La Generalitat compra 743 pisos de un fondo de inversi¨®n para destinarlos a alquiler social

Asegurar el derecho a la vivienda es una de las prioridades del gobierno socialista de Salvador Illa y, para ello, el president anunci¨® en octubre un plan para construir 50.000 hogares p¨²blicos hasta 2030. La consejera de Territorio, Vivienda y Transici¨®n Ecol¨®gica, S¨ªlvia Paneque, ha anunciado este mi¨¦rcoles, en esa l¨ªnea, que la Generalitat ha comprado 743 pisos al fondo Divarian, la operaci¨®n ¡°m¨¢s grande hecha nunca mediante el derecho de tanteo y retracto¡±, que permite a la Generalitat adquirir estos inmuebles de forma preferente. Paneque ha justificado esta operaci¨®n afirmando que, gracias al ejercicio de este derecho, ¡°se evita que la propiedad pase a la venta al mercado libre¡±, y se garantiza ¡°la continuidad de los contratos de las familias vulnerables que habitan estos pisos¡±. La operaci¨®n supone una inversi¨®n de 72 millones de euros.

La medida persigue varios objetivos. Uno de ellos es ampliar el parque p¨²blico de vivienda de Catalu?a que, seg¨²n ha afirmado la consejera, es del 1,7% y se quiere ampliar hasta el 15%. Tambi¨¦n, se busca proteger a los inquilinos, los cuales forman parte del programa Reallotgem de la Agencia de la Vivienda de Catalu?a, tras haber perdido en el pasado su casa por v¨ªa de una ejecuci¨®n hipotecaria. Hasta ahora, este programa se encargaba de aportar la diferencia de alquiler que no pod¨ªan asumir las familias y que supon¨ªa una factura de 6 millones de euros anuales para la administraci¨®n catalana. Ahora, las familias de estos pisos pagar¨¢n un alquiler ¡°acorde a sus ingresos¡± y la Generalitat ¡°se ahorrar¨¢ los seis millones de euros del programa Reallotgem¡±.

El programa Reallotgem se encarga de captar pisos habitables del mercado privado y facilitar la vivienda a familias vulnerables que ¡°han pasado por procesos de desahucio y ejecuci¨®n hipotecar¨ªa¡±. En total, cuenta con unas 1400 familias, por lo que con la compra de estos inmuebles se garantiza a m¨¢s de la mitad de ellas que ¡°puedan seguir viviendo all¨ª¡±. Los pisos adquiridos est¨¢n repartidos por todo el territorio catal¨¢n y pertenecen al fondo Divarian, una sociedad conjunta de negocio inmobiliario que pertenece en un 20% a Cerberus, despu¨¦s que el fondo de inversi¨®n adquiriera este porcentaje a su socio BBVA en octubre de 2021. La compra de estos pisos por parte de la Generalitat llega en un contexto en que los grandes fondos est¨¢n saliendo de Catalu?a con la venta de centenares de viviendas por el tope al alquiler. Algunos de ellos son Blackstone, Vivenio y Cerberus, que deciden desprenderse de ellas en cuando acaban los contratos de arrendamiento.

Paneque, ha recalcado que los pisos, que beneficiar¨¢n ¡°aproximadamente a 1.500 personas¡±, se encuentran repartidos por todo el territorio catal¨¢n, distribuy¨¦ndose de la siguiente manera: Barcelona (487 viviendas), Camp de Tarragona (55 viviendas), Catalu?a Central (43 viviendas), Girona (54 viviendas), Lleida (59 viviendas), Pened¨¨s (34 viviendas), Terres de l¡¯Ebre (6 viviendas) y Alt Pirineu y Aran (5 viviendas).

La operaci¨®n implica una inversi¨®n de 72 millones de euros, a raz¨®n de una media de casi 100.000 euros por inmueble, y sigue la l¨ªnea de la reciente compra de 452 viviendas sociales a Inmocaixa, confirmada por el president Illa el pasado noviembre. En ese caso se desembolsaron 30,5 millones de euros y, pese a que el cierre de la operaci¨®n data del mandato socialista, esta se anunci¨® el pasado 1 de agosto por el anterior Govern. Paneque no cierra la puerta a la posibilidad que la Generalitat lleve a cabo otras operaciones, como la que ha realizado con el fondo Divarian. El hecho de estar en pr¨®rroga presupuestaria, ha dicho, puede complicar obtener los recursos necesarios.

El Govern defiende la necesidad de ampliar el parque p¨²blico de Catalu?a, con el objetivo de combatir la ¡°vulneraci¨®n de derechos¡± que supone para la poblaci¨®n catalana tener que aportar ¡°m¨¢s del 30% de sus ingresos para la vivienda¡±.

Salvador Illa anunci¨® en octubre en el debate de pol¨ªtica general en el Parlament una inversi¨®n de 4.400 millones de euros en los pr¨®ximos cuatro a?os para hacer frente a la emergencia habitacional en Catalu?a. Con esa decisi¨®n, el president puso cifras a los pactos de investidura que alcanz¨® con los comunes y Esquerra para crear 50.000 pisos de protecci¨®n oficial hasta 2030.

La patronal de los promotores y constructores de Catalu?a (APCE), a trav¨¦s de su presidente Xavier Vilajoana, ha alertado de que no hay suelo ni financiaci¨®n suficiente para llevar a cabo al ritmo previsto la construcci¨®n de viviendas comprometida por Illa. Un estudio de la c¨¢tedra APCE-Universitat Pompeu Fabra sobre la evoluci¨®n de la vivienda de protecci¨®n oficial (VPO) en Catalu?a en los ¨²ltimos 20 a?os se?ala que hay mucho camino por recuperar: ¡°Venimos de una d¨¦cada en la que Catalu?a ha producido 1.200 pisos sociales al a?o y queremos llegar a 7.000¡å, se destaca.

Al alcanzar el Govern de la Generalitat el pasado verano, el PSC fij¨® que la problem¨¢tica de acceso a la vivienda deb¨ªa ser una de las prioridades de su hoja de ruta. Una inquietud que casa con los intereses de los Comuns, socios de los socialistas para propiciar la investidura de Illa. Hace dos semanas, ambas formaciones cerraron los detalles del r¨¦gimen sancionador para quienes no cumplan con la regulaci¨®n de los precios del alquiler o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada (utilizando esta f¨®rmula precisamente para esquivar el l¨ªmite de precio). Las multas se incluir¨¢n en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 y en el C¨®digo de Consumo de Catalu?a y tendr¨¢n cuant¨ªas que pueden llegar hasta 900.000 euros y, en casos excepcionales, de un mill¨®n de euros.