La justicia abre la puerta a legalizar el edificio Fenosa amenazado de derribo

Por quinta vez, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apremia al Ayuntamiento de A Coru?a a cumplir antes del 30 de septiembre la sentencia en firme que anula la licencia del c¨¦ntrico edificio Conde de Fenosa. Y por tercera vez, los jueces amenazan con imponer cuantiosas multas coercitivas, hasta 500 euros, por no ejecutar ese fallo que obliga a demoler en parte esta edificaci¨®n de tres bloques con un centenar de viviendas, oficinas y bajos comerciales. La obra fue consecuencia de la licencia concedida por el entonces alcalde, el socialista Francisco V¨¢zquez, que en 1997 autoriz¨® a la inmobiliaria Fadesa a transformar la antigua sede de Fenosa.

Hay una novedad importante en este litigio judicial iniciado hace 15 a?os: el tribunal gallego abre la puerta a que el actual gobierno de Carlos Negreira (PP) resuelva el problema demostrando que es imposible materialmente cumplir esa sentencia. Y explicita los pasos a dar para llegar a esa soluci¨®n. Hasta ahora, recuerdan los jueces, el Ayuntamiento nunca lleg¨® a acreditar razones suficientes para declarar la imposibilidad de demoler parte del edificio.

El TSXG apremia a cumplir la sentencia antes de octubre

En un auto de marzo pasado, el TSXG ya expon¨ªa que el Ayuntamiento ¡°a¨²n pod¨ªa agotar la posibilidad de conseguir la declaraci¨®n de inejecutabilidad¡± del fallo, que declara ilegal las obras por las que se rehabilit¨®, transform¨® y ampli¨® la antigua sede de Fenosa para convertirla en un inmueble residencial. El gobierno local recuerda ese auto de marzo y que est¨¢ tramitando la ejecuci¨®n de la sentencia en sus alegaciones ante el alto tribunal, para responder a la nueva iniciativa de los denunciantes, el arquitecto Valent¨ªn Souto y su c¨®nyuge. Harta de esperar por la ejecuci¨®n de una sentencia que tanto esfuerzo, dinero y tiempo les cost¨® conseguir, la pareja reclam¨® de los magistrados que establecieran medidas y plazos al ayuntamiento para reponer la legalidad, es decir, devolver el edificio a su estado anterior a la licencia de obras declarada ilegal. Y fue lo que los jueces hicieron el pasado d¨ªa 24, con una nueva resoluci¨®n en la que ponen plazos para los tr¨¢mites para la legalizaci¨®n del inmueble.

El alto tribunal recuerda que para este fin es imprescindible que Martinsa-Fadesa presente un proyecto t¨¦cnico que recoja ¡°las obras ejecutadas y las que son necesarias para ajustarse a la legalidad vigente¡±, es decir al plan urban¨ªstico de A Coru?a en vigor, el de 1998, y no el de 1985, a cuyo amparo fue otorgada la licencia anulada. El ayuntamiento tambi¨¦n deber¨¢ presentar ¡°otros documentos sobre el estudio de impacto e integraci¨®n en la est¨¦tica urbana¡± y decidir si concede ¡°una nueva y completa licencia de legalizaci¨®n que podr¨ªa considerar esta sala ajustada a derecho, con la consiguiente demolici¨®n de lo que resultara¡±.

El Ayuntamiento alega que ya est¨¢ ¡°en fase de elaboraci¨®n¡± ese proyecto t¨¦cnico que pidi¨® a la inmobiliaria, y ¡°en fase de estudio¡± un dictamen encargado ¡°sobre la viabilidad t¨¦cnica de la demolici¨®n de las obras de rehabilitaci¨®n¡±, sin que suponga ¡°la demolici¨®n total¡± del edificio. Ambos informes fueron encargados al arquitecto Carlos Trabazo Mol¨ªns. Este ¨²ltimo, que puede cobrar del ayuntamiento hasta 100.000 euros por este contrato de servicios, fue jefe de proyectos y luego gerente de la oficina t¨¦cnica de Fadesa entre 2004 y 2008 ¡ªcuando la inmobiliaria compr¨® la sede de Fenosa y logr¨® licencia para transformarla¡ª, critic¨® ayer el denunciante, Valent¨ªn Souto. En su opini¨®n, es imposible adem¨¢s legalizar la ampliaci¨®n en?2.473 metros cuadrados que hizo Fadesa con respecto al edificio original.

Sin embargo, el alto tribunal, que declara al director de la ¨¢rea municipal de Urbanismo, C¨¦sar Otero Grille, responsable de ejecutar la sentencia, da de plazo hasta el 15 de septiembre para culminar, con la concesi¨®n o no de una nueva licencia, los tr¨¢mites para legalizar el inmueble. La resoluci¨®n definitiva deber¨¢ hacerse antes del 30 de septiembre. De lo contrario, Otero ser¨¢ multado con hasta 500 euros. Y cuarta e importante decisi¨®n del tribunal: si el ayuntamiento decide otorgar una nueva licencia, deber¨¢ abrir ¡°un incidente para resolver lo que proceda sobre la inejecutabilidad del fallo¡±. Es decir, si puede o no ejecutar la sentencia. En caso de no cumplir los plazos o decidir no otorgar esa licencia, el tribunal advierte que derivar¨¢ ¡°en la orden de demolici¨®n¡±.