Las lealtades pol¨ªticas

Miembros del PP han criticado duramente, hasta pedir su dimisi¨®n, una declaraci¨®n del vicepresidente de la Comisi¨®n Europea, Joaqu¨ªn Almunia, acus¨¢ndolo de ¡°deslealtad con Espa?a¡±. No quiero entrar en este debate pol¨ªtico concreto, pero quiero utilizar el incidente para reflexionar sobre las lealtades de los pol¨ªticos. Es una reflexi¨®n que me he visto obligado a hacer en varios momentos, ya que como catal¨¢n he formado parte del Gobierno espa?ol y como espa?ol he participado en el Gobierno europeo.

Debo empezar diciendo que hay que distinguir claramente entre ¨®rganos representativos (Parlamentos) y ¨®rganos ejecutivos (Gobiernos). Si alguien es elegido diputado al Parlamento espa?ol o europeo por una circunscripci¨®n, es evidente que es, en este ¨®rgano, el representante de sus electores para defender sus intereses y a ellos debe lealtad. Sus votos han de tener en cuenta primariamente estos intereses locales, aunque se le supone un criterio suficiente para evitar que esta defensa perjudique los intereses m¨¢s generales. Los diputados espa?oles en Estrasburgo deben velar por los intereses espa?oles sin olvidar los de la Uni¨®n Europea. Y los diputados catalanes en Madrid tienen la obligaci¨®n de pensar en los intereses de Catalu?a, pero sin dejar de pensar en los intereses del Estado.

Las cosas no son iguales si se trata de ¨®rganos no elegidos ni representativos, es decir, de Gobiernos. Las personas designadas para estos cargos tendr¨¢n sus naturales inclinaciones fruto de su origen territorial, inclinaciones que no necesitan reprimir y que influir¨¢n en sus decisiones. Pero su obligaci¨®n fundamental es ser consecuentes con las obligaciones del ¨®rgano al que pertenecen y ser leales al nombramiento que han aceptado. Dur?o Barroso y Van Rompuy no est¨¢n en Bruselas al servicio de Portugal o de B¨¦lgica, ni Draghi est¨¢ en Francfort al servicio de Italia. Todos ellos tienen la obligaci¨®n de poner por delante los intereses europeos, o estar¨ªan faltando gravemente a su obligaci¨®n.

Los ministros andaluces, o catalanes, o gallegos, no representan en el Gobierno a su tierra, ni est¨¢n en ¨¦l para defender los intereses de su territorio, sino los intereses generales del Estado

En el plano espa?ol, los ministros andaluces, o catalanes, o gallegos, no representan en el Gobierno a su tierra, ni est¨¢n en ¨¦l para defender los intereses de su territorio, sino los intereses generales del Estado. Seguro que su procedencia geogr¨¢fica les hace analizar de forma distinta estos intereses y, por tanto, deben expresar y defender su visi¨®n, hasta el extremo de renunciar a su responsabilidad, dimitiendo, si creen que no se les entiende. Pero no pueden anteponer intereses locales a los del Estado ya que su lealtad principal es esta.

Afortunadamente, es corriente que se puedan conjugar ambos objetivos, o por lo menos esta es mi experiencia. Luchar para conseguir fuertes inversiones industriales de capital extranjero para Espa?a y al mismo tiempo explicar las ventajas objetivas que tiene la periferia de Barcelona para la localizaci¨®n de industrias es algo satisfactorio para un ministro espa?ol. Apoyar la construcci¨®n de una infraestructura transeuropea de inter¨¦s para el conjunto de la UE y crear con ello puestos de trabajo en Espa?a tambi¨¦n es muy agradable para un cargo espa?ol en la Comisi¨®n. Pero hay que actuar lealmente sabiendo que, en los dos casos, el primer objetivo es el fundamental. Pensar que los ministros catalanes est¨¢n en el Gobierno representando a Catalu?a o que los comisarios espa?oles est¨¢n en la Comisi¨®n representando a Espa?a es el origen de muchos conflictos y puede ser la causa de una mala gesti¨®n por su parte, porque no ser¨ªan leales con el compromiso que han adquirido al aceptar el cargo.

La Comisi¨®n ha establecido, con una gran sensatez, que las entidades bancarias no sist¨¦micas, cuyo salvamento tenga un coste para los contribuyentes superior al coste de su liquidaci¨®n, es mejor que desaparezcan. Es decir, que el dinero p¨²blico hay que gastarlo en garantizar los dep¨®sitos de los clientes y no en proteger a directivos y accionistas. De acuerdo con su cargo de vicepresidente, Almunia adelant¨® que las ayudas de la UE al FROB deber¨¢n aplicar esta norma. No entiendo que, aunque al Gobierno espa?ol no le guste, se pueda calificar esta declaraci¨®n de ¡°una deslealtad para con Espa?a¡±. Significa un desconocimiento absoluto de las reglas del juego que aceptan los Gobiernos que acuden a la ayuda europea. ?Ya lo aprender¨¢n!

?Ser¨¢ que algunos entienden las lealtades institucionales y otros se quedan en las lealtades de partido?

Joan Maj¨® es ingeniero y exministro.