La carrera de fondo de los ERE
La juez Alaya, la fiscal¨ªa y el PP se enfrentan a la Junta y las defensas por la legalidad del sistema de ayudas p¨²blicas de la Consejer¨ªa de Empleo
Cualquier abogado con luces sabe que el caso de los ERE es una carrera de fondo. De a?os. Al margen del esc¨¢ndalo por el dinero dilapidado en determinadas ayudas a empresas o el pago de prejubilaciones a intrusos (con el a?adido de que parte del dinero fue a parar a coca¨ªna o copas), existe un intenso debate jur¨ªdico sobre el origen del caso: el fondo para empresas en crisis utilizado por la Junta. El primer asalto del combate jur¨ªdico entre la Junta y las defensas por un lado, y la juez Mercedes Alaya, la fiscal¨ªa y la acusaci¨®n del PP por otro, ser¨¢ dentro de tres semanas en la esperada declaraci¨®n del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez.
Cada bando se est¨¢ armando con argumentos para defender o atacar este fondo que el Gobierno andaluz dot¨® con 647 millones durante 10 a?os, y que surgi¨® en 2001 para lograr la "paz social" ante las sucesivas crisis industriales. Mientras que la juez Alaya ha repetido que considera "ilegal" el fondo, el Gobierno andaluz defiende con u?as y dientes el procedimiento.
La clave est¨¢ en el principio de intervenci¨®n m¨ªnima del Derecho Penal. Es decir, si las supuestas irregularidades administrativas aprobadas y ejecutadas por la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo, y conocidas por la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda a trav¨¦s de la Intervenci¨®n General, deben ser consideradas delito.
Las defensas aducen que la Intervenci¨®n no vio ilegal el procedimiento
"No podemos negar vulneraciones de derecho, pero solo desde una perspectiva administrativa. El procedimiento incurre en desviaciones de derecho, pero estimamos que no de entidad suficiente como para ser considerado infracci¨®n penal. No tiene las connotaciones necesarias para ser estimado prevaricador", subraya el letrado Juan Carlos Alf¨¦rez, que representa a distintos imputados. "Las l¨ªneas b¨¢sicas del procedimiento han sido incorporadas a?o tras a?o en las distintas leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz y su propia existencia era p¨²blica y notoria", a?ade.
Esta visi¨®n alternativa es el contrapeso a la tesis de la juez y sobre ambas decidir¨¢ un tribunal profesional cuando la causa llegue a juicio. El procedimiento utilizaba a la agencia p¨²blica Idea como ente pagador de Empleo y los filtros legales no eran pocos. Cada a?o los Presupuestos se aprobaban con la descripci¨®n de la partida y la finalidad incluida en su memoria econ¨®mica y ficha presupuestaria. Estos documentos pasaban, por cierto, por la Comisi¨®n Econ¨®mica del Parlamento, de la que formaban parte todos los partidos, incluido el PP, que ahora ataca con fiereza el procedimiento. Nadie levant¨® el dedo entonces. La Intervenci¨®n advirti¨® en tres informes entre 2005 y 2007 de que el procedimiento no era "adecuado", pero no emiti¨® ning¨²n informe de actuaci¨®n, lo que hubiera supuesto una alarma roja sobre un posible menoscabo de los fondos p¨²blicos. Por esa raz¨®n el procedimiento super¨® los reparos de la Intervenci¨®n General.
La magistrada ha utilizado t¨¦rminos muy duros sobre la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo: "Los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes de ayudas iniciados por aquel, no continuando los pagos y en su caso, poniendo en marcha los procedimientos de reintegro, al tratarse (...) de ayudas absolutamente discrecionales, que solamente eran concedidas a entidades pr¨®ximas a la Administraci¨®n y al estar completamente hu¨¦rfanas del procedimiento legalmente establecido". La Junta utiliz¨® para las ayudas millonarias las transferencias de financiaci¨®n en vez de las subvenciones excepcionales, que exig¨ªan un control m¨¢s estricto.
La acusaci¨®n del PP habla de una "huida del derecho administrativo"
El ¨²ltimo protagonista en incorporarse a la batalla, eso s¨ª, de manera involuntaria, ha sido el bufete Olivencia-Ballester, dirigido por Luis Olivencia, cu?ado del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. De manera parad¨®jica, Olivencia se posicion¨® a favor del Ejecutivo de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.
"El contenido del compromiso no es en s¨ª ilegal, ni esa ilegalidad ha sido alegada en ning¨²n momento por la Direcci¨®n General que, al contrario, ha ratificado y confirmado la procedencia de esos pagos, lejos de pedir la declaraci¨®n de nulidad o anulabilidad de estos compromisos", expuso el bufete en el conflicto de la huelga de limpieza en Granada para resolver un impago de la Junta con FCC y CESPA.
En 2010, antes de que estallara el caso, el despacho reclam¨® el dinero, aunque cuando desde la Consejer¨ªa de Empleo le explicaron que no hab¨ªa expediente para el pago pendiente de 847.000 euros y que fue una iniciativa del ex director general Javier Guerrero abonada mediante el sistema de "pagos cruzados", Olivencia-Ballester desisti¨®. "Era un compromiso aparente hecho por la Junta en el marco de una negociaci¨®n. Un argumento para poner presi¨®n e invitarles a que pagaran. Pero luego desistimos", matizan fuentes del bufete.
El abogado de Fern¨¢ndez, Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, no alberga dudas: "La Intervenci¨®n pod¨ªa haber emitido el informe de actuaci¨®n ?Qu¨¦ implica que no lo hiciera? Obviamente, que consideraba legal el procedimiento. Tenemos abusos del sistema y delitos, pero el sistema no es una prevaricaci¨®n continuada. La Intervenci¨®n fiscaliz¨® y aprob¨® cada uno de los gastos", expone. La magistrada admiti¨® en un auto que no hab¨ªa razones para presumir que Fern¨¢ndez se hubiera lucrado de manera il¨ªcita.
La acusaci¨®n que ejerce el PP destaca la "huida del Derecho Administrativo" que ha primado en la inmensa mayor¨ªa de las ayudas. Para el abogado Luis Garc¨ªa Navarro hay evidencias de que ese fue el prop¨®sito de Jos¨¦ Antonio Viera (diputado socialista y exconsejero de Empleo) y Antonio Fern¨¢ndez (expresidente del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa) como firmantes del convenio marco que gener¨® el sistema de ayudas. "Guerrero dej¨® claro en su declaraci¨®n que el convenio lo pensaron para evitar los controles de Bruselas y de la Intervenci¨®n", subraya. Adem¨¢s de Viera y Fern¨¢ndez, de momento est¨¢n imputados el exviceconsejero Agust¨ªn Barber¨¢ y tres ex directores generales, incluido el actual, Daniel Rivera.
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