La Audiencia de Madrid anula tambi¨¦n el an¨¢lisis del m¨®vil de Barrab¨¦s que autoriz¨® el juez del caso de Bego?a G¨®mez

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a dar un varapalo a la instrucci¨®n del caso de Bego?a G¨®mez que dirige el titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, al anular el an¨¢lisis del m¨®vil y los dispositivos inform¨¢ticos del empresario Juan Carlos Barrab¨¦s autorizados por el juez.

En un auto al que ha tenido acceso EL PA?S, los magistrados de la Secci¨®n 23 estiman los recursos de apelaci¨®n que presentaron la Fiscal¨ªa y Barrab¨¦s contra la decisi¨®n de Peinado de proceder al ¡°desprecinto, clonado y volcado de los efectos inform¨¢ticos en la diligencia de entrada y registro de los domicilios de Barrab¨¦s y de su grupo de empresas¡±. La Audiencia ordena ahora ¡°la destrucci¨®n de las copias obtenidas¡± en esa actuaci¨®n, por la que el juez autorizaba clonar los contenidos de una tableta, dos port¨¢tiles, un m¨®vil y tres cuentas de email del empresario.

Los magistrados que firman el auto ¡ªMar¨ªa del Rosario Esteban, Jes¨²s G¨®mez-Angulo y Enrique Jes¨²s Berg¨¦s¡ª se?alan que en este caso la decisi¨®n de Peinado ¡°adolece de la misma insuficiente motivaci¨®n¡± que la decisi¨®n de registrar el domicilio del empresario, una decisi¨®n anulada hace seis d¨ªas. En efecto, la Audiencia anul¨® el registro que se realiz¨® el pasado agosto en el domicilio del empresario Carlos Barrab¨¦s y en la sede social de sus empresas, en el que se requisaron varios dispositivos electr¨®nicos, como m¨®viles y discos duros.

El auto, publicado este mi¨¦rcoles, afea la decisi¨®n de Peinado: ¡°No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es l¨ªcito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, as¨ª la dignidad, la intimidad, etc¨¦tera dentro de los par¨¢metros fijados en la ley¡±.

El auto de la Audiencia Provincial se?ala que se ha vulnerado el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, porque entiende que de los contratos de Barrab¨¦s ¡°indicios ni de irregularidad, ni de criminalidad¡± y censura que la trascendencia social del caso, que considera ¡°incuestionable¡±, ¡°no debe confundirse en modo alguno con escarnio p¨²blico¡±. Adem¨¢s, se?ala que la decisi¨®n de cuantos dispositivos electr¨®nicos de almacenamiento masivo de datos que estuvieran en el lugar del registro de ¡°extensa y desproporcionada¡±

Peinado dict¨® el pasado 22 de agosto la entrada y registro de la vivienda de Barrab¨¦s y en la sede de sus empresas por su imputaci¨®n como investigado en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, a quien Peinado investiga por presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, corrupci¨®n en los negocios, intrusismo y apropiaci¨®n indebida durante su trabajo como docente, codirectora de dos m¨¢steres propios y la c¨¢tedra extraordinaria. Barrab¨¦s, que se encontraba hospitalizado durante el registro, interpuso a trav¨¦s de su abogado un recurso contra la orden de registro ante la Audiencia Provincial, que resuelve ahora a su favor.

El juez Peinado imput¨® al empresario tras admitir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, en el que acusaba a Bego?a G¨®mez de tr¨¢fico de influencias y tr¨¢fico en los negocios para beneficiar al empresario a conseguir varias concesiones p¨²blicas. Peinado cit¨® en julio como testigo a Barrab¨¦s y, tras tomarle declaraci¨®n, lo imput¨® unos d¨ªas despu¨¦s. Lo hizo a pesar de que la UCO ya hab¨ªa analizado en dos informes la vinculaci¨®n entre el empresario y la esposa del presidente, sin encontrar irregularidades en las adjudicaciones p¨²blicas concedidas al grupo empresarial de Barrab¨¦s por la entidad Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Econom¨ªa. Despu¨¦s de imputarle, el magistrado orden¨® el registro en las sedes de sus empresas, en su casa y en el hospital.

El abogado de Barrab¨¦s solicit¨® en sus alegaciones la anulaci¨®n del registro ¡°por falta de motivaci¨®n f¨¢ctica suficiente¡± y la ¡°ausencia de indicios¡± delictivos en las adjudicaciones p¨²blicas. ¡°La resoluci¨®n que lo acuerde [el registro] debe afirmar los s¨®lidos motivos en los que se funda la sospecha de comisi¨®n de hechos delictivos, junto con el resto de las exigencias constitucionales y ello debe ser razonado en el auto, lo que en la resoluci¨®n que nos ocupa se ha omitido clamorosamente¡±.