La juez de los ERE impone una fianza de 807 millones al exconsejero de Empleo

Fianza r¨¦cord en el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de 807 millones por responsabilidad civil al exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, en prisi¨®n preventiva desde hace un mes. La enorme suma es resultado de la cantidad de dinero que la magistrada estima se malvers¨® bajo las ¨®rdenes de Fern¨¢ndez durante la pasada d¨¦cada. La fianza no est¨¢ vinculada a la ulterior salida de la c¨¢rcel del exconsejero. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa pedido hasta 890 millones, pero la magistrada ha rebajado la cifra a 807.403.232 euros, cantidad que deriva del fondo para empresas en crisis que la Junta dot¨® con 647 millones entre 2001 y 2010, sumada a otras subvenciones directas a empresas e intrusos (personas que nunca trabajaron en las sociedades beneficiadas), y pagos supuestamente ilegales a aseguradoras.

¡°Es una medida adecuada y necesaria para el fin marcado: la devoluci¨®n de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente il¨ªcita han salido de las arcas p¨²blicas de la comunidad aut¨®noma andaluza¡±, sostiene la magistrada en su auto del pasado 2 de mayo y que este mi¨¦rcoles, 21 d¨ªas despu¨¦s, traslad¨® a las partes del caso. La Junta hab¨ªa pedido como acusaci¨®n presente en el caso rebajar la fianza a la d¨¦cima parte, 68 millones. Alaya ya fij¨® para el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, tambi¨¦n encarcelado, una abultada fianza de 686 millones. Las cifras impuestas por Alaya solo son comparables a las que fij¨® el instructor del caso Malaya: 1.000 millones de fianza para el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca y otros 600 millones para seis abogados por blanqueo de dinero.

La juez Mercedes Alaya acusa a Fern¨¢ndez de dise?ar un sistema de ayudas p¨²blicas millonarias entregadas de manera discrecional, adem¨¢s de imputarle por cohecho al acogerse a un ERE (Expediente de Regulaci¨®n de Empleo) en la empresa bodeguera en la que trabaj¨®, un expediente que aprob¨® ¨¦l mismo. Los cargos que le imputa Alaya incluyen falsedad en documento mercantil, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro ¨²ltimos continuados).

La juez desglosa en su auto la cifra de 807 millones: 527 millones por las ayudas sociolaborales para pagar las p¨®lizas de los extrabajadores prejubilados, un mill¨®n por p¨®lizas ilegales a cinco personas, 8,3 millones abonados por el m¨¦todo de ¡°pagos cruzados¡± (sin pasar por la agencia pagadora Idea), y 68,3 millones en ayudas directas a empresas. Esta ¨²ltima cifra incluye las ayudas concentradas en la Sierra Norte de Sevilla, concedidas a exconcejales socialistas y empresarios afines al PSOE. A la suma le a?ade la juez el tercio preceptivo para fijar la fianza, adem¨¢s de ordenar el embargo de los bienes del exconsejero y poner su auto en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

El abogado de Fern¨¢ndez, Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, mostr¨® su estupor al enterarse por la prensa de la fianza impuesta: ¡°A m¨ª no se me ha notificado el auto.Alguna parte ha sido notificada y otra no. Me parece escandaloso¡±. Fuentes del caso a?adieron: ¡°Alaya hace un juicio de valor sobre que a priori todas las ayudas sin excepci¨®n son prevaricadoras¡±.

La juez considera que la supuesta malversaci¨®n se inici¨® en 2001 con la firma del convenio, y se prolong¨® hasta 2010, cuando Fern¨¢ndez ces¨® en el cargo de consejero de Empleo. ¡°Existe un riesgo importante de que la dilaci¨®n del procedimiento pueda hacer ineficaz en material de responsabilidad civil, un eventual pronunciamiento de condena contra el Sr. Fern¨¢ndez al poderse colocar el mismo en situaci¨®n de insolvencia¡±, alega Alaya.