"La regularizaci¨®n de viviendas ilegales refleja un fracaso colectivo"

Juan Carlos L¨®pez Caballero (Sevilla, 1956) tom¨® posesi¨®n como nuevo fiscal jefe de M¨¢laga el pasado 19 de abril. Hombre de pocas palabras ¡ª¡°el hombre que siente mucho habla poco¡±, dijo a modo de disculpa en su discurso de aceptaci¨®n, citando a Plat¨®n¡ª y t¨ªmido ante los focos, dirige una de la fiscal¨ªas m¨¢s numerosas y complejas de Espa?a, tanto por la cantidad como por la variedad de los delitos que se producen en la provincia. M¨¢laga acumula uno de cada tres casos que lleva la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, secci¨®n de la que L¨®pez Caballero es delegado en la provincia. Compaginar¨¢ ambos cargos hasta que termine el juicio del caso Malaya, la mayor causa de corrupci¨®n investigada hasta ahora en Espa?a con 96 procesados y de cuya investigaci¨®n fue uno de los protagonistas. Enormemente respetado por sus compa?eros ¡ªen su nombramiento votaron a favor 11 de los 12 miembros del Consejo Fiscal¡ª, el nuevo representante del ministerio p¨²blico en M¨¢laga est¨¢ casado y tiene dos hijos.

Pregunta. ?Recuerda el primer caso en el que trabaj¨® como fiscal? ?C¨®mo ha cambiado la labor de la fiscal¨ªa desde entonces?

Respuesta. Mi primer destino fue, en 1982, Santa Cruz de Tenerife. Empec¨¦ de forma gradual, con casos no muy complicados, vinculados a un tipo especial de procedimiento simplificado que versaba sobre asuntos de tr¨¢fico y de emisi¨®n de cheques sin fondos. Se sol¨ªa empezar con asuntos as¨ª y a partir de ah¨ª se iban presentando otros m¨¢s complejos. Quiz¨¢ el mayor cambio que percibo sea que este cuerpo de funcionarios, la fiscal¨ªa, ha pasado de ser un gran desconocido en la Administraci¨®n de Justicia a tener un protagonismo indudable en los ¨²ltimos a?os. Hoy la sociedad es plenamente consciente de cu¨¢l es el papel de la fiscal¨ªa en su mandato constitucional.

P. En su discurso de toma de posesi¨®n lleg¨® a hablar del riesgo de ¡°morir de ¨¦xito¡± por este mayor protagonismo.

La corrupci¨®n pasar¨¢ del ladrillo al gasto p¨²blico de la Administraci¨®n

R. Quiz¨¢ no me expres¨¦ con la suficiente claridad en ese momento. Me refer¨ªa a que ese protagonismo social genera unas expectativas de atender m¨²ltiples frentes y hacerlo con relativa eficacia. Y esas expectativas no siempre se cumplen por la falta de medios personales y materiales que hist¨®ricamente hemos sufrido. Esa reflexi¨®n yo la har¨ªa extensiva a toda la Administraci¨®n de Justicia.

P. Con la crisis econ¨®mica es poco probable que los recursos aumenten ?C¨®mo se plantea el mandato con esta limitaci¨®n?

R. Los recursos son escasos y la problem¨¢tica cada vez m¨¢s amplia. Habr¨¢ que insistir en lo que se ha venido haciendo hasta ahora: aportar esfuerzo personal que compense la carencia de medios. Habr¨¢ que acudir a soluciones que no impliquen necesariamente la aplicaci¨®n de grandes recursos. Por ejemplo, en determinados puntos de Espa?a donde se manifiesten ciertas formas de delincuencia cuya investigaci¨®n es compleja, a las fiscal¨ªas habr¨ªa que dotarlas de determinados medios personales y de unidades y equipos de investigaci¨®n. Esto solo supone el trasvase de funcionarios de un sector de la Administraci¨®n a otro; el coste econ¨®mico es muy reducido.

P. Eso ya ha funcionado de alguna manera en la investigaci¨®n del caso Malaya o del caso Astapa [sobre corrupci¨®n en Estepona].

R. S¨ª, pero esas colaboraciones se han llevado a cabo con el poder judicial. Nosotros reclamamos dotaci¨®n de este personal en la oficina fiscal, sin perjuicio de que a los ¨®rganos judiciales se les d¨¦ la m¨¢xima cobertura. No se trata de competir con los jueces (...) Los fiscales somos los que sostenemos la acusaci¨®n en el acto del juicio y hay vistas orales de cierta complejidad donde se requerir¨ªa un apoyo y auxilio efectivo. Esas unidades tambi¨¦n servir¨ªan para acometer investigaciones propias de la fiscal¨ªa y para complementar investigaciones cuyo origen proceda de la cooperaci¨®n internacional.

P. En cierto modo, este apoyo ya lo han tenido de modo informal.

Habr¨¢ que compensar la falta de medios con esfuerzo personal

R. Claro, desde el punto de vista pr¨¢ctico, se exprimen las posibilidades que ofrece la legislaci¨®n. Con los funcionarios de polic¨ªa no hay duda: son manifestaciones de la polic¨ªa judicial que depende constitucionalmente de jueces y fiscales. Cuando se refiere a la Agencia Tributaria u otros cuerpos de la administraci¨®n, hasta ahora no hemos tenido ning¨²n problema, pero depende en buena medida de la buena voluntad y de otros par¨¢metros que no son una dependencia funcional. En la funci¨®n p¨²blica siempre hay problemas de intendencia, por lo que es de agradecer que se preste esa colaboraci¨®n: son sobrecargas de trabajo sin retribuci¨®n extra para personas que no pertenecen a la administraci¨®n de Justicia. Hay una solidaridad a trav¨¦s del esfuerzo.

P. Los fiscales llevan a?os reclamando encargarse de la instrucci¨®n de los procedimientos. ?Tardaremos mucho en verlo?

R. Creo que hay una corriente de opini¨®n favorable a ello y as¨ª se han pronunciado el Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia. Eso implica, naturalmente, una reforma profunda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una adaptaci¨®n paulatina y progresiva de la infraestructura de la Fiscal¨ªa. Hoy por hoy no podr¨ªamos atribuirnos la investigaci¨®n en procedimientos penales, eso es una realidad.

P. ?Qu¨¦ ense?anzas extrae de los macroprocesos en los que ha participado?

R. Eso requerir¨ªa una macroentrevista. Cuando se compara la previsi¨®n normativa con la realidad de los casos se observan grandes lagunas en la legislaci¨®n. Hay numerosos puntos a tratar. Solo en aspectos formales del procedimiento est¨¢ el aseguramiento de los medios de prueba, las posibles renuncias de un procesado a su defensa o viceversa, la celebraci¨®n en bloques o qu¨¦ pasa si un integrante del proceso se pone enfermo. Luego, la Ley de Enjuiciamiento Criminal est¨¢ absolutamente superada por los muchos retoques o parches de los que ha sido objeto. Una nueva ley es perentoria.

Convendr¨ªa despenalizar cierta delincuencia de bagatela

P. ?Qu¨¦ cabe hacer para descongestionar los juzgados?

R. Esto tambi¨¦n dar¨ªa para un cap¨ªtulo extenso. Mi impresi¨®n como funcionario es que hay pocos ¨®rganos judiciales para atender la conflictividad social. En juzgados de otros pa¨ªses que he visitado ni por asomo existe el volumen de papel que se da aqu¨ª. Una f¨®rmula v¨¢lida podr¨ªa ser cierta despenalizaci¨®n de supuestos de delincuencia de bagatela. No se calcula el coste econ¨®mico y la energ¨ªa que se pierde, por ejemplo, en un juicio de faltas por injurias leves entre vecinos, una controversia que se resuelve con una multa. Esas energ¨ªas podr¨ªan liberarse para instruir procedimientos m¨¢s complejos que se ver¨ªan acortados en la fase de investigaci¨®n y de juicio.

P. El tribunal quiere terminar el juicio del caso Malaya, que empez¨® en septiembre de 2010, el pr¨®ximo 31 de julio ?Cree que ser¨¢ posible?

R. Estimo que s¨ª lo es, pero va a requerir de una colaboraci¨®n m¨¢xima de todos los implicados, y b¨¢sicamente de las defensas, en el sentido de concretar las pruebas fundamentales y prescindir de aquellos testigos que no sean indispensables. La fecha tope del 31 de julio me parece adecuada y, si no se llega, veo bien continuar en agosto para que, en lo posible, todos los informes se presenten de forma continua.

P. ?Compaginar¨¢ la jefatura de la Fiscal¨ªa y la delegaci¨®n de Anticorrupci¨®n de forma indefinida?

R. La idea es que a la conclusi¨®n del juicio del caso Malaya, cese como delegado y asuma la condici¨®n de delegado temporal. No es que estemos en presencia de un superman. Tiene su l¨®gica. He intervenido en una serie de procedimientos muy largos y complejos que ya han asumido otros compa?eros. Se trata de prestar el apoyo y la colaboraci¨®n que puedan requerir. La idea ser¨ªa que por lo menos estos asuntos estuvieran atendidos por dos fiscales.

P. ?Hubiera sido conveniente tener otro fiscal en Malaya?

R. Hombre, claro, incluso tres. Pero eso es un error exclusivamente m¨ªo, una falta de previsi¨®n porque contaba con otro calendario, y cuando arranc¨® el juicio mis compa?eros estaban tanto o m¨¢s cargados de trabajo que yo.

P. ?La corrupci¨®n ha disminuido con la crisis del ladrillo o se ha desplazado a otros ¨¢mbitos?

R. El binomio corrupci¨®n-econom¨ªa es evidente. Si no se construye no hay negocio, pero en los periodos de crisis se van a dar otros supuestos vinculados a la corrupci¨®n como, por ejemplo, la obtenci¨®n indebida de subsidios y ayudas p¨²blicas. La corrupci¨®n se centrar¨¢ en el gasto p¨²blico de las Administraciones.

P. ?Qu¨¦ opina de que la Junta pretenda regularizar miles de viviendas ilegales por las que la fiscal¨ªa ha actuado e incluso ha logrado encarcelar a alcaldes?

R. Es una decisi¨®n pol¨ªtica con consecuencia legislativa y nos corresponde acatar la ley. Son soluciones que de alg¨²n modo expresan un fracaso colectivo: el de no haber sabido o podido evitar la proliferaci¨®n de viviendas ilegales. Habr¨¢ que ver el lado positivo, y que la experiencia sirva para hacer m¨¢s eficaces los mecanismos de control preventivo.