L¨®pez intentar¨¢ un acuerdo mientras recurre al Constitucional los recortes
El Gobierno cree ¡°peligrosamente ninguneadas¡± sus competencias por Rajoy
El Gobierno autoriz¨® formalmente ayer a sus servicios jur¨ªdicos la interposici¨®n de sendos recursos al Tribunal Constitucional contra siete art¨ªculos (en todo o en parte) de los reales decretos por los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprob¨® el mayor recorte de la democracia en sanidad y educaci¨®n. El Gabinete de Patxi L¨®pez ratific¨® as¨ª ayer en su reuni¨®n semanal la presentaci¨®n de los dos recursos que anunci¨® una vez conocido el contenido de ambos decretos, junto con su negativa a aplicarlos. La raz¨®n es que considera ¡°peligrosamente ninguneadas¡± sus competencias, seg¨²n recalc¨® la portavoz, Idoia Mendia, tras el Consejo de Gobierno.
Art¨ªculos recurridos
- Los reales decretos ley que el Gobierno vasco lleva al Constitucional son el 14/2012, "de racionalizaci¨®n del gasto p¨²blico en el ¨¢mbito educativo", y el 16/2012, "de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar sus prestaciones".
- Los articulos que se recurren en el primero son el 3 (jornada lectiva), el 4 (sustituciones) y el 6. En el caso de este ¨²ltimo se cuestionan los puntos uno, dos, cuatro (por una adici¨®n a la Ley de Universidades) y el cinco en dos apartados.
- Respecto al segundo, los art¨ªculos conflictivos son el 1.2 (qui¨¦nes son los asegurados), el 2.3 y el 2.4 (sobre las carteras de prestaciones y accesoria sujetas a copago), el 4.13 (copago farmac¨¦utico) y el 10.4 (relativo al personal).
El Ejecutivo de L¨®pez agotar¨¢, no obstante, todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo. En paralelo a la presentaci¨®n de los recursos, pedir¨¢ que se constituya la comisi¨®n bilateral entre ambas Administraciones que prev¨¦ la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional. Ello alarga hasta nueve meses el plazo m¨¢ximo para formalizar del todo la demanda ante el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Carta Magna. En esta misma situaci¨®n est¨¢ ya el primero de los recursos planteados por el Gobierno, contra la prohibici¨®n de aportaciones a planes de pensiones de los empleados p¨²blicos. Y el Gabinete tiene en preparaci¨®n una cuarta demanda contra la ampliaci¨®n de la jornada semanal de los funcionarios a 37,5 horas.
En su comparecencia, Mendia sostuvo que el decreto en materia educativa ¡°ignora las competencias¡± de las comunidades aut¨®nomas, que ¡°aparecen peligrosamente ninguneadas¡±.
El Ejecutivo act¨²a contra siete art¨ªculos de los dos decretos ley
La portavoz se mostr¨® convencida de que el Gobierno central no recurrir¨¢ a la v¨ªa judicial para obligar al vasco a aplicar los recortes en Euskadi, m¨¢xime cuando este acude al Constitucional con la petici¨®n a?adida de que se re¨²na la comisi¨®n bilateral.
Lo que el Gabinete aut¨®nomo considera vulnerado en concreto es el art¨ªculo 16 del Estatuto de Gernika, que considera competencia de la comunidad aut¨®noma ¡°la ense?anza en toda su extensi¨®n, niveles y grados, modalidades y especialidades¡±. Y se conculcar¨ªa por la fijaci¨®n del horario m¨ªnimo de clases que deber¨¢ impartir el profesorado y la supresi¨®n de las sustituciones de docentes en los casos de ausencias inferiores a 10 d¨ªas lectivos. Esas disposiciones figuran en los art¨ªculos 3 y 4 del decreto ley. La discrepancia alcanza tambi¨¦n al art¨ªculo 6, sobre el que se considera que existe una interferencia en las facultades que el Sistema Universitario Vasco se atribuye al Departamento de Educaci¨®n. Ese art¨ªculo vulnerar¨ªa incluso el Concierto Econ¨®mico, en la interpretaci¨®n del Gabinete, porque obvia el r¨¦gimen foral al regular cuestiones que ata?en a la estabilidad presupuestaria.
En el caso del decreto que establece los recortes en sanidad, el Gobierno rechaza que se imponga ¡°un sistema centralizado¡±, cuyo resultado es privar a las comunidades aut¨®nomas de todo margen de actuaci¨®n a la hora de decidir qui¨¦n tiene derecho y qui¨¦n no a la asistencia m¨¦dica. Igualmente considera que se ¡°cercena la competencia auton¨®mica¡± en materia de personal funcionario y que el Gobierno popular invade el ¨¢mbito competencial del vasco al reservarse la determinaci¨®n de las prestaciones que estar¨¢n sujetas al copago, atribuirse la regulaci¨®n de su gesti¨®n y la fijaci¨®n a las comunidades de los plazos para reintegrar las cantidades adelantadas por los pensionistas. Cuestiona tambi¨¦n que la Administraci¨®n central aborde ¡°sin l¨ªmites¡± la regulaci¨®n de desarrollo del decreto.
Estos dos recursos se unen a una larga cadena de actuaciones similares que se inici¨® en 1981 con el presentado contra la LOAPA, hasta sumar m¨¢s de una treintena. Se interrumpi¨® en 2000, tras el registrado contra la ley de Partidos, porque los Gabinetes siguientes liderados por el PNV decidieron no acudir m¨¢s al Constitucional al desconfiar de su neutralidad. Si a los recursos se suman los conflictos positivos de competencias la cifra de contenciosos se dobla ampliamente.
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