La Xunta incentivar¨¢ a la Axencia Tributaria para que sancione m¨¢s
La mayor¨ªa de los objetivos de su memoria priman la recaudaci¨®n ejecutiva
Al igual que ya hace su hom¨®loga estatal, la nueva Axencia Tributaria gallega trabajar¨¢ con unos objetivos fijados de antemano que incentivar¨¢n a sus funcionarios a aumentar el n¨²mero de sanciones y la cantidad de dinero recaudado con ellas. La Xunta dice que ¡°simplemente, el nuevo modelo de gesti¨®n, agencia p¨²blica auton¨®mica, se basa en la fijaci¨®n previa de estos objetivos para su posterior evaluaci¨®n y control, con la consiguiente exigencia de responsabilidad en caso de incumplimiento¡±. Pese a esa nueva exigencia de responsabilidades, asegura que ¡°la fijaci¨®n de estos objetivos no constituye ninguna novedad¡± en la persecuci¨®n del ¡°fraude fiscal ya cometido¡±.
La Axencia Tributaria, el nuevo ente que englobar¨¢ a los departamentos de la Administraci¨®n gallega que ya se encargaban de la recaudaci¨®n y el control de impuestos y tasas auton¨®micas, deber¨ªa estar operativa el pr¨®ximo a?o. Ser¨¢ tras sucesivos retrasos, porque su creaci¨®n ya fue prometida por el bipartito y por el actual Gobierno desde el principio de la legislatura. La ¨²ltima demora impedir¨¢ que los estatutos del nuevo ente, que acaban de iniciar su exposici¨®n al p¨²blico, est¨¦n aprobados antes del verano, como hab¨ªa prometido el presidente Feij¨®o.
Esos estatutos ahora desvelados se limitan a contemplar de forma gen¨¦rica la posibilidad de establecer ¡°incentivos¡± y pagos de ¡°productividad¡± por el rendimiento de cada funcionario. Pero es en la memoria justificativa previa, no divulgada, en la que se avanzan los objetivos que le fijar¨¢ la Xunta al nuevo ente en su contrato-programa. Esos objetivos, con indicadores cuantificables, son los que primar¨¢n las funciones sancionadoras de la nueva agencia por encima de las de ayuda al ciudadano en el pago de sus autoliquidaciones.
La memoria recoge 16 objetivos, de los que siete hacen hincapi¨¦ en el incremento de la recaudaci¨®n ejecutiva, la apertura de expedientes sancionadores o el ingreso de mayores cantidades por multas y retrasos. Con esos siete indicadores se valorar¨¢ la cantidad de dinero a ingresar por actuaciones de control, el n¨²mero de actas de investigaci¨®n selectiva abiertas, el importe recaudado con ellas, el n¨²mero de liquidaciones practicadas ¡°incluidas las derivadas de expedientes sancionadores¡±, el dinero correspondiente a ¡°intereses de demora, recarga y sanci¨®n¡±, los euros totales ingresados por la v¨ªa ejecutiva y el n¨²mero total de actuaciones ejecutivas, incluidas entre otras ¡°notificaci¨®n de providencias¡± o ¡°diligencias de embargo¡±.
La Conseller¨ªa de Facenda argumenta que ¡°a partir de este n¨²mero de actuaciones previstas se estima el volumen de deuda defraudada, que se detectar¨ªa tomando como referencia la deuda detectada en periodos anteriores¡±. Esa estimaci¨®n se incluye como ingresos en los presupuestos auton¨®micos de cada a?o. La duda que no despeja Facenda es si esa preponderancia de objetivos recaudadores podr¨ªa provocar exceso de celo por parte de los inspectores, presionados por los indicadores, lo que arrojar¨ªa resultados espurios del trabajo del ente.
Tampoco aclara por qu¨¦ ese hincapi¨¦ en los objetivos de recaudaci¨®n sobre el resto. Porque frente a esos siete indicadores, solo cinco medir¨¢n la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, analizando variables como el n¨²mero de solicitudes de informaci¨®n, el tiempo medio de tramitaci¨®n de recursos y de resoluci¨®n de aplazamientos, el porcentaje de documentos presentados por v¨ªa telem¨¢tica o el grado de asistencia en la campa?a de la Renta.
Otros cuatro indicadores se fijan en las cantidades totales recaudadas o en el n¨²mero de actuaciones de comprobaci¨®n o de valoraciones e informes que realiza el ente. Por otra parte, lo que s¨ª contemplan los estatutos es que en su caso el personal directivo sea funcionario, aunque pueda ser elegido a dedo. Esta exigencia contrasta con los estatutos de otros entes paralelos, que permiten al Gobierno gallego fichar a sus directivos fuera del sector p¨²blico.
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