El Gobierno ir¨¢ al TC tras fracasar la reuni¨®n bilateral sobre Itzarri
El desacuerdo en los recortes sanitarios y educativos apunta un desenlace similar
Ya es definitivo. El Gobierno formalizar¨¢ su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el primer decreto de recortes dictado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el 30 de diciembre de 2011, el que estableci¨®, entre otras medidas, la prohibici¨®n de realizar aportaciones p¨²blicas a planes de pensiones.
?El Ejecutivo no agotar¨¢ los nueve meses de plazo, que cumplen a finales de septiembre, para alcanzar un acuerdo en la comisi¨®n bilateral constituida por representantes de ambas administraciones, tras revelarse ayer imposible llegar a un punto de confluencia, seg¨²n indicaron fuentes del Gobierno.
La comisi¨®n, reunida ayer en el Ministerio de Hacienda, debati¨® durante dos horas sobre la competencia o no del Gobierno vasco para decidir por s¨ª mismo s¨ª realiza o no aportaciones, y en qu¨¦ cuant¨ªa, a Itzarri, la sociedad de previsi¨®n de los funcionarios de la administraci¨®n general de la comunidad aut¨®noma.
El Ejecutivo L¨®pez alegar¨¢ invasi¨®n competencial del Estatuto de Gernika
Los asistentes por parte vasca fueron la viceconsejera de R¨¦gimen Jur¨ªdico, Amaia Ortiz, y el viceconsejero de Funci¨®n P¨²blica, Juan Carlos Ramos, que defendieron la competencia auton¨®mica y entendieron que el decreto del Ejecutivo central invade un terreno de acci¨®n del autogobierno vasco.
Las fuentes consultadas en el Gobierno vasco mostraron sus reservas, tras el resultado de esa primera comisi¨®n, respecto de los que puedan arrojan las que se celebren para tratar los dos reales decretos que contienen las medidas en materia sanitaria y de copago farmac¨¦utico, por un lado, y de recortes en la educaci¨®n, por otro.
Tanto en el caso tratado ayer como en los otros dos los motivos que aduce el Gobierno de Patxi L¨®pez son los mismos: la invasi¨®n competencial en terrenos que considera de su exclusiva incumbencia, seg¨²n el Estatuto de Gernika.
Este primer decreto que recurrir¨¢ al TC el Gobierno es el que recogi¨® la congelaci¨®n salarial y de la antig¨¹edad para los funcionarios as¨ª como la ampliaci¨®n de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas. El informe jur¨ªdico encargado en enero a los servicios del Gobierno para aclarar qu¨¦ extremos eran de obligado cumplimiento y cu¨¢les no determin¨® que s¨ª lo eran las medidas salariales, pero no la ampliaci¨®n de la ampliaci¨®n de la jornada ni tampoco la cuesti¨®n de las aportaciones a planes de pensiones.
Las aportaciones, que en 2011 eran de 53 millones, no se han realizado
El Ejecutivo, que ya redujo esas aportaciones dentro de las medidas de ahorro que pact¨® con los sindicatos en 2010, defiende su competencia exclusiva, aunque no ha realizado la aportaci¨®n. Si esta se mantiene en su montante habitual, supondr¨ªa un gasto de 53 millones, seg¨²n cifras de 2011.
Pese a que las otras comisiones bilaterales, las relativas a los recortes en sanidad y educaci¨®n, se constituir¨¢n y se reunir¨¢n tambi¨¦n, todo indica que el acuerdo en ellas ser¨¢ tambi¨¦n previsiblemente imposible. El objeto de esas comisiones es tratar de ¡°evitar judicializar los asuntos¡±, en palabras de la consejera de Justicia y portavoz, Idoia Mendia, pero las posibilidades son muy escasas.
La contestaci¨®n a los decretos de recortes sociales dictados por el Ejecutivo central se han convertido en un elemento crucial de choque entre ambos Gobiernos, en coherencia con las distintas posiciones de dos partidos antag¨®nicos como el PP y el PSE-EE.
Las posturas aparecen cada vez como m¨¢s irreconciliables, toda vez que el vasco considera invadido su ¨¢mbito competencial estatutario y discrepa adem¨¢s pol¨ªticamente de la efectividad de las medidas que dicta el Gobierno del PP. El Ejecutivo de Patxi L¨®pez cree que no conseguir¨¢n la contenci¨®n del d¨¦ficit que persigue con ellas, mientras promueve otras recetas que ha ya aplicado en la comunidad aut¨®noma, en lo que ha bautizado como modelo Euskadi y que, seg¨²n las cifras que facilita, est¨¢n permitiendo realizar importantes ahorros sin afectar gravemente a los servicios. Es el caso de la sanidad, donde el consejero, Rafael Bengoa, defiende la transformaci¨®n que ha iniciado en el sistema vasco de salud como mucho m¨¢s eficaz para el ahorro y el uso eficiente de los recursos p¨²blicos. En Educaci¨®n, el departamento de Isabel Cel¨¢a tiene en preparaci¨®n tambi¨¦n su recurso, aunque la comisi¨®n bilateral no tiene fecha todav¨ªa, igual que en el caso de Sanidad.
En cambio, s¨ª hubo acuerdo en los requerimientos del Gobierno central sobre las leyes de la autoridad vasca de la Competencia y de las personas consumidoras y usuarias, y, por tanto, Madrid no recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional.
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