El 15-M recurre las multas de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid

El registro de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid, en la calle de Garc¨ªa de Paredes, ha tenido esta ma?ana m¨¢s actividad de la habitual. Alrededor de un centenar de integrantes del Movimiento 15-M afectados por las multas cursadas por este organismo ha acudido juntos este mediod¨ªa a presentar recursos contra estas sanciones, a las que consideran nulas o sin la suficiente motivaci¨®n. En algunos casos, como las impuestas por manifestaci¨®n no comunicada, el importe puede alcanzar hasta los 1.000 euros.

Las sanciones proceden de los cuatro d¨ªas de asambleas, comisiones y gritos mudos con los que el movimiento celebr¨® su primer aniversario. Al margen de los 28 detenidos por resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad en los cuatro desalojos de la Puerta del Sol, la polic¨ªa identific¨® a un total de 560 indignados en esta plaza fuera del horario l¨ªmite de las concentraciones autorizadas y remiti¨® los datos a delegaci¨®n, el organismo competente para sancionar. El art¨ªculo 23 de la Ley de Protecci¨®n de Seguridad Ciudadana tipifica como ¡°falta grave¡± supuestos como la negativa a disolver las manifestaciones y reuniones de tr¨¢nsito p¨²blico ordenada por la autoridad. La multa habitual en estos casos es de 300 euros pero variar¨¢ seg¨²n cada caso concreto, seg¨²n la Delegaci¨®n del Gobierno.

Los congregados este mediod¨ªa han formado una larga cola en la calle vigilada por una quincena de agentes antidisturbios, integrantes de la Unidad de Intervenci¨®n Policial (UIP), que permanec¨ªan en los alrededores. Los responsables del Registro de la Delegaci¨®n han permitido la entrada de los activistas de seis en seis, lo que ha motivado que algunos hayan esperado cerca de media hora para poder presentar la documentaci¨®n.

Patricia, una de las responsables de la comisi¨®n de legal del 15-M, ha explicado que se han presentado tres tipos de recurso. La mayor¨ªa correspond¨ªa a personas que fueron sancionadas el 27 de abril con hasta 300 euros por una falta leve de desobediencia o de alteraci¨®n del orden p¨²blico, recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana 1/92. Otras multas correspond¨ªan a los d¨ªas posteriores. Algunas personas han recibido notificaciones en las que se les obliga a pagar hasta 1.000 euros por manifestaci¨®n no comunicada a la Delegaci¨®n del Gobierno.

El tercer tipo de recurso se refiere al derecho constitucional de transparencia de la Administraci¨®n p¨²blica. Los solicitantes han pedido que les informen de cuantos expedientes sancionadores ha puesto este organismo desde el 15 de mayo de 2011, cuando comenz¨® la acampada en la Puerta del Sol.

Las alegaciones se han basado en que los sancionados se muestran disconformes con el relato de hechos que ha recogido la polic¨ªa, en especial la UIP, para tramitar las denuncias. Aseguran que en ning¨²n momento se les orden¨® nada y que existen vicios en el procedimiento.

La Delegaci¨®n del Gobierno tendr¨¢ ahora que resolver si mantiene las sanciones o, por el contrario, las anula por las alegaciones presentadas por los afectados. El acto de protesta ha transcurrido sin incidentes.