El Supremo avala la inspecci¨®n que realiz¨® el bipartito en el pazo de Meir¨¢s
Los herederos de Franco han vuelto a sufrir un nuevo varapalo de la justicia en su empe?o de impedir cualquier uso o tutela p¨²blica del pazo
Los herederos de Francisco Franco han vuelto a sufrir un nuevo varapalo de la justicia en su empe?o de impedir cualquier uso o tutela p¨²blica del pazo de Meir¨¢s, la propiedad pagada con donativos forzosos y dinero de Administraciones para regal¨¢rsela en plena Guerra Civil al dictador. El Tribunal Supremo rechaz¨® el recurso de casaci¨®n de la familia Franco contra la sentencia del Superior de Xustiza que aval¨® la inspecci¨®n forzosa que la Xunta realiz¨® en agosto de 2007 a la propiedad enclavada en Sada (A Coru?a).
?Una resoluci¨®n judicial que no entra para nada en la posterior decisi¨®n del Gobierno gallego, entonces presidido por el socialista Emilio P¨¦rez Touri?o, de declarar Bien de Inter¨¦s Cultural el singular castillo que fue refugio literario de la escritora Emilia Pardo Baz¨¢n antes de convertirse en escenario veraniego de la dictadura. Pendiente de sentencia sigue esa concesi¨®n en diciembre de 2008 de la m¨¢xima figura de protecci¨®n que deriv¨® hace casi un a?o en la apertura al p¨²blico, cuatro d¨ªas mensuales, del pazo. Desde la pasada primavera se puede recorrer la propiedad y sus jardines con un r¨¦gimen de visitas guiadas pactado por la Xunta de Alberto N¨²?ez Feij¨®o con la familia del caudillo. Pero ¨¦sta, encabezada por su ¨²nica hija, Carmen, sigue con su batalla en los tribunales por revocarlo.
Aunque por lo de pronto, el Supremo, con una sentencia difundida ayer, avala que la Xunta se empecinara en inspeccionar en 2007 el estado de conservaci¨®n de un bien catalogado en el patrimonio cultural de Galicia. Un equipo de la Conseller¨ªa de Cultura realiz¨® un exhaustivo informe tras adentrarse en el pazo en agosto de 2007. El alto tribunal recuerda que la actuaci¨®n de la Administraci¨®n gallega con aquella visita est¨¢ permitida por ley. ¡°Y no se evidencia que la facultad de inspecci¨®n fuera utilizada para un fin distinto del establecido¡± en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, en vigor desde 1995, insiste el Supremo. No hubo, a?ade, desviaci¨®n de poder como aleg¨® la heredera del dictador.
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