Botella y Aguirre limitan el intercambio a centros de mayores y de drogadictos

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han cerrado la primera fase del acuerdo pol¨ªtico para evitar que las dos Administraciones ofrezcan servicios id¨¦nticos a los ciudadanos. Esto no supone en principio que se eliminen prestaciones, sino que algunas de ellas cambiar¨¢n de manos a partir del a?o que viene para que cada competencia dependa ¨²nicamente de una Administraci¨®n.

El documento que firmar¨¢n esta ma?ana la presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), determina en primer lugar los servicios en los que la oferta de ambas Administraciones se solapan: centros de mayores; centros de d¨ªa para mayores; centros residenciales para mayores; centros de atenci¨®n a la discapacidad; ayuda a domicilio; bibliotecas y bibliometros; centros culturales; drogodependencias; asistencia sanitaria; asistencia sanitaria de urgencia; atenci¨®n telef¨®nica de urgencia; instalaciones deportivas; albergues juveniles; escuelas infantiles; vivienda y empleo.

En esta primera fase no se contemplan todos esos servicios, sino solo los que por su naturaleza resultan m¨¢s f¨¢ciles de transferir. Aquellos que entra?aban el m¨ªnimo escollo han sido postergados.

La Comunidad pondr¨¢ en manos municipales 17 centros de mayores; un centro cultural; dos instalaciones deportivas y tres albergues juveniles. El Ayuntamiento entregar¨¢ tres residencias de mayores, siete centros de drogodependientes, dos centros de atenci¨®n a discapacitados, siete bibliometros, y el tel¨¦fono de urgencias.

300 empleados afectados

El acuerdo, que afecta a 300 empleados y 41,1 millones de presupuesto, es mucho menos ambicioso de lo que se ven¨ªa negociando desde oto?o, y deja fuera, por ejemplo, bibliotecas y servicios de emergencia, unos traspasos que el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ten¨ªa pr¨¢cticamente cerrados. Pasa a la p¨¢gina 2

Esta racionalizaci¨®n de competencias fue una de las promesas de Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP) tras ganar las elecciones de mayo de 2011. Aguirre recogi¨® el guante e impuls¨® una comisi¨®n en la Asamblea ¡ªdonde hab¨ªa revalidado su mayor¨ªa absoluta¡ª para determinar c¨®mo hacerlo.

Sin embargo, en paralelo ambas Administraciones iniciaron una negociaci¨®n. La raz¨®n viene explicada en el dictamen de la comisi¨®n parlamentaria: ¡°Madrid, tanto por su condici¨®n pol¨ªtica de capital de Espa?a, como por su poblaci¨®n de m¨¢s de 3.200.000 habitantes, y por su capacidad espec¨ªfica a la hora de garantizar la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos, ser¨¢ objeto de una delimitaci¨®n competencial espec¨ªfica de com¨²n acuerdo con el propio Ayuntamiento¡±.

El dictamen de la Asamblea, conocido a principios de mayo, considera competencia exclusiva municipal estos servicios: atenci¨®n social primaria, bibliotecas, centros culturales, centros y albergues juveniles, instalaciones deportivas, escuelas infantiles, casas de ni?os y escuelas de m¨²sica. Concluye adem¨¢s que son competencia exclusiva regional los siguientes: atenci¨®n social especializada; prevenci¨®n, promoci¨®n de la salud y asistencia sanitaria; transporte de enfermos; drogodependencias; tel¨¦fonos de emergencias; centros de educaci¨®n de adultos; pol¨ªticas activas de empleo y vivienda.

Los contactos de Comunidad y Ayuntamiento permitieron llegar a un primer acuerdo en oto?o: Gallard¨®n entreg¨® el 75% de las acciones del metro a la Comunidad, que pose¨ªa el resto; el usufructo y los derechos pol¨ªticos ya estaban cedidos al Consorcio Regional de Transportes, en el que el Ayuntamiento mantuvo representaci¨®n. As¨ª, el alcalde dej¨® la gesti¨®n del servicio en manos de Aguirre a cambio de ahorrarse el abono cada a?o del 50% de sus costes de explotaci¨®n (en 2011 fueron 159 millones).

Gallard¨®n abandon¨® la alcald¨ªa para ser ministro de Justicia en diciembre, pero su edil de Hacienda, Juan Bravo, hab¨ªa dejado muy avanzada ya la primera fase de la negociaci¨®n, que rubrican hoy Aguirre y la nueva alcaldesa, Ana Botella. Este acuerdo entrar¨¢ en vigor el 1 de enero de 2013 y se ver¨¢ reflejado en los presupuestos de ese a?o.

Para la segunda fase quedan los siguientes servicios: centros de d¨ªa para mayores; ayuda a domicilio; bibliotecas; asistencia sanitaria; asistencia sanitaria de urgencia; instalaciones deportivas; escuelas infantiles; vivienda y empleo. En estos casos la negociaci¨®n es m¨¢s complicada por motivos laborales (implica a muchos funcionarios), econ¨®micos o pol¨ªticos (el Ayuntamiento, por ejemplo, no quiere perder sus competencias en empleo).

Reforma legislativa

El acuerdo firmado hoy implica que cerca de 200 trabajadores de los centros municipales de atenci¨®n a drogodependientes pasen a la Comunidad. El conocido como Instituto de Adicciones, que incluye adem¨¢s cuatro centros concertados m¨¢s, pasar¨¢ a integrarse previsiblemente en la Agencia Antidroga regional. Sus trabajadores llevan meses protestando ante esta posibilidad, al considerar que supone desmantelar un servicio puntero y abandonar el modelo de referencia impulsado por Gallard¨®n. Adem¨¢s, 50 polic¨ªas municipales que atienden en tres turnos las llamadas urgentes al 092 pasar¨¢n, seg¨²n el Ayuntamiento, a reforzar las patrullas en las calles, toda vez que el servicio se integrar¨¢ en el 112. Por parte de la Comunidad, unos 115 empleados de los centros de mayores se transferir¨¢n al Ayuntamiento.

Las dos Administraciones aseguran que los derechos de los trabajadores ¡°en general se mantendr¨¢n¡±. ¡°No obstante, habr¨¢ que estar a lo que disponga la ley auton¨®mica reguladora de la transferencia que al efecto se apruebe. Y que luego se concretar¨¢ en los acuerdos de la comisi¨®n mixta de transferencias¡±. Las medidas no han sido negociadas con los sindicatos, con los que se promete hablar a partir de hoy.

Este acuerdo requiere una reforma de la Ley de Pacto Local aprobada en 2003 por la Comunidad, dado que esta preve¨ªa la transferencia de competencias regionales a los municipios, pero no el proceso contrario.