende ahorrar hasta 200 millones de euros, y asegur¨® que la petici¨®n de Sanidad ¡°pone en evidencia que hay dos modelos pol¨ªticos distintos¡±. A pesar de ello, hizo un llamamiento al di¨¢logo entre las Administraciones, pero reiter¨® que Sanidad no puede imponer la suspensi¨®n de la norma.

Los recelos del Ejecutivo central hacia la subasta de la Junta se remontan a la legislatura anterior. El Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por el PSOE, mostr¨® reticencias al entender que pod¨ªa invadir competencias del Estado, que es el que fija los f¨¢rmacos sujetos a prescripci¨®n y su precio de referencia. Sin embargo, las dos Administraciones limaron asperezas y Andaluc¨ªa sigui¨® adelante con su propuesta, aprobada en diciembre en el Parlamento con la abstenci¨®n del PP.

Los que s¨ª han tenido siempre clara su postura contraria a la licitaci¨®n han sido los colegios de farmac¨¦uticos y los laboratorios, agrupados en Farmaindustria, que han anunciado recursos contra la resoluci¨®n de la Junta por la que se pone en marcha la subasta. Farmaindustria, adem¨¢s, pidi¨® al Gobierno del PP que recurriera el decreto ante el Constitucional, una decisi¨®n que, seg¨²n fuentes del Ministerio de Sanidad, todav¨ªa no est¨¢ tomada. ¡°La intenci¨®n es agotar todas las v¨ªas de di¨¢logo antes de acudir a la judicial¡±, se?alaron estas fuentes.

El Ejecutivo tiene dudas sobre la constitucionalidad del decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz

Lo que ha buscado el Gobierno central al enviar a la Junta la carta es, en primer lugar, ampliar de tres a nueve meses el plazo para recurrir el decreto andaluz ante el Constitucional. En vez de tener hasta el 16 de marzo para hacerlo, tendr¨ªa hasta septiembre, lo que dar¨ªa m¨¢s margen a los servicios jur¨ªdicos para decidir sobre la legalidad de la norma. Esta ampliaci¨®n se consigue poniendo en marcha el procedimiento negociador previsto en el art¨ªculo 33.2 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, que contempla la creaci¨®n de una comisi¨®n bilateral entre Gobierno y Junta para tratar el asunto. Esto es lo que le propone el Ministerio a la Consejer¨ªa de Presidencia.

Pero el Ejecutivo central impone una condici¨®n: que la Junta ¡°deje previamente sin efecto¡± la resoluci¨®n del 25 de enero por la que anuncia la subasta de f¨¢rmacos. El Gobierno justifica su petici¨®n en que un eventual acuerdo entre las dos Administraciones ser¨ªa nulo en la pr¨¢ctica si la licitaci¨®n de medicamentos ya se ha llevado a cabo. El Ejecutivo advierte adem¨¢s de que tanto el acuerdo para poner en marcha la comisi¨®n bilateral como la suspensi¨®n de la subasta tendr¨ªan que aprobarse este mes. Si no hay acuerdo, el Gobierno no conseguir¨ªa esa ampliaci¨®n de plazo para recurrir y tendr¨ªa que tomar una decisi¨®n antes del 16 de marzo. Si hay acuerdo, puede esperar a septiembre, lo que adem¨¢s le da margen para saber qui¨¦n gobernar¨¢ en Andaluc¨ªa los pr¨®ximos cuatro a?os.

La reacci¨®n del presidente del PP andaluz fue bastante m¨¢s tibia que en otros conflictos entre ambas Administraciones. Javier Arenas neg¨® que haya una ¡°actitud amenazante¡± del Gobierno y admiti¨® que la subasta ¡°supone un ahorro en el gasto farmac¨¦utico¡±. ¡°Lo que se ha hecho es una carta previa de invitaci¨®n al di¨¢logo, como sucede siempre cuando hay una discrepancia entre dos administraciones p¨²blicas, por lo que, en ning¨²n caso, entiendo que haya ninguna formulaci¨®n de amenaza¡±, explic¨® el dirigente popular.

El presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, respald¨® a Montero y consider¨® que ser¨ªa ¡°un error¡± que el Gobierno recurra el decreto ley. Seg¨²n Gri?¨¢n, lo que tendr¨ªa que hacer el Ejecutivo ¡°implantar¡± el modelo sanitario andaluz ¡°en toda Espa?a¡± por su ¡°eficiencia y su mucha calidad¡± en lugar de impugnarlo.