El principal imputado en el caso de los ERE salpica a la c¨²pula de la Junta

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andaluc¨ªa y principal imputado en la causa de los ERE fraudulentos, declar¨® ayer ante la juez Mercedes Alaya despu¨¦s de 14 meses de investigaci¨®n. Y ante tanta expectaci¨®n, no decepcion¨®. Guerrero, que fue alto cargo de la Administraci¨®n aut¨®noma entre 1999 y 2008, dispar¨® hacia arriba y marc¨® claramente su estrategia de defensa: la c¨²pula del Gobierno andaluz conoc¨ªa el sistema de ayudas para pagar ERE y subvenciones directas a empresas que la magistrada considera ilegal.

Alaya comenz¨® a las 10.30 una larga jornada acus¨¢ndole de seis delitos: cohecho, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil. La acusaci¨®n podr¨ªa acarrearle una condena ulterior de m¨¢s de 20 a?os de c¨¢rcel.

La clave de la declaraci¨®n de Guerrero es que ¨¦l siempre estim¨® que el sistema de subvenciones era legal. Actuaba seg¨²n las indicaciones de sus superiores directos, los consejeros y viceconsejeros de Empleo que tuvo a lo largo de una d¨¦cada. ¡°Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas¡±, explic¨® de manera gr¨¢fica Guerrero sobre un fondo para empresas en crisis que tuvo una dotaci¨®n de 647 millones entre 2001 y 2010. Esta partida, denominada 31L, estaba contemplada en el Presupuesto andaluz y era debatida en el Parlamento aut¨®nomo.

?Supo la c¨²pula del Gobierno que el procedimiento con el que se daba el dinero ten¨ªa reparos de la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa? Esa inc¨®gnita no la despej¨® ayer Guerrero, que se limit¨® a explicar que el convenio marco de las ayudas firmado en 2001 cont¨® con el respaldo del bufete Garrigues y que ¨¦l siempre lo consider¨® legal. El Gobierno andaluz sigue defendiendo que el sistema (transferencias de financiaci¨®n en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control m¨¢s estricto) es legal.

El ex alto cargo de Empleo aleg¨® que nadie le inform¨® nunca de los reparos de la Intervenci¨®n, que a partir de 2005 envi¨® varios informes que cuestionaban el procedimiento administrativo utilizado para financiar los ERE.

Estos informes fueron enviados a Guerrero, al viceconsejero Agust¨ªn Barber¨¢ y al consejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, ambos imputados. Pero ayer Guerrero neg¨® la mayor. La Junta insiste en que su actual presidente, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (PSOE), desconoc¨ªa las advertencias de la Intervenci¨®n en su etapa como consejero de Econom¨ªa (2004-2009).

En su declaraci¨®n, Guerrero no tuvo que explicar c¨®mo se benefici¨® de los 900.000 euros que dio a su exch¨®fer en dos subvenciones, seg¨²n la declaraci¨®n de este ¨²ltimo ante la polic¨ªa, o la p¨®liza ilegal de 240.000 euros que concedi¨® a su suegra. La juez no le pregunt¨® ayer por estas particulares ayudas. Pero a¨²n resta m¨¢s de la mitad del interrogatorio, que continuar¨¢ hoy.

Los disparos hacia arriba de Guerrero tuvieron nombres propios: el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de Empleo y diputado Jos¨¦ Antonio Viera y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarr¨ªas, entre otros. ¡°Es un hecho objetivo que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno conoc¨ªan el sistema de concesi¨®n de las ayudas¡±, insisti¨® Guerrero.

Sobre Chaves, dijo que su gabinete de Presidencia le comunic¨® por escrito que solucionara un problema en la empresa Bilore porque en los d¨ªas posteriores el expresidente acud¨ªa a visitar la compa?¨ªa ¡°y no quer¨ªa problemas¡± con los trabajadores.

Guerrero dibuj¨® un escenario en el que cada consejero ped¨ªa para su territorio: Zarr¨ªas para Ja¨¦n, Viera para Sevilla, Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a para Huelva. Y Guerrero se retrat¨® ayer como el brazo ejecutor de un sistema que se encontr¨® dise?ado a su llegada al Gobierno aut¨®nomo en 1999 y que se limit¨® a utilizar las herramientas de las que dispuso.

El ex alto cargo explic¨® que informaba de todas las ayudas que conced¨ªa en el consejo de direcci¨®n de la Consejer¨ªa de Empleo, al que acud¨ªan el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales.

El acusado precis¨® que incluso daba cuenta de las personas que recibieron las ayudas y que ahora la investigaci¨®n denomina intrusos (personas prejubiladas y ajenas a las empresas beneficiadas). La defensa de Guerrero es simple: ¨¦l estima que esas personas merec¨ªan las ayudas sociolaborales y que no era responsabilidad suya incluirlos en paquetes de empresas ajenas a estas personas, funci¨®n que achac¨® a las consultoras y aseguradoras.

En su declaraci¨®n, Guerrero explic¨® c¨®mo al llegar en 1999 a Empleo se puso a las ¨®rdenes del viceconsejero (y consejero de Empleo a partir de 2004) Antonio Fern¨¢ndez, y empez¨® a tramitar ciertas ¡°concesiones t¨¢citas¡± en el expediente de la empresa C¨¢rnicas Molina que no estaban reflejadas en los documentos oficiales de las subvenciones. Guerrero sostuvo que el convenio marco que puso en marcha el fondo de los ERE en 2001 no se redact¨® para evitar los reparos que puso la Intervenci¨®n delegada de la Junta en la Consejer¨ªa de Empleo en el expediente de la empresa C¨¢rnicas Molina, pese a que matiz¨® que el interventor s¨ª puso pegas en el ¨²ltimo pago de este ERE. Guerrero asegur¨® que la Junta estableci¨® el fondo para garantizar la ¡°paz social¡± y evitar las protestas en las calles por el cierre de empresas.

Guerrero asegur¨® que cuando dej¨® la Junta los expedientes estaban completos y que si ahora falta informaci¨®n es culpa de los responsables que llegaron posteriormente a Empleo.

Cuando la juez le pregunt¨® a las 19.00 sobre los pagos al bufete Garrigues, dijo no recordarlo. ¡°Estoy cansado ?podemos parar?¡± pregunt¨® a Alaya. Esta ma?ana contin¨²a la sesi¨®n.