Mendia esgrime el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n frente al fiscal general

¡°Rotundamente no¡±. Ninguna competencia vasca recorrer¨¢ el camino de vuelta a manos de la Administraci¨®n del Estado, asegur¨® ayer la portavoz del Gobierno Idoia Mendia, consejera de Justicia y, por tanto, directamente concernida por la sugerencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce en ese sentido. Torres-Dulce consider¨® el lunes ¡°un error¡± el traspaso de los medios materiales y del personal de la administraci¨®n de Justicia a las comunidades aut¨®nomas, fuente, a su juicio, de un mal funcionamiento.

Esta fue una de las tres cuestiones en las que la portavoz tuvo que pronunciarse sobre actuaciones u opiniones de autoridades del Estado que entiende que cuestionan el autogobierno y la capacidad decisoria de la administraci¨®n vasca. Las otras dos fueron el aumento de los d¨ªas festivos de horario libre en las zonas tur¨ªsticas y la otra las advertencias del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, y cargos del PP respecto del incumplimiento de la ley que supone, en su opini¨®n, no aplicar en Euskadi el real decreto de recortes en materia sanitaria.

La portavoz aclar¨® que en esta ¨²ltima materia el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha formalizado ning¨²n requerimiento oficial. Por ahora, lo ¨²nico que hay son declaraciones cr¨ªticas y consejos te?idos de advertencia. El Gobierno central parece estar sopesando con mucho cuidado la situaci¨®n antes de dar el paso de un recurso contra el decreto vasco. Este tendr¨ªa efecto suspensivo y endosar¨ªa al PP vasco la culpa de que en Euskadi hubiera tambi¨¦n, desde ese mismo momento, que pagar m¨¢s por las medicinas o se restringiera el uso de la tarjeta sanitaria.

El ministro de Justicia conoce la posici¨®n vasca desde el 7 de mayo

Mendia, para quien lo ¨²nico que ha hecho el Gobierno vasco es evitar que ¡°los ciudadanos vascos sufran las consecuencias¡± del decreto Rajoy, no descart¨® que ese requerimiento pueda llegar: ¡°El Gobierno de Espa?a ha hecho ya otros a leyes vigentes o en tramitaci¨®n¡±, adujo. Incluso consider¨® natural que la cuesti¨®n pueda terminar en los tribunales. ¡°En una democracia, las diferencias se dirimen en los ¨®rganos creados para ello, y, cuando no es as¨ª, se acude a los tribunales¡±

La portavoz apel¨® en dos ocasiones a la Constituci¨®n, y, en concreto, a su T¨ªtulo VIII, el referido a la organizaci¨®n territorial del Estado. ¡°Lo ¨²nico que espero es que se cumpla con el T¨ªtulo Octavo, que se respete el reparto de competencias y no se usen las circunstancias econ¨®micas para reformar la constituci¨®n por la puerta de atr¨¢s¡±, dijo.

Ese argumento le sirvi¨® tambi¨¦n para rechazar el planteamiento del fiscal general, que fue claro en su intervenci¨®n el lunes en un curso de verano en Aranjuez en su reclamaci¨®n de una recentralizaci¨®n de la Justicia. La portavoz record¨® que ya se opuso, en su condici¨®n de consejera de Justicia, a cualquier planteamiento de recuperaci¨®n de competencias por la administraci¨®n del Estado en el consejo sectorial presidido por el ministro Alberto Ruiz Gallard¨®n celebrado el 7 de mayo. ¡°Manifest¨¦ nuestra m¨¢s completa oposici¨®n¡±. ¡°Este gobierno cree firmemente en el auto gobierno¡±, consagrado en ese t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, que volvi¨® a mencionar. El desarrollo auton¨®mico, a su amparo, ha producido ¡°riqueza e igualdad a toda Espa?a¡±. En aquella reuni¨®n se acord¨® incrementar la colaboraci¨®n entre comunidades, pero nada no en ceder ¡°ni la justicia ni ninguna otra competencia¡±. ¡°Yo no voy a renuncia a una competencia de mi estatuto y menos la de Justicia¡±, asever¨®, en referencia impl¨ªcita a su condici¨®n de responsable de ella.

Mendia finalmente inform¨® de la firma del convenio de colaboraci¨®n entre las comunidades aut¨®nomas de la zona norte en incidentes con m¨²ltiples v¨ªctimas. El convenio incluye a Arag¨®n, Asturias, Cantabria, Castilla y Le¨®n, Galicia, La Rioja, Navarra y Pa¨ªs Vasco, y est¨¢ destinado a la colaboraci¨®n en la gesti¨®n de incidentes con m¨²ltiples v¨ªctimas y que requieran que las actuaciones sanitarias se efect¨²en de forma conjunta, con independencia de la comunidad donde se origine el incidente.