¡°El carrer ¨¦s meu¡±

¡°?La calle es m¨ªa!¡±, dicen que bramaba Fraga Iribarne, ministro de la polic¨ªa de Franco. Lo hac¨ªa en castellano, y no en gallego, porque no se refer¨ªa a una calle de su Galicia natal, sino a todas las calles de Espa?a. Expresaba as¨ª su convicci¨®n de que le pertenec¨ªa el control de la convivencia urbana, c¨ªvica, de manera exclusiva y excluyente, y, obviamente, antidemocr¨¢tica. Han pasado muchos a?os. Hoy la convivencia c¨ªvica urbana es democr¨¢tica. Por eso chirr¨ªa la voz de quien parece querer decir ¡°el carrer ¨¦s meu¡±, en la convicci¨®n de que le corresponde el control exclusivo y excluyente de las calles de su tierra natal, que son nuestras calles.

Chirri¨® agudamente la orden de cargar contra las personas indignadas, pac¨ªficas e indefensas, que ocupaban la plaza de Catalunya el 27 de mayo de 2011, aporre¨¢ndoles con las defensas (?por qu¨¦ se les llamar¨¢ defensas a las porras cuando apalean a gente indefensa y pac¨ªfica?). El 15 de junio, ante el Parlament de Catalu?a, a manos de grupos agresivos, se produjo un penoso espect¨¢culo de humillaci¨®n de muchos diputados, y de inaceptable desprotecci¨®n, lo cual, no siendo achacable a ineptitud policial, solo cabe atribuirlo a provocaci¨®n fr¨ªamente orquestada, o al menos tolerada. As¨ª se hab¨ªa conseguido presentar ante una determinada opini¨®n p¨²blica un totum revolutum de violentos e indignados, para desprestigio de las protestas pac¨ªficas, aunque insistentes, y para justificaci¨®n de esperadas medidas ¡°de orden¡±. El pasado 29 de marzo, d¨ªa de la huelga general, una grandiosa manifestaci¨®n fue obstruida por grupos violentos en choque con la polic¨ªa, que actu¨® sin miramientos para los manifestantes pac¨ªficos, produciendo heridos entre ellos.

Hab¨ªa llegado el momento de proponer las severas medidas esperadas.

La primera, y consabida, era aumentar la plantilla de antidisturbios, agravar las penas y endurecer la prisi¨®n provisional. Restricci¨®n de derechos, aumento de la represi¨®n y disminuci¨®n de garant¨ªas. Debe quedar claro que el problema de la violencia urbana del que estamos hablando no procede de ninguna benevolencia del C¨®digo Penal. La resistencia activa grave contra agentes de la autoridad est¨¢ penada hasta con tres a?os de prisi¨®n. Por los da?os en el mobiliario urbano pueden condenar hasta a tres a?os. Por los des¨®rdenes p¨²blicos con ocasi¨®n de eventos que re¨²nan a gran cantidad de personas (como la manifestaci¨®n del pasado 29 de marzo), pueden ser hasta seis a?os. Por el incendio de un local con peligro para las personas, hasta 20 a?os. Como se ver¨¢, no es cuesti¨®n de m¨¢s severidad. Es cuesti¨®n de m¨¢s eficacia policial.

Es frecuent¨ªsimo que tras grandes incidentes de orden p¨²blico, se da la noticia de un n¨²mero muy elevado de detenciones policiales, y, a continuaci¨®n, se informa de que muy pocos han sido enviados a prisi¨®n por el juez. El juez necesita pruebas. La prueba principal, y generalmente la ¨²nica, es el testimonio del polic¨ªa que recibi¨® la presunta agresi¨®n, que suele ser distinto del que le detuvo. Y, adem¨¢s, cuando hay filmaci¨®n policial del incidente, no es posible identificar al polic¨ªa que dice ser el testigo, porque los antidisturbios siguen sin llevar, como debieran, un n¨²mero de identificaci¨®n visible. Por eso no hay testigo acreditable. No hay prueba.

Y cuando no hay prueba no es posible la condena, ni, por lo tanto, la prisi¨®n provisional. La prisi¨®n antes del juicio est¨¢ sometida a reglas muy precisas que constituyen una l¨ªnea roja de las garant¨ªas democr¨¢ticas del sistema penal. Nunca podr¨¢ ser un castigo anticipado, ni un instrumento policial, ni pol¨ªtico, de disuasi¨®n. Y menos a¨²n, si la disuasi¨®n de las eventuales conductas violentas minoritarias lleva aparejada, como en un totum revolutum, la de las mayoritarias conductas democr¨¢ticas y pac¨ªficas. El prop¨®sito, mal disimulado, de endurecer los criterios de aplicaci¨®n de la prisi¨®n provisional, es, por ello, escandaloso. E in¨²til, como las dem¨¢s desmesuras represivas.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena fue fiscal jefe de Catalu?a.