La contrarreforma laboral

A estas alturas de la dram¨¢tica situaci¨®n econ¨®mica que vive nuestro pa¨ªs, pocas cosas nos pueden devolver algo de optimismo, y esperanza, sobre todo cuando observamos el proceder del nuevo Gobierno, sustentado eso s¨ª, por una aplastante mayoria absoluta obtenida leg¨ªtimamente en las ¨²ltimas elecciones generales, y que lejos de esforzarse con medidas que incentiven el consumo, y la inversi¨®n, propiciando la recuperaci¨®n de nuestra econom¨ªa, ha concentrado todas sus energ¨ªas imponiendo a golpe de ¡°rodillo¡± una agresiva y regresiva reforma laboral, mermando sustancialmente, o eliminando directamente, de la noche a la ma?ana, los derechos sociales m¨¢s b¨¢sicos de los trabajadores, conquistados a lo largo de muchas d¨¦cadas de lucha, y reivindicaciones.

Es una reforma impuesta, donde no se ha respetado la opini¨®n de los sindicatos, no es cierto que nos encontremos ante la ¡°urgente necesidad¡± que la Constituci¨®n exige para que el Gobierno pueda legislar por ¡°v¨ªa de urgencia¡± del decreto ley, luego convalidado por las Cortes, con los votos del PP y de los grupos nacionalistas.

Ha existido consenso, s¨ª, pero solo entre los poderes financieros (que, no olvidemos, han sido quienes han propiciado esta crisis) y la patronal, prescindiendo de los principales afectados, los trabajadores.

Esta reforma supone una inaceptable recesi¨®n de los derechos adquiridos por los trabajadores espa?oles, y no solo un recorte econ¨®mico hist¨®rico de salarios de tramitaci¨®n e indemnizaciones por despido, sino que deja abierta la puerta a toda suerte de modificaciones unilaterales por parte del empresario en materias tan sensibles como jornada, salario, movilidad, etc.

El Gobierno ha querido vender la reforma no solo como necesaria (no lo es),? sino adem¨¢s como equilibrada

El Gobierno ha querido vender la reforma no solo como necesaria (no lo es), sino adem¨¢s como equilibrada, entendiendo por equilibrio la potenciaci¨®n desorbitada del poder empresarial, y el profundo rechazo y olvido a los derechos hasta ahora consolidados y adquiridos de los trabajadores. Esto evidencia c¨®mo el concepto de equilibrio de este Gobierno dista mucho del que tenemos la mayor¨ªa de ciudadanos.

Y es que lo que trasciende es que para el Gobierno del PP la culpa de la situaci¨®n es exclusivamente de los trabajadores, y parece ser tambi¨¦n que la idea de ¡°competitividad¡± de nuestras empresas pasa ¨²nica y exclusivamente por la necesidad de abaratar costes salariales y despidos. Se demuestra as¨ª un confeso e indisimulado alineamiento claro con el poder econ¨®mico y el autoritarismo empresarial m¨¢s propio de tiempos pret¨¦ritos anteriores a nuestra Transici¨®n.

As¨ª lo demuestran los puntos neur¨¢lgicos de esta reforma: abaratamiento del despido, descentralizaci¨®n de la negociaci¨®n colectiva, modelo de contrataci¨®n con un a?o de periodo de prueba, posibilidad unilateral de reducci¨®n de salarios, y un largo etc.

Somos muchos quienes pensamos, adem¨¢s, que la norma es de dudosa constitucionalidad, pues se renuncia al papel que el art¨ªculo 40-2 de la Carta Magna atribuye a los poderes p¨²blicos para dirigir una pol¨ªtica orientada al pleno empleo, anulando el sistema de control administrativo de los despidos colectivos, y al regular de manera muy cuestionable el despido, imponiendo incluso una cuestionable aplicaci¨®n retroactiva, aplicando la norma a todos los trabajadores por igual, sin diferenciar los contratados a partir de su entrada en vigor de los que ya lo estaban con anterioridad.

Notable est¨¢ siendo el esfuerzo de nuestro Gobierno en convencer a los espa?oles de que la reforma es justa, necesaria, y ¨²til, siendo el camino para la creaci¨®n de empleo y salir de la crisis. Ello no deja de ser una falacia m¨¢s, porque el desempleo en nuestro pa¨ªs no es fruto de la legislaci¨®n laboral que ten¨ªamos, ni de los costes del despido.

Es la hora de afirmar alto y claro que no son los trabajadores los causantes de la crisis,? sino la irresponsable actuaci¨®n de pol¨ªticos y entidades bancarias y financieras

Es la hora de afirmar alto y claro que no son los trabajadores los causantes de la crisis, sino la irresponsable actuaci¨®n de pol¨ªticos y entidades bancarias y financieras, que han dejado sin margen de maniobra a miles de peque?as y medianas empresas, y trabajadores aut¨®nomos de este pa¨ªs, cort¨¢ndoles el grifo de su financiaci¨®n, aboc¨¢ndolos a una situaci¨®n cr¨ªtica.

Si de verdad, lo que se persigue es una reducci¨®n de los costes que ha de asumir el Estado en su conjunto, lejos de auspiciar una reforma laboral como esta, que desgraciadamente no va a propiciar la creaci¨®n de empleo, ?por qu¨¦ no se estudia un recorte dr¨¢stico en otras ¨¢reas, hasta ahora intocables, como por ejemplo el costos¨ªsimo gasto de armamento militar y su mantenimiento?

A la clase pol¨ªtica, en general, y a los actuales gobernantes en particular habr¨ªa que pedirles m¨¢s sensibilidad, y todav¨ªa mayor imaginaci¨®n para que no pague siempre el ciudadano de a pie los platos rotos de esta crisis, que los trabajadores no hemos propiciado.

La huelga general puede y debe ser el inicio de futuras movilizaciones, para que el Gobierno no solo escuche a los trabajadores, sino que asuma tambi¨¦n sus propios errores, y d¨¦ lugar a sus leg¨ªtimas revindicaciones (las nuestras, y las de nuestros hijos).

Manuel del Hierro Hern¨¢ndez es abogado.