El S¨ªndic pide m¨¢s competencias para controlar los casos de corrupci¨®n
Rafael Vicente Queralt propone una ley general de fiscalizaci¨®n y revisar la idea de fraude
No fue la oposici¨®n. Lo hizo el propio S¨ªndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt. En un acto de apariencia protocolaria celebrado el mi¨¦rcoles en las Cortes Valencianas para presentar una plataforma de rendici¨®n de cuentas de las administraciones locales, aprovech¨® para plantear una ampliaci¨®n de la capacidad fiscalizadora de la Sindicatura de Comptes ante los casos de corrupci¨®n. ¡°Pese a que nuestros informes han venido recogiendo, de acuerdo con las normas de auditor¨ªa p¨²blica, los supuestos casos de corrupci¨®n que ya se hallan, en general, incorporados a los respectivos ¨®rganos jurisdiccionales¡±, apunt¨® Queralt. Vino a se?alar, en lenguaje de auditor, que la Sindicatura ya detect¨® irregularidades donde despu¨¦s han surgido esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que hoy est¨¢n en los tribunales, y a?adi¨®: ¡°?Deber¨ªamos ampliar las actuaciones a un m¨¢s exhaustivo cumplimiento del denominado documento de Buenas pr¨¢cticas antifraude aprobado por Eurorai en Valencia?¡±.
El documento en cuesti¨®n, surgido de una reuni¨®n de la European Organization of Regional Audit Institutions (Eurorai) celebrada en marzo en Valencia, plantea la revisi¨®n de la definici¨®n de fraude para que abarque tambi¨¦n el ¨¢mbito civil y administrativo ¡°en vez de exclusivamente penal¡±. Queralt lo tradujo en otra de la decena de preguntas que plante¨® en su intervenci¨®n: ¡°Cuando se est¨¢ hablando de la modificaci¨®n del C¨®digo Penal o de otras leyes para exigir posibles responsabilidades a los gestores por actuaciones deficientes, ?no deber¨ªa revisarse y actualizarse el concepto, el procedimiento y la naturaleza jur¨ªdica de la responsabilidad contable, as¨ª como la tramitaci¨®n parlamentaria y los efectos de nuestros informes?¡±. El S¨ªndic sugiri¨® impl¨ªcitamente que, antes de que se depuren responsabilidades penales, puedan establecerse otras que conduzcan, por ejemplo, a devolver lo defraudado.
Queralt: "?No deber¨ªa revisarse la naturaleza jur¨ªdica de la responsabilidad contable?"
Queralt puso ¨¦nfasis en la inmediatez, que permite reducir plazos de los informes de fiscalizaci¨®n gracias a las nuevas tecnolog¨ªas ¡ª¡°si no es inmediato, no es control¡±, se?al¨® tras el acto a los periodistas¡ª, propugn¨® una revisi¨®n m¨¢s amplia de las ¡°¨¢reas de riesgo¡±, como la contrataci¨®n o los expedientes de reconocimiento extrajudicial de cr¨¦dito, y abog¨® por una ley general de fiscalizaci¨®n, que actualice las competencias de los ¨®rganos de control, agilice los procedimientos y tambi¨¦n las figuras coercitivas, que ¡°han quedado desfasadas¡±.
La presencia de Ram¨®n ?lvarez de Miranda, consejero del Tribunal de Cuentas y futuro presidente del organismo, a?adi¨® significado a la apelaci¨®n de Queralt a la cooperaci¨®n entre instituciones de control externo. ¡°?Estamos en condiciones de colaborar en la articulaci¨®n de este nuevo escenario de control externo?¡±, se pregunt¨® el S¨ªndic Major de Comptes, y respondi¨® que s¨ª, pero a?adi¨® que ello exigir¨¢ m¨¢s eficiencia, calidad y rigor en los informes de fiscalizaci¨®n.
Tras las manifestaciones de Queralt subyace la idea de dotar a la Sindicatura de Comptes de m¨¢s capacidad, por ejemplo, para poder contrastar informaciones con terceros (hoy ha de limitarse a los datos de la propia Administraci¨®n) y tener una m¨¢s fluida relaci¨®n con el Tribunal de Cuentas que, a diferencia de la Sindicatura, s¨ª que tiene facultades sancionadoras.
¡°Es un salto de gran magnitud¡± en la rendici¨®n telem¨¢tica de cuentas, dijo ?lvarez de Miranda del Portal Ciudadano puesto en marcha por los ¨®rganos de control auton¨®micos y el Tribunal de Cuentas. Y lo calific¨® como ¡°precursor de la futura Ley de Transparencia¡±.
El funcionamiento del portal, cuya direcci¨®n es www.rendiciondecuentas.es, fue explicado por el S¨ªndic de Comptes Antonio Mira-Perceval, encargado de su desarrollo. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, advirti¨® sobre el riesgo de que se interpreten ¡°de forma diferente, en contra de los ayuntamientos o las instituciones¡±, los datos que ofrece.
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