PIB o poblaci¨®n

El presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, que, a diferencia del presidente del Gobierno de la naci¨®n, est¨¢ haciendo un esfuerzo notable de pedagog¨ªa, dando raz¨®n p¨²blicamente de todas las decisiones adoptadas por su Gobierno para cumplir con el objetivo de d¨¦ficit en nuestra comunidad aut¨®noma o interpretando las decisiones adoptadas por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera con incidencia en el cumplimiento de dicho objetivo, explic¨® el pasado martes en rueda de prensa ante los periodistas, sin limitaci¨®n de preguntas, por qu¨¦ consideraba "injusto" el reparto de la carga fiscal, al haber optado el Consejo por el criterio del PIB en lugar de por el criterio de poblaci¨®n para fijar el techo de d¨¦ficit de las comunidades aut¨®nomas.

Optar por el criterio del PIB o por el de poblaci¨®n en el terreno de la financiaci¨®n auton¨®mica tiene consecuencias, como ya se vio en las reformas estatutarias catalana y andaluza. Mientras el Parlamento de Catalu?a opt¨® por el criterio del PIB para la territorializaci¨®n de las inversiones del Estado en Catalu?a, el Parlamento de Andaluc¨ªa opt¨® por el criterio de poblaci¨®n para dicha territorializaci¨®n.

No es f¨¢cilmente justificable el recurso al criterio del PIB o de la poblaci¨®n para la territorializaci¨®n de las inversiones del Estado, y, por lo tanto, tampoco lo es la contraposici¨®n de ambos. Con la proyecci¨®n de ambos criterios a todas las comunidades aut¨®nomas seg¨²n conveniencia, la suma de los porcentajes de las inversiones territorializadas dif¨ªcilmente podr¨ªa no ser superior a 100.

Pero s¨ª lo es para la fijaci¨®n del techo del d¨¦ficit. La relaci¨®n entre el Estado y la Uni¨®n Europea es distinta de la del Estado con las comunidades aut¨®nomas. A la Uni¨®n Europea le es indiferente la articulaci¨®n territorial interna del Estado y el reparto competencial entre el Estado y las comunidades. El d¨¦ficit del Estado es el d¨¦ficit del conjunto de las administraciones p¨²blicas, sean estas las que sean. El 3% vale para todos los Estados por igual, independientemente de su PIB o de su poblaci¨®n.

Pero para la determinaci¨®n del esfuerzo que tienen que hacer el Estado y las comunidades para dar cumplimiento al objetivo de d¨¦ficit, la distribuci¨®n de competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas s¨ª es un elemento esencial. La sanidad y la educaci¨®n suponen el 70% aproximadamente de los presupuestos de las comunidades aut¨®nomas. Parece obvio que en la valoraci¨®n de las prestaciones sanitarias y educativas es el criterio de poblaci¨®n y no el del PIB el que debe tomarse en consideraci¨®n, pues, de lo contrario, se producir¨ªa una quiebra insoportable del principio de igualdad.

Siendo as¨ª, es asimismo obvio que si se recurre al criterio del PIB en lugar de al criterio de poblaci¨®n para la fijaci¨®n del techo de d¨¦ficit de cada comunidad aut¨®noma, se est¨¢ desequilibrando el esfuerzo que tiene que hacer cada una de ellas, favoreciendo a aquellas cuyo PIB representa un porcentaje del PIB del Estado superior al porcentaje de su poblaci¨®n y perjudicando a aquellas en las que ocurre lo contrario.

El l¨ªmite del 1,5% exigido uniformemente a cada una de las comunidades supondr¨ªa un esfuerzo fiscal distinto para unas y otras. Madrid ser¨ªa la m¨¢s beneficiada de todas, aunque tambi¨¦n Catalu?a. Andaluc¨ªa ser¨ªa la m¨¢s perjudicada, aunque tambi¨¦n la Comunidad Valenciana. En la pr¨¢ctica, dado el peso de la sanidad y la educaci¨®n, supondr¨ªa una desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud y a la educaci¨®n dependiendo del lugar de residencia de los ciudadanos. No solamente esos derechos se ver¨ªan afectados, ya que el sobreesfuerzo fiscal afectar¨ªa al ejercicio de todas las competencias, pero en tales derechos la incidencia ser¨ªa muy alta.