La Xunta se enreda con Telmo Mart¨ªn
El pleito por el ¡®perd¨®n¡¯ de tres millones a Construcuatro se basa en que el edificio de Silgar carece del preceptivo permiso sectorial del Gobierno gallego
Los ¨²nicos informes conocidos de t¨¦cnicos de la Xunta sobre el edificio de Construcuatro en la playa de Silgar, en Sanxenxo, son los del expediente sancionador, y nadie ha cuestionado su rigor. A la empresa de Telmo Mart¨ªn ¡ªalcalde entonces de la localidad¡ª, seg¨²n concluy¨®, le correspond¨ªa pagar una sanci¨®n de tres y pico millones de euros y reponer la legalidad urban¨ªstica. Luego irrumpieron como en comedia de enredo Cristina Paz-Curbera y Llovet, t¨¦cnica de la Demarcaci¨®n de Costas de Pontevedra, y Enrique L¨®pez Veiga, a la saz¨®n conselleiro de Pesca y ahora senador. L¨®pez Veiga condon¨® aquella sanci¨®n con el aval de un informe de Paz-Curbera y aun exponiendo en su resoluci¨®n que no era de su competencia concluir el expediente, que ya es enredo. Tuvieron que pasar cinco a?os para que el Tribunal Supremo lo desenredara.
En una sentencia de medio folio, el alto tribunal dictamin¨® en junio de 2011 que, efectivamente, por la cuant¨ªa de la sanci¨®n, solo el Consello de la Xunta pod¨ªa retirar la multa al constructor y dirigente del PP. El expediente volvi¨®, pues, al momento en que sus t¨¦cnicos formularon la propuesta de sanci¨®n. El Consello de la Xunta de Feij¨®o, sin embargo, con nuevos ¡°informes t¨¦cnicos¡± que hurta al Parlamento, seg¨²n aflor¨® en su ¨²ltimo debate, aprob¨® en septiembre ¡°convalidar¡± el sobreseimiento que resolvi¨® L¨®pez Veiga ¡ªm¨¢s enredo¡ª y condonar as¨ª la sanci¨®n a Construcuatro.
¡°Fue una carallada¡±, sostiene Paz-Curbera. Las esquinas de la fachada del edificio de Construcuatro, en primera l¨ªnea de la playa de Silgar, distan 18,20 y 17.81 metros respectivamente de la l¨ªnea del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre. Tendr¨ªan que estar a 20 metros, como ordena la Ley de Costas (1988) y lo hac¨ªan las normas subsidiarias del urbanismo local (1990). Pero el edificio creci¨® sin que los vigilantes de Costas, contra lo habitual en otros casos, realizaran ning¨²n informe sobre la obra, pese a lo visible y emblem¨¢tico del lugar. Hasta que la asociaci¨®n ecologista Salvemos Pontevedra denunci¨® la infracci¨®n.
En Sanxenxo gobernaba Telmo Mart¨ªn (1999-2007) y al enredo se suman los dos organismos hermanados con competencias en la disciplina urban¨ªstica del litoral, la Demarcaci¨®n de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y el Servicio de Usos do Litoral, de la Conseller¨ªa de Pesca. El primero lo dirig¨ªa Jos¨¦ Antonio Rueda Crespo, padre del actual conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y su t¨ªa Paloma era la delegada de Pesca en Pontevedra. Esta coincidencia cobra relieve por el empe?o personal del conselleiro Rueda en promover de nuevo a Paz-Curbera para la jefatura de Costas, que ya desempe?¨® despu¨¦s de su padre.
En la Demarcaci¨®n de Costas Paz-Curbera es responsable desde 1999 del servicio de Dominio P¨²blico, cargo que compatibiliz¨® con la jefatura provincial de Costas (2004-2009) y en el que no ha cesado tras recuncar en esa jefatura en abril pasado.
En Sanxenxo el deslinde de Costas comenz¨® en 1998 y 14 a?os despu¨¦s a¨²n no ha conclu¨ªdo, lo que tambi¨¦n contribuye a enredos. En la exposici¨®n inicial del plan general aprobado por el Ayuntamiento en 2003, por ejemplo, en los planos de la Direcci¨®n General de Costas la l¨ªnea de protecci¨®n part¨ªa en dos el chalet de la propia Paz-Curbera; en los definitivos del plan, sin embargo, lo salvan con una extra?a par¨¢bola hasta el l¨ªmite de la piscina.
En 2005, en el ¡°informe aclaratorio¡± para L¨®pez Veiga sobre el edificio de Silgar, Paz-Curbera alude a las arduas dificultades encontradas para fijar la l¨ªnea de protecci¨®n en la zona y atribuye a un hipot¨¦tico ¡°error de grafiado¡± de los propios planos de Costas la induci¨®n a la infracci¨®n de Construcuatro. Pero en la tramitaci¨®n del expediente sancionador, seg¨²n t¨¦cnicos de Costas consultados, no existe ning¨²n acto ni resoluci¨®n administrativa de Costas o de Usos do Litoral que, bas¨¢ndose en supuestos planos err¨®neos, determinara la infracci¨®n de la construcci¨®n. El ¡°error¡± que descubre Paz-Curbera remite a que ¡°en un primer momento¡± la l¨ªnea se marc¨®, absurdamente, a 19 metros, distancia que, por lo dem¨¢s, tambi¨¦n invade el edificio.
Este enredo, con todo, a d¨ªa de hoy se vuelve irrelevante. El Tribunal Superior de Xustiza ha admitido a tr¨¢mite el contencioso de Salvemos Pontevedra contra el acuerdo de condonar la sanci¨®n a Construcuatro porque su edificio invade la zona de protecci¨®n ¡°careciendo de la preceptiva autorizaci¨®n sectorial de la Xunta¡±, el quid de la cuesti¨®n, ya que Construcuatro ni siquiera lleg¨® a pedirla. Por esta ¡°carallada¡±, en fin, ¡°el pobre Telmo Mart¨ªn¡± est¨¢ siendo v¨ªctima de ¡°una canallada¡±, seg¨²n Paz-Curbera, o de una ¡°persecuci¨®n inadmisible¡± por pate de la oposici¨®n, seg¨²n el conselleiro Agust¨ªn Hern¨¢ndez. Para enredar lo obvio.
Otra vara de medir para un vecino de Vigo
Jos¨¦ Ram¨®n Quiroga, peque?o empresario constructor, decidi¨® hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia, en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garant¨ªas de que el terreno ser¨ªa recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobaci¨®n se hac¨ªa en 2006 inminente. En septiembre de ese a?o, el Seprona le paraliz¨® la obra por encontrarse a unos 50 metros del mar, ¡°dentro de la zona de servidumbre de Costas, que es de 100 metros¡±. La denuncia se tramit¨® al Servicio Provincial de Costas, que a su vez la remiti¨® en diciembre a la Delegaci¨®n Provincial de Protecci¨®n do Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paraliz¨® la instrucci¨®n penal paralela por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio.
Despu¨¦s de m¨¢s tres a?os de calvario judicial, Quiroga pact¨® una pena rebajada con la fiscal¨ªa: seis meses de prisi¨®n, inhabilitaci¨®n profesional, multa, demolici¨®n de lo construido y devoluci¨®n del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la sentencia estaba plenamente ejecutada y, un a?o despu¨¦s, en febrero de 2011, el Servicio de Costas de Pontevedra comunic¨® a Quiroga su ¡°rectificaci¨®n de un manifiesto error de hecho¡±: el linde de protecci¨®n en la zona de marras, donde ¨¦l se hac¨ªa la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo aprobado as¨ª la Direcci¨®n General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio P¨²blico y del propio Servicio Provincial de Costas, seg¨²n parece, no se enter¨®. Tampoco la fiscal¨ªa.
Quiroga atribuye a Costas, por error o negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el n¨²mero del expediente que le abri¨® Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a facilitarle. El ¡°error¡± fue reconocido de oficio por el anterior jefe de Costas, Crist¨®bal Fern¨¢ndez. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.
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