La juez investiga las relaciones de un magistrado del TSJC con la trama de ITV

La investigaci¨®n judicial sobre la supuesta trama urdida para obtener concesiones en el negocio de la inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV) ha dado un nuevo paso. La titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona, Silvia L¨®pez Mej¨ªa, investiga ahora las relaciones que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) mantuvo con uno de los imputados: el empresario Ricard Puignou. Junto a ¨¦l est¨¢n imputados dos empresarios (Sergio Alsina y Sergio Pastor) y dos altos cargos: el subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el n¨²mero dos de la Diputaci¨®n de Barcelona, Josep Tous.

?El magistrado investigado es Joaqu¨ªn Jos¨¦ Ortiz Blasco, presidente de la Secci¨®n Quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC. Hace dos meses, Ortiz mantuvo una reuni¨®n, en un restaurante de Barcelona, con dos abogadas de la Generalitat ¡ªque han prestado declaraci¨®n como testigos ante la juez¡ª y con Puignou, responsable de Certio, una empresa del sector de las ITV, confirmaron a EL PA?S fuentes cercanas al caso.

En 2010, Certio llev¨® ante la justicia un concurso del gobierno tripartito, que adjudic¨® tres estaciones de ITV a una empresa rival en Sant Celoni (Vall¨¨s Oriental), Les Borges Blanques (Les Garrigues) y Amposta (Montsi¨¤). Certio pidi¨® que se anulase el concurso de forma cautelar porque la propuesta no estaba motivada y porque se introdujeron nuevos criterios despu¨¦s de que los candidatos presentaran ofertas. Ortiz fue el magistrado ponente del auto que, en mayo de 2011, dio la raz¨®n a la firma de Puignou. El caso est¨¢ pendiente de sentencia.

La investigaci¨®n sobre la trama de las ITV comenz¨® en verano de 2011. Adem¨¢s de intervenir conversaciones telef¨®nicas, la Guardia Civil hizo seguimientos. En uno de ellos, hace dos meses, los agentes constataron el encuentro entre el magistrado, Puignou, la directora del gabinete jur¨ªdico de la Generalitat, Margarida Gil, y la directora general de asuntos contenciosos, Assumpta Palau.

El encuentro fue ¡°a iniciativa del magistrado¡± y ¡°forma parte de las relaciones normales de los servicios jur¨ªdicos¡±, seg¨²n fuentes del Gobierno catal¨¢n, que no aprecian nada ¡°extra?o¡± en ello.

El objetivo de los imputados, seg¨²n los indicios de la juez y del fiscal anticorrupci¨®n, era conseguir la anulaci¨®n definitiva del concurso para obtener, ellos mismos, la adjudicaci¨®n gracias a sus influencias pol¨ªticas. En ese marco temporal ¡ªentre la anulaci¨®n cautelar y la sentencia que est¨¢ por llegar¡ª es cuando se producen, seg¨²n fuentes cercanas al caso, el contacto con Ortiz. El caso est¨¢ bajo secreto de sumario y se ignora, por ahora, el grado de implicaci¨®n del magistrado.

La juez de instrucci¨®n ha abierto una pieza separada que, seg¨²n las mismas fuentes, versa sobre los v¨ªnculos de la trama con el magistrado. En el caso de que aprecie indicios de delito, la juez deber¨¢ remitirlo al Supremo.

La comida entre el magistrado, Puignou y las abogadas alert¨® a los investigadores. El pasado mes de abril, la juez pidi¨® el expediente sobre el recurso de la empresa Certio. Una comisi¨®n judicial formada por el fiscal y el secretario judicial acudi¨® a la Secci¨®n Quinta de la sala de lo contencioso-administrativa del TSJC a recoger la documentaci¨®n, que tambi¨¦n se est¨¢ analizando, precisaron esas mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que, unos d¨ªas despu¨¦s de esa visita, la Secci¨®n Quinta dict¨® una sentencia que echa por tierra buena parte del plan de estaciones de ITV aprobado por el tripartito en octubre de 2010. Entre otras cosas, la sentencia anula los art¨ªculos que dan a la Generalitat potestad para autorizar la apertura de nuevos centros y para limitar su presencia en funci¨®n del territorio. A diferencia del caso de Certio, el ponente de esa resoluci¨®n no fue Ortiz, sino otro magistrado.

La trama de las ITV es una derivada del caso Campe¨®n, que afecta al exministro de Fomento Jos¨¦ Blanco y que tiene como epicentro al empresario gallego Jorge Dorribo. Un informe de la fiscal¨ªa menciona contactos de Dorribo con Pastor ¡ªuno de los empresarios imputados¡ª y con Oriol Pujol, secretario general de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC). En el interrogatorio, la juez pregunt¨® a los imputados por su relaci¨®n con Pujol, que aparece en algunas de las conversaciones telef¨®nicas interceptadas. La trayectoria de Pujol est¨¢ estrechamente ligada, adem¨¢s, a la de Tous, al que propuso como coordinador general de la Diputaci¨®n de Barcelona despu¨¦s de que Josep Maria Matas fuese destituido de ese cargo por haber facturado, de forma irregular, cientos de miles de euros a la Asociaci¨®n Catalana de municipios cuando era secretario general de esa entidad.

La filtraci¨®n de ese informe de la fiscal¨ªa hizo que se precipitaran las detenciones, a finales de marzo, por los presuntos los delitos de tr¨¢fico de influencias, falsedad documental, contra la hacienda p¨²blica y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, seg¨²n los casos. Las supuestas presiones de los imputados para confeccionar un nuevo concurso a su medida no llegaron a materializarse.