PSOE y BNG apoyan la moratoria de derribos de la Lei de Vivenda

PSOE y BNG apoyan una moratoria de los derribos de viviendas construidas con licencias que luego los juzgados anulan y ordenan demoler. Ni socialistas ni nacionalistas han pedido en sus enmiendas suprimir o modificar ese par¨®n que el PP quiere introducir en la nueva Lei de Vivenda. Los socialistas, adem¨¢s, solicitan que la Xunta pueda asumir inicialmente, en lugar de los Ayuntamientos, el coste de indemnizar a los propietarios de los edificios construidos de acuerdo a licencias municipales luego anuladas por la justicia.

La nueva Lei de Vivenda que promueve la Xunta incluye una disposici¨®n adicional que dice que se deber¨¢ determinar la responsabilidad patrimonial antes de derribar una edificaci¨®n ilegal construida al amparo de una licencia efectivamente concedida. Esto es, si un Ayuntamiento otorga una licencia a un vecino y este construye pero luego un juzgado declara ilegal el permiso, el municipio deber¨¢ indemnizar al vecino antes de derribarle la vivienda. En la pr¨¢ctica, y como los procedimientos para determinar la responsabilidad patrimonial son complejos, esa nueva disposici¨®n supondr¨¢ una moratoria de los derribos.

Esa disposici¨®n propuesta por el Gobierno gallego implica que una ley auton¨®mica pueda parar la ejecuci¨®n de una sentencia judicial y que se tenga que indemnizar antes de que se produzca ning¨²n da?o, aspectos que presentan serias dudas legales. Tantas que la Asesor¨ªa Xur¨ªdica de la Xunta y el Colegio de Arquitectos se han mostrado en contra y una disposici¨®n similar introducida en una ley de Cantabria est¨¢ pendiente de ser analizada por el Constitucional.

Pese a ello, ninguna de las 98 enmiendas del PSOE ni de las 63 del BNG intentar¨¢n suprimir ni corregir esa disposici¨®n. El diputado Luis Tojo se remiti¨® ayer, en la presentaci¨®n de las propuestas socialistas al proyecto de ley, a ¡°lo que aclare el Tribunal Constitucional¡±.

El PSOE a?ade a la disposici¨®n original otra por la que la Xunta ¡°podr¨¢¡± expropiar los derechos de ese ciudadano al que se debe indemnizar por ¡°la demolici¨®n de su vivienda realizada al amparo de un t¨ªtulo anulado¡±. Esa expropiaci¨®n del derecho a la indemnizaci¨®n supondr¨ªa que la Xunta pagar¨ªa al ciudadano lo que realmente deber¨ªa ser abonado por el Ayuntamiento que otorg¨® mal la licencia. Y con la redacci¨®n del art¨ªculo ¡ª¡°podr¨¢¡±¡ª deja en manos del Gobierno gallego decidir en qu¨¦ casos asume esa expropiaci¨®n. Esto es, ante la crisis de las arcas municipales, de entrada la Xunta indemnizar¨ªa al propietario para que se pudiese derribar su vivienda y luego ya se pondr¨ªan de acuerdo las Administraciones auton¨®mica y local para asumir el coste final, dejando en manos del Gobierno gallego la decisi¨®n discrecional de a qu¨¦ Ayuntamiento ayuda y a cu¨¢l no.

En esa misma l¨ªnea, los socialistas piden que los ciudadanos afectados por un derribo como consecuencia de una licencia mal otorgada tengan mayor facilidad para acceder a una vivienda de protecci¨®n oficial. Por otra parte, el PSOE tambi¨¦n plantea en sus enmiendas que se fije en un mes el tiempo m¨¢ximo para que un Ayuntamiento responda a la petici¨®n de una licencia para obras menores, como el retejado de una vivienda. Superado ese tiempo sin respuesta municipal se considerar¨ªa otorgado el permiso.

Las enmiendas socialistas plantean suprimir la intenci¨®n del PP de limitar el tiempo durante el que una vivienda sigue siendo de protecci¨®n oficial, no reducir las reservas de suelo para vivienda protegida e incrementar su superficie habitable m¨¢xima, eliminar los costes de tramitaci¨®n de la daci¨®n en pago y controlar el gasto energ¨¦tico de las nuevas viviendas.