Privatizaci¨®n

En Chiclana de la Frontera, al sur de la Bah¨ªa de C¨¢diz, sobre la desembocadura del r¨ªo Iro, han contado 15.007 casas construidas al margen de lo que disponen las normas vigentes. Son muchas casas para un pueblo de 80.000 habitantes, y no se trata de casas aisladas, diseminadas y difuminadas por el campo: la mayor¨ªa ¡°se encuentran en asentamientos urban¨ªsticos¡±, como ha reconocido el concejal Andr¨¦s N¨²?ez, encargado del urbanismo hasta la semana pasada, del PP. Pero no son estas casas una excrecencia monstruosa y excepcional, sino un monumento al modo de vivir en la regi¨®n. No son asentamientos nacidos de la decrepitud econ¨®mica. Son un fruto caracter¨ªstico del clima de esplendor econ¨®mico de hace unos a?os.

Entonces florec¨ªa la construcci¨®n como rama del negocio hipotecario y, si la euforia constructora quer¨ªa prescindir de las trabas legales, contaba con la pasividad diligente de los Ayuntamientos, de las Diputaciones, de la Junta de Andaluc¨ªa. Chiclana es un municipio sintom¨¢tico: ha disfrutado largos a?os de gobierno municipal socialista, y m¨¢s largos de gobierno socialista en la Diputaci¨®n de C¨¢diz, y a¨²n m¨¢s largos de gobierno socialista en la Junta. Han sido tiempos de esplendor econ¨®mico incluso para las transacciones sumergidas, lo que algunos llaman corrupci¨®n como sistema ecol¨®gico, esa mezcla magistral de dejadez e hiperactividad pol¨ªtica, trama de cargos p¨²blicos, negociantes, arquitectos, abogados, promotores, alba?iles y otros oficios varios.

En enero de este a?o la Junta vislumbr¨® por decreto la legalizaci¨®n de las casas clandestinas de Chiclana y de 200.000 m¨¢s en toda la regi¨®n. Usaba expresiones como ¡°reconocimiento¡± o ¡°asimilaci¨®n fuera de ordenamiento¡±, palabras inseguras, movedizas, d¨²ctiles, pero dejaba claro desde el pre¨¢mbulo del Decreto 2/2012 que ¡°la regularizaci¨®n no puede suponer coste alguno para la Administraci¨®n¡±, y que, de acuerdo con las leyes, los costes de urbanizaci¨®n e infraestructuras ¡°deben ser soportados por las personas titulares de los terrenos¡±. En Chiclana, sin embargo, se ha ido produciendo con el tiempo una doble urbanizaci¨®n, salvaje y municipal. Los vecinos han recurrido a fosas s¨¦pticas o a viejos caminos, pero tambi¨¦n la costumbre ha ido normalizando lo anormal, asimilando algunas de estas casas al alcantarillado, el asfaltado, los servicios generales del pueblo.

Ahora en Chiclana gobierna el PP en coalici¨®n con el Partido Vecinal Regional, representante de los intereses de los due?os de casas en urbanizaciones ilegales, y la concejal Mar¨ªa Soledad Ayala, del PVRE, se encargar¨¢ del urbanismo y de las obras municipales. Para quien ve la situaci¨®n desde el exterior, esto es muy raro. Es llamativo porque los due?os de las casas se resisten a pagar los gastos de urbanizaci¨®n, es decir, a cumplir las normas, y ahora su representante asume la responsabilidad de hacer cumplir las normas. Alguna l¨®gica debe de tener esta extravagancia.

El desd¨¦n hacia lo p¨²blico es notable en Espa?a, aunque, en realidad, hasta la ense?anza privada sea p¨²blica, con tanto colegio concertado, es decir, pagado con fondos p¨²blicos. Y el PP es un fan¨¢tico de las privatizaciones, ac¨¦rrimo partidario de que todo lo p¨²blico se convierta en privado, partiendo de lo m¨¢s elemental, el agua, por ejemplo, o, qui¨¦n sabe, el aire, si alg¨²n ide¨®logo se atreve pronto a defender la privatizaci¨®n del aire, m¨¢s puro y m¨¢s rentable en manos empresariales. Pero, poco dogm¨¢tico, en caso de necesidad no se niega a la estatalizaci¨®n de empresas en bancarrota. Nadie, empezando por los plut¨®cratas nacionales, desprecia los fondos p¨²blicos, y ahora, en Chiclana, quiz¨¢ el dinero p¨²blico acabe pagando los gastos obligatorios de los constructores furtivos de casas privadas. Los incondicionales de privatizarlo todo pueden llamarle a esto privatizaci¨®n de los fondos p¨²blicos.