La Generalitat coste¨® la defensa de tres imputados en el ¡®caso G¨¹rtel¡¯
Uno de los 'protegidos' dej¨® el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez
El abogado de la Generalitat defendi¨® a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiaci¨®n ilegal del PP, enmarcada en el caso G¨¹rtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoci¨®n Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoci¨®n de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de ¨¢rea de Mercados y Comunicaci¨®n en la misma agencia. Lo m¨¢s llamativo de la situaci¨®n es que el ¨²ltimo de los imputados abandon¨® la Administraci¨®n auton¨®mica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que gan¨® las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat sigui¨® poniendo a su disposici¨®n a su letrado.
Se trata de otra incoherencia en la l¨ªnea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los esc¨¢ndalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los ¨²ltimos meses, el del supuesto desv¨ªo de ayudas de cooperaci¨®n a pa¨ªses pobres, el presidente fulmin¨® a dos altos cargos inmediatamente despu¨¦s de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiaci¨®n ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.
El tribunal rechaza su recurso contra la decisi¨®n revisar los contratos de Fitur
Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicaci¨®n supuestamente irregular a la trama G¨¹rtel del montaje y organizaci¨®n del pabell¨®n valenciano en la feria Fitur entre los a?os 2005 y 2009. Se trat¨® del negocio m¨¢s lucrativo de cuantos consigui¨® en Valencia ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendi¨® a cerca de cinco millones de euros. Seg¨²n las pruebas que acumula la investigaci¨®n, la empresa de El Bigotes, Orange Market, ten¨ªa acceso a las bases del concurso de la Consejer¨ªa de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habr¨ªa obtenido la adjudicaci¨®n de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas m¨¢s caras.
Los tres imputados hab¨ªan recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisi¨®n del juez instructor, Jos¨¦ Ceres, de solicitar a la Intervenci¨®n General del Estado una ampliaci¨®n del informe que realiz¨® en su d¨ªa sobre esta contrataci¨®n de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado ped¨ªa a la intervenci¨®n que comparase la tramitaci¨®n de los a?os investigados con las ediciones anteriores, as¨ª como con la de Fitur 2010, que se celebr¨® cuando ya se hab¨ªa destapado el caso G¨¹rtel.
El magistrado ha pedido el an¨¢lisis a la Intervenci¨®n General del Estado
El juez tambi¨¦n solicit¨® que los t¨¦cnicos de la Administraci¨®n General del Estado revisasen si, como ocurri¨® con estos concursos, ¡°constituye una habitual o adecuada praxis de contrataci¨®n administrativa¡± el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contrataci¨®n hubieran participado previamente en la fijaci¨®n de los criterios de adjudicaci¨®n, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elecci¨®n final de dicha mesa de contrataci¨®n. As¨ª como qu¨¦ porcentaje de la puntuaci¨®n total es ¡°razonable¡± darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alz¨® con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son dif¨ªciles de medir) era el mejor puntuado.
El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas b¨¢sicas de la obtenci¨®n de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliaci¨®n del informe a la Intervenci¨®n General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.
El PSPV seguir¨¢ como acusaci¨®n en la causa por la financiaci¨®n del PP
La direcci¨®n de los socialistas valencianos se mantendr¨¢ como acusaci¨®n particular en la causa que investiga la presunta financiaci¨®n irregular del PP, una derivada del caso G¨¹rtel, cuya instrucci¨®n corre a cargo de Jos¨¦ Ceres, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Fuentes de la actual ejecutiva del PSPV confirmaron a este peri¨®dico que no existe la menor intenci¨®n de abandonar su personaci¨®n en este caso, pese a que reconocieron la existencia de una deuda importante con el bufete del abogado Virgilio Latorre, que ha venido representando los intereses de los socialistas en el caso de los trajes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en el de la financiaci¨®n del PP.
Un portavoz autorizado del PSPV reconoci¨® que se est¨¢n retirando de algunos casos menores porque el coste que les supone es muy elevado. Estos abandonos ya hab¨ªan sido decididos por la anterior direcci¨®n que encabezaba Jorge Alarte. Pero ante la hip¨®tesis de un replanteamiento de la posici¨®n de su partido en el caso G¨¹rtel y m¨¢s concretamente en la rama que investiga la financiaci¨®n del PP, el portavoz fue taxativo: "Si de alg¨²n caso no nos pensamos retirar es de este. Seguiremos hasta el final y confiamos en hacerlo con el despacho de Virgilio Latorre".
La posici¨®n oficial del secretario general del PSPV, Ximo Puig, sobre la judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica es conocida. En una entrevista concedida a EL PA?S reconoci¨® haber dudado de la eficacia de algunos procesos judiciales iniciados por su partido. Una afirmaci¨®n que no afecta al caso G¨¹rtel.
El nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, anunci¨® el pasado martes que el PSPV ser¨¢ parte en la causa que siguen los tribunales por las ayudas a la cooperaci¨®n concedidas desde la consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa de la que era titular Rafael Blasco, s¨ªndico del PP en el Parlamento auton¨®mico.
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