Fern¨¢ndez dice que va a contestar a todo lo que le pregunten

¡°La sesi¨®n de hoy ser¨¢ un choque de trenes¡±. Es la met¨¢fora de uno de los abogados del caso de los ERE para la declaraci¨®n del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez ante la juez Mercedes Alaya. El m¨¢ximo responsable de las ayudas p¨²blicas de la Junta durante seis a?os (2004-2010) ha llegado a los juzgados a las 10.30 preparado para defender el procedimiento que instaur¨® el Gobierno andaluz por un convenio en 2001, cuando ¨¦l era presidente del Instituto de Fomento Andaluz (IFA) y posteriormente desarroll¨® como consejero hasta hace dos a?os. Fern¨¢ndez ha entrado a los juzgados acompa?ado de su abogado, Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, y portando una cartera con documentos, el exconsejero ha dicho a los periodistas que se encuentra bien y que va a responder a todas las preguntas.

Su declaraci¨®n, que posiblemente terminar¨¢ ma?ana s¨¢bado, tiene lugar en una sala de vistas de los juzgados sevillanos con asistencia de 27 abogados en nombre del medio centenar de imputados entre altos cargos de la Junta e intrusos en los ERE.

La expectaci¨®n es m¨¢xima despu¨¦s de que la magistrada haya retrasado en dos ocasiones su declaraci¨®n, y sobre todo tras haber enviado a prisi¨®n al ex director general Javier Guerrero y su ch¨®fer Juan Francisco Trujillo hace un mes. Ello a pesar de que los indicios de delitos eran mucho m¨¢s consistentes y graves contra Guerrero y Trujillo. La juez acusa a Fern¨¢ndez de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y tr¨¢fico de influencias por conocer, seg¨²n los indicios, las p¨®lizas ilegales que realiz¨® Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas subvencionadas). Adem¨¢s, Alaya le achaca conocer los reparos que la Intervenci¨®n General de la Junta expuso al procedimiento para conceder las subvenciones a las empresas, y finalmente por estar incluido en el ERE de la bodega Gonz¨¢lez Byass. Tras la investigaci¨®n patrimonial a Fern¨¢ndez, actual presidente del consejo regulador de los vinos de Jerez, la juez no ha acreditado que se haya lucrado de manera il¨ªcita.

Fern¨¢ndez aleg¨® ya en su d¨ªa la defensa del procedimiento ante la Intervenci¨®n General. Pero si entonces la Consejer¨ªa de Empleo pudo mantener el sistema ideado para afrontar las crisis industriales pese a los reparos de los interventores, la batalla de hoy es mucho m¨¢s cruda. El exconsejero afronta la amenaza de que la juez considera delito penal la infracci¨®n administrativa supuestamente cometida en la concesi¨®n de ERE y ayudas directas a empresas. Se trata de medir el alcance del principio de intervenci¨®n m¨ªnima del Derecho Penal, que definir¨¢ si estas irregularidades deben ser consideradas delitos.

La presunta malversaci¨®n de fondos p¨²blicos que cometi¨® Guerrero se realiz¨® con la connivencia de sus superiores seg¨²n Alaya, al menos de Fern¨¢ndez y el exviceconsejero Agust¨ªn Barber¨¢, ambos imputados. El exconsejero y diputado socialista Jos¨¦ Antonio Viera no est¨¢ imputado en la causa y en caso de que lo fuera, el Tribunal Supremo asumir¨ªa esta investigaci¨®n, puesto que es aforado. Fuentes del caso subrayan que las acusaciones de Guerrero sobre que en los consejos de direcci¨®n informaba a sus superiores de todas las decisiones que tomaba, implican tanto a Fern¨¢ndez como a Viera. Y sin embargo este permanece al margen de la medi¨¢tica instrucci¨®n por decisi¨®n de la juez.

Respecto a su v¨ªnculo con la bodega Gonz¨¢lez Byass, de la que fue trabajador, Fern¨¢ndez cobrar¨¢ una indemnizaci¨®n por despido de 31.419 euros tan pronto quede desempleado y anteriormente renunci¨® a cobrar una p¨®liza asignada de 386.000 euros derivada de un ERE dotado con 17 millones que hab¨ªa aprobado ¨¦l mismo cuando estaba al frente de la consejer¨ªa.