Bravo alega indefensi¨®n y pide anular el juicio del fraude en la Hacienda de Ir¨²n
La Audiencia de Gipuzkoa aplaza dos d¨ªas la vista oral para analizar si hubo ¡°vicios de nulidad¡±
El exdirector de la Hacienda de Ir¨²n Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo se sent¨® ayer, aparentemente tranquilo, en el banquillo de los acusados, pero no tuvo que responder de las graves denuncias que pesan sobre ¨¦l. Su abogado reclam¨® al inicio del juicio la nulidad del proceso al entender que durante la instrucci¨®n se vulneraron derechos fundamentales de su cliente, entre otras irregularidades. El tribunal encargado de juzgar el caso decidi¨® aplazar durante dos d¨ªas, hasta ma?ana, la apertura de la vista oral para analizar las cuestiones previas planteadas por la defensa y adoptar una resoluci¨®n al respecto.
La Secci¨®n Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ten¨ªa previsto abrir el juicio con la declaraci¨®n de Bravo, para quien la Fiscal¨ªa solicita 24 a?os y tres meses de c¨¢rcel, y de los otros dos inculpados, su esposa Rosa Cobos, y Pedro Atristain, socio del primero. No se escucharon las palabras de ninguno de los tres acusados porque en el tr¨¢mite de las cuestiones previas los abogados de Bravo y Cobos adujeron que la instrucci¨®n de la causa estaba ¡°viciado de nulidad¡± por haberse vulnerado el derecho a la defensa de sus patrocinados. Tanto la Fiscal¨ªa como la acusaci¨®n particular que ejercen las Juntas Generales y la Diputaci¨®n de Gipuzkoa solicitaron la desestimaci¨®n de todas las alegaciones al entender que el procedimiento se sigui¨®, seg¨²n coincidieron, respetando todas las garant¨ªas de los imputados. Tras escuchar a las partes, el presidente del tribunal, I?aki Subijana, anunci¨® que dictar¨¢ un auto para resolver esta cuesti¨®n.
Bravo figura en la causa como el principal imputado de una trama que se dedicaba a reclamar el pago de deudas a decenas contribuyentes morosos. Las cantidades que abonaban estas personas no eran ingresadas en la Hacienda foral, sino que, con la ¨²nica pretensi¨®n de obtener un enriquecimiento personal il¨ªcito, pasaban a engrosar las cuentas de los acusados. Por estos hechos, contenidos en 37 expedientes, el exdelegado de la Hacienda de Ir¨²n podr¨ªa haberse apropiado de 1,9 millones de euros y causar un perjuicio al erario p¨²blico de unos ocho millones.
El abogado del principal acusado aduce vulneraci¨®n de derechos
El abogado de Bravo, Jes¨²s Urraza, enumer¨® ante el tribunal una decena de cuestiones para sostener que hubo irregularidades formales en la investigaci¨®n del fraude en la Hacienda de Ir¨²n. Entre estas, reproch¨® la actuaci¨®n de la Hacienda foral por abrir un expediente disciplinario para analizar todos los expedientes tramitados por Bravo. El letrado fue especialmente cr¨ªtico con la intervenci¨®n del Ministerio P¨²blico porque durante la investigaci¨®n se extralimit¨® en sus funciones y se erigi¨® en ¡°sustituto de la labor instructora del juzgado¡±. Urraza asegur¨® que la Fiscal¨ªa orden¨® practicar diligencias informativas sin el consentimiento del principal acusado antes de su detenci¨®n para prestar declaraci¨®n ante el juez.
Tambi¨¦n pidi¨® la nulidad del procedimiento porque la Fiscal¨ªa orden¨® revisar todos los expedientes en los que intervino Bravo, yendo ¡°m¨¢s all¨¢ de los hechos objeto de la denuncia¡±, que parti¨® del testimonio de dos de los contribuyentes a los que se dio por anuladas sus deudas con el fisco. La defensa del principal inculpado reclam¨® asimismo que parte de los hechos imputados a su defendido est¨¢n prescritos.
La abogada de Rosa Cobos, Mari Cruz L¨®pez Gasc¨®n, se adhiri¨® a las mismas razones expuestas por Urraza para pedir la nulidad del proceso. Invoc¨® la vulneraci¨®n del principio acusatorio de su clienta porque ¡°en ning¨²n momento¡± se le comunic¨® que estaba imputada por un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, como finalmente figura en esta caso. Por su parte, Pedro Lasagabaster, abogado de Pedro Atristain, no present¨® cuesti¨®n previa alguna.
El fiscal del caso, Javier Larraya, asegur¨® que la actuaci¨®n del Ministerio P¨²blico estuvo en todo momento ¡°justificada y ajustada a la legalidad¡±, y record¨® que esta instituci¨®n est¨¢ habilitada para investigar todos los hechos objetos de delito, como ha sucedido en esta causa con el an¨¢lisis de todos los expedientes en los que se hallaron indicios delictivos. El fiscal neg¨® que se diera una indefensi¨®n del principal acusado durante las diligencias informativas, y asegur¨® que para los delitos continuados no cabe alegar la prescripci¨®n de los mismos.
La acusaci¨®n particular, que ejerce Miguel Alonso Belza en nombre de la Diputaci¨®n y las Juntas, se opuso a anular el procedimiento porque no se ha dado una vulneraci¨®n del derecho de defensa de los acusados durante la fase de las diligencias previas ni en la instrucci¨®n.
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