¡°Yo no ten¨ªa que analizar expedientes, para eso est¨¢n los t¨¦cnicos¡±

Por encima de los cuatro delitos continuados que le imputa la juez Mercedes Alaya al ex director general de Trabajo Juan M¨¢rquez, su extensa declaraci¨®n judicial denota un desprecio a la legalidad y una alarmante falta de diligencia en un ex alto cargo del Gobierno andaluz. M¨¢rquez dio la impresi¨®n de desconocer las m¨¢s elementales normas de procedimiento para conceder 154 millones en ayudas durante sus dos a?os de gesti¨®n (2008-2010). M¨¢rquez transmiti¨® una aparente serenidad al relatar detalles escandalosos como la destrucci¨®n de expedientes en la Consejer¨ªa: ¡°Se tiraron tabiques, se desplazaron mesas y armarios (...) los expedientes m¨¢s antiguos se trasladaron a los servicios centrales y algunos todav¨ªa m¨¢s antiguos se destru¨ªan¡±.

En solo dos a?os, M¨¢rquez ignor¨® tres investigaciones tras las que pudo haber frenado el sistema con ¡°ausencia de control¡±: la primera en abril de 2009 pedida por la Agencia Tributaria para analizar las empresas ficticias del ch¨®fer de Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo (ambos encarcelados); la segunda elaborada por la firma Price-Waterhouse Coopers sobre las empresas de los exconcejales socialistas Jos¨¦ Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, que ¡°carec¨ªan de trabajadores y de actividad¡± pero segu¨ªan cobrando subvenciones millonarias; y finalmente un tercer informe elaborado por el bufete Garrigues, que indicaba que M¨¢rquez no era competente para dar las ayudas y que la normativa comunitaria estaba siendo incumplida, entre otras irregularidades.

Pero sobre todo la juez le achaca haber conocido que varios intrusos percibieron p¨®lizas ilegales, y no hacer nada: ¡°No orden¨® que se paralizaran los pagos, ni el reintegro de las cantidades ileg¨ªtimamente percibidas como era su obligaci¨®n presuntamente, ni tampoco cumpli¨® con su deber de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial ante la apariencia de los mismos de infracci¨®n criminal¡±.

La negligencia de M¨¢rquez lleg¨® a extremos incre¨ªbles. El ex director general concedi¨® 450.000 euros a la empresa Pack Sur, pese a que el empresario en persona avanz¨® que el dinero servir¨ªa para ¡°salvar los patrimonios personales de los socios, presentar concurso de acreedores y cerrar¡± y esto se reflej¨® en un informe interno de Empleo. Nada de creaci¨®n de riqueza ni mantenimiento de puestos de trabajo. El dinero p¨²blico viaj¨® directamente a los bolsillos de los socios de esta empresa jerezana, hoy en suspensi¨®n de pagos.

M¨¢rquez ejerci¨® como ex director general, pese a que solo contaba con el Bachiller y carec¨ªa de estudios superiores. Conceptos como transferencias de financiaci¨®n le superaban: ¡°Nadie me explic¨® su uso. Me he enterado de la existencia de las transferencias de financiaci¨®n a ra¨ªz de este proceso judicial¡±. ?Ment¨ªa el imputado o realmente pudo gestionar su departamento sin conocer el instrumento de pago que utilizaba? ¡°Soy un pol¨ªtico, no soy ning¨²n gestor administrativo¡±, replic¨® cuando se evidenci¨® la nula fiscalizaci¨®n previa del gasto en cada subvenci¨®n. ¡°Mi cometido no era analizar los expedientes, para eso est¨¢n los t¨¦cnicos. Yo confiaba¡±, aleg¨®.

M¨¢rquez abund¨® en su claro desprecio por la ley cuando despu¨¦s de haber encargado el informe de Garrigues para identificar las irregularidades, coment¨®: ¡°No he le¨ªdo el informe en ninguna de sus versiones, porque no tengo tiempo para leer un documento de 200 p¨¢ginas¡±. La magistrada le replic¨® que el informe se lee en media hora, y este le contest¨® que ¨¦l necesitar¨ªa un a?o. Ni siquiera ley¨® un informe ejecutivo que le prepar¨® su asesora. ¡°Desconoc¨ªa la normativa europea (...) A lo mejor no fui todo lo diligente que deb¨ª haber sido¡±, reconoci¨® en otro momento.

La juez Alaya le formul¨® ciertas preguntas en ocasiones cinco y hasta diez veces, seg¨²n refleja el acta del secretario.