Magistrados de la Audiencia Provincial piden 10 plazas de aparcamiento

La secci¨®n de Justicia del sindicato CSI-F ha denunciado esta ma?ana que los magistrados de la secci¨®n civil de la Audiencia Provincial han pedido 10 plazas de aparcamiento en las que puedan estacionar los 28 coches de los jueces que van en su veh¨ªculo particular a la sede judicial. As¨ª lo ha transmitido la presidenta de la Audiencia, Ana Mar¨ªa Ferrer, a la Comunidad de Madrid, que ser¨¢ la encargada, en caso de aprobarlo, de sufragar el gasto. La media supondr¨ªa 143 euros al mes por plaza, lo que al cabo del a?o implicar¨ªa un desembolso para el Gobierno regional de 17.100 euros, seg¨²n datos facilitados por la Consejer¨ªa de Presidencia y Justicia.

La secci¨®n civil se encuentra en la calle de Ferraz, cerca de la calle de Marqu¨¦s de Urquijo, en pleno barrio de Moncloa. Los magistrados solo han pedido las plazas para ellos, sin tener en cuenta los funcionarios y trabajadores p¨²blicos que tambi¨¦n desarrollan sus funciones en el mismo edificio, seg¨²n ha denunciado el CSI-F. "Se busca solo el beneficio de un ¨²nico colectivo profesional (los magistrados) que asiste a la sede judicial, por regla general, dos o tres d¨ªas a la semana. Se trata de una medida injustificada e implica discriminaci¨®n con respecto al resto del personal que presta servicio en esta sede judicial", ha denunciado el sindicato.

La central sindical ha recordado que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reiterado que la crisis exige un ajuste econ¨®mico radical. "Desde la Consejer¨ªa correspondiente se adopta una medida que consideramos discriminatoria, dado que los magistrados no corresponden al personal que gestiona la Comunidad de Madrid [dependen del Consejo General del Poder Judicial]", a?ade el CSI-F.

El sindicato ha recordado que la prioridad de la Consejer¨ªa es "dar un buen servicio a los ciudadanos, que los edificios est¨¦n suficientemente habilitados y que carezcan de barreras para aquellas personas impedidas", entre otras medidas. Por ello, el sindicato ha pedido la suspensi¨®n inmediata del gasto y que no se establezcan privilegios para colectivos profesionales ajenos a la Comunidad de Madrid.

Una portavoz de la Consejer¨ªa de Presidencia y Justicia ha confirmado que s¨ª han recibido la petici¨®n de la presidenta de la Audiencia Provincial, pero que hasta la fecha no han tomado ninguna decisi¨®n. Hasta el momento se desconoce si las plazas ser¨ªan necesarias de forma continuada o en d¨ªas concretos en funci¨®n de la asistencia de los jueces. La decisi¨®n de si se alquilan o no se conocer¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas.