La norma andaluza

El enfrentamiento entre una posici¨®n progresista y una posici¨®n conservadora en lo que a la articulaci¨®n territorial interna del Estado se refiere ha sido una constante en nuestra historia constitucional. El reconocimiento de un poder municipal fue su primera forma de manifestaci¨®n. Mientras los progresistas defend¨ªan que los alcaldes y concejales fueran elegidos por los vecinos y fueran, en consecuencia, portadores de un poder propio, los conservadores propugnaban que fueran delegados del Gobierno, siendo designados por el propio Gobierno o por los gobernadores civiles dependiendo del tama?o del municipio. Este enfrentamiento estuvo presente durante la mayor parte del siglo XIX.

A ese enfrentamiento en clave municipal suceder¨ªa el enfrentamiento en clave regional a medida que se va produciendo la extensi¨®n del derecho de sufragio con vocaci¨®n de convertirse en sufragio universal. Cada vez que ha habido un protagonismo democr¨¢tico de la sociedad espa?ola, el problema regional ha ocupado un lugar destacado en nuestra vida pol¨ªtica. Ocurri¨® en el sexenio revolucionario de 1868-1874, cuyo ¨²ltimo acto fue la Rep¨²blica Federal, y volvi¨® a ocurrir en 1931-36 con la Segunda Rep¨²blica.

En el primer caso el impulso descentralizador fue brev¨ªsimo, no llegando a entrar en vigor siquiera la Constituci¨®n federal. La reacci¨®n centralizadora de la Restauraci¨®n fue de una duraci¨®n extraordinaria. En el segundo el impulso descentralizador tuvo m¨¢s consistencia, aunque fue muy convulso y acab¨® no en una reacci¨®n conservadora sino en una guerra civil y en un r¨¦gimen anticonstitucional que solo acabar¨ªa con la transici¨®n a la democracia tras la muerte del general Franco.

Quiere decirse, pues, que la ¨²nica experiencia descentralizadora consistente en nuestra historia constitucional es la que se ha desarrollado con base en la Constituci¨®n de 1978. El resultado ha sido una descentralizaci¨®n pol¨ªtica comparable con la que existe en los estado federales conocidos.

Ese resultado ha sido posible por la relativa prevalencia del centro-izquierda en estos tres primeros decenios de desarrollo de la Constituci¨®n. No era el dise?o del centro-derecha espa?ol en el momento de inicial puesta en marcha de la Constituci¨®n, que intent¨® imponer una interpretaci¨®n de la Constituci¨®n en clave catalana y vasca. Ser¨ªa en el a?o 1982, con la llegada del centro-izquierda al poder, primero en Andaluc¨ªa y despu¨¦s en el Gobierno de la naci¨®n, cuando se pondr¨ªa en marcha el proceso de construcci¨®n de un Estado territorializado por completo en diecisiete comunidades y dos ciudades aut¨®nomas.

Con esta forma de Estado no se ha encontrado nunca c¨®modo el centro-derecha espa?ol, como se tuvo ocasi¨®n de ver en la experiencia de gobierno del PP entre 1996 y 2004. En cuanto dispuso de mayor¨ªa absoluta se puso de manifiesto una deriva recentralizadora, que estaba dise?ada para ir mucho m¨¢s lejos, pero que se vio truncada por los resultados electorales de 2004.

Esa reacci¨®n conservadora, interrumpida en 2004, es la que ahora se est¨¢ intentando reactivar. Hasta el momento no ha tenido una traducci¨®n institucional. Pero s¨ª se han producido avances ideol¨®gicos muy importantes en esa direcci¨®n. En la batalla de las ideas y de los programas s¨ª se han dado muchos pasos. La campa?a de desprestigio del Estado auton¨®mico ha sido muy intensa y parece que ha calado. Los resultados del pr¨®ximo domingo van a ser un buen indicador. La autonom¨ªa andaluza ha sido la norma del Estado auton¨®mico. Supuso el tr¨¢nsito del derecho a la autonom¨ªa como excepci¨®n al derecho a la autonom¨ªa como norma. Sin la norma andaluza el Estado auton¨®mico no hubiera sido lo que ha sido.