El precio de los geri¨¢tricos en Galicia creci¨® un 68% desde 2004

¡°Con ese dinero no se puede vivir ni en casa¡±. Al otro lado de un tel¨¦fono con prefijo pontevedr¨¦s, una mujer de mediana edad responde a Susana ¡ªnombre ficticio¡ª sobre las posibilidades de que su abuelo, con una pensi¨®n de poco m¨¢s de 600 euros, pueda permitirse una plaza en un geri¨¢trico. ¡°Para esas cuant¨ªas puede recurrir a la p¨²blica¡±. En la gran mayor¨ªa de los 253 centros privados que operan en Galicia habr¨ªan podido responderle lo mismo. Las residencias han incrementado su precio m¨¢s de un 68% durante los ¨²ltimos ocho a?os, mientras las pensiones medias ¡ªque ya en 2004 apenas cubr¨ªan la mitad del coste¡ª han subido poco m¨¢s de un 40%. Y cada vez con m¨¢s frecuencia, los mayores gallegos contemplan c¨®mo sus familias, que hasta ahora sufragaban la diferencia, se ven obligadas a ajustar los pies a la manta para afrontar las inclemencias de la crisis. Muchos vuelven a casa.

A la Galicia m¨¢s envejecida de la historia se le escapan los hijos por tierra, mar y aire, y su demograf¨ªa languidece, como reflejan las estad¨ªsticas. En dos d¨¦cadas, el ¨ªndice de j¨®venes por cada 100 mayores ha descendido a la mitad y la poblaci¨®n activa ya es minor¨ªa frente a ni?os y ancianos, seg¨²n los datos del INE. Faltan servicios para tantas arrugas, y los que hay se pagan como art¨ªculos de lujo. Sobre todo en la provincia de Ourense, que ha envejecido sin sobresaltos hasta situarse a la cabeza de los ¨ªndices mundiales. All¨ª, los precios de hoy no se limitan a duplicar a los de hace ocho a?os. Optar por un centro privado cuesta un 111% m¨¢s que entonces, y los 660 euros que de media reciben los pensionistas de la provincia contrastan con los 1.262 euros que cuestan de media las tarifas actuales. En el resto de provincias el incremento se modera, pero no deja de doler. Las facturas geri¨¢tricas han escalado en torno a un 68% en A Coru?a y un 58,8% en Pontevedra que, con 1.414 euros de media, alberga los centros m¨¢s caros. En Lugo, las cuentas respiran. En la provincia gallega con menos plazas residenciales casi sabe a gloria una subida que se ha quedado en el 36%.

Los datos sobre geri¨¢tricos privados est¨¢n al margen de las estad¨ªsticas cuando su gesti¨®n escapa al control p¨²blico, puesto que la Xunta no ofrece ninguna lista con informaci¨®n de todos los centros autorizados. Solo el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) realiza estudios peri¨®dicos en los que escruta los municipios espa?oles en busca de residencias y, a golpe de telefono, recaba los datos que cada uno est¨¢ dispuesto a facilitar. Los dos ¨²ltimos trabajos, que datan de 2004 y 2009, documentan unos 270 centros ¡ªp¨²blicos y privados¡ª en Galicia, aunque muchos de ellos reh¨²san dar cifras sobre precios y plazas.

El importe de un centro privado oscila entre 1.200 y 1.400 euros

En todo caso, las m¨¢s de 200 tarifas residenciales que figuran en una lista fraguada en tiempos de bonanza, comparadas con las que hoy ofertan los mismos centros, certifican que para echar cuentas ya se quedan cortos los tres d¨ªgitos. Los geri¨¢tricos achacan al IPC (?ndice de Precios al Consumo) el aumento, que las ha elevado desde los 722 euros de 2004 hasta los m¨¢s de 1.200 euros actuales. Sin embargo, en este per¨ªodo la cesta de la compra en Galicia se ha encarecido 25 puntos y la factura residencial ha volado por encima de dicho registro. Cuando la ecuaci¨®n se completa con las pensiones m¨¢s bajas del Estado, el derecho se convierte en privilegio.

Tres de cada cuatro geri¨¢tricos son privados en Galicia. De las 17.892 plazas que resultaron del recuento del Imserso en 2011, solo 4.284 eran p¨²blicas. La Xunta matiza el dato y, tras a?adir las que ofrece en centros concertados, suma 6.687. Sin embargo, para una comunidad donde la poblaci¨®n mayor de 65 a?os supera las 611.000 personas, parece poco m¨¢s que un parche. La Administraci¨®n auton¨®mica ofrece nulos datos sobre las listas de espera, pero las historias que guarda cada consistorio las insin¨²an atestadas de p¨¢ginas. Algunas de ellas las transcribe Maite Fern¨¢ndez en Pi?or, uno de esos municipios de algo m¨¢s de 1.000 personas en los que cuesta mantener a salvo un secreto. Como responsable de Asuntos Sociales en la localidad, desgrana a media voz la quimera de llegar al 30 de cada mes con las mismas prestaciones pero con menos dinero. Al hablar de solicitudes para residencias p¨²blicas, se encoge de hombros. ¡°La mayor¨ªa de los candidatos no suele llegar a recibir la plaza¡±. Casi todos fallecen esperando una carta.

Las tarifas residenciales se han incrementado m¨¢s del doble que el IPC

A Francisco Fraga, regidor de la localidad, en la Xunta le advierten que no habr¨¢ m¨¢s altas en servicios de dependencia hasta que fallezcan usuarios actuales. Un silencio despu¨¦s, se confiesa inerme ante las desdichas que sus vecinos llevan al mostrador del Ayuntamiento. Uno de ellos esper¨® durante un a?o y siete meses una residencia p¨²blica hasta que tuvo que optar por la privada con varios achaques de demora. Otros sujetan su dignidad a la bondad de sus vecinos, que asumen los cuidados mientras sus solicitudes descansan en el limbo de la dependencia. Por los despachos desfilan decenas de historias en tercera persona, pero nadie quiere ponerles rostro. Detr¨¢s late una idea del sistema residencial en la que usuarios y Administraci¨®n difieren por completo. Xunta y Gobierno central reducen ayudas para cuidados en el entorno familiar en favor de servicios gerontol¨®gicos en centros p¨²blicos y concertados, pero las personas mayores se aferran al hogar hasta quedar sin resuello. En los pasillos desnudos que huyen de obst¨¢culos temen perder su autonom¨ªa y verse abandonados por sus familiares. M¨¢s que sufrir la soledad del hogar, les duele pagar por el calor de un centro.

Con todo, ni siquiera quienes desvisten de tab¨²es el semblante de un geri¨¢trico encuentran con facilidad su lugar. Con una ratio de 2,8 plazas por cada 100 personas mayores, Galicia ni se aproxima a las cinco que recomienda la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS). De hecho, no alcanza siquiera la media estatal, que dispone 4,3 plazas para cada 100 usuarios potenciales. Y para una comunidad que, adem¨¢s de avejentada, padece la dispersi¨®n, el problema crece ante la distribuci¨®n de los centros. M¨¢s de un 46% de los dependientes gallegos viven en localidades que no alcanzan los 10.000 habitantes, y justo el mismo porcentaje de complejos residenciales se concentra en t¨¦rminos municipales que superan la decena de millar. La paradoja se?ala, como m¨ªnimo, que la promoci¨®n de servicios institucionales en Galicia choca con el desarrollo de las personas en su entorno, uno de los principios que fundamentaron la Ley de la Dependencia.

Aunque las residencias no son un recurso exclusivo para dependientes, la normativa de 2006 centra la batalla pol¨ªtica. Hay consenso en que la ley naci¨® con objetivos demasiado ambiciosos, previsiones irreales y exiguos presupuestos, pero todos se afanan en tupir con las banderas del otro los orificios por donde el barco hace aguas. Las acusaciones sobre el desmantelamiento de servicios y la desprotecci¨®n de los mayores azuzan un debate que se prolonga sin fecha. Y mientras sucesivos decretos llenan de asteriscos los derechos, algunos dan la vuelta al colch¨®n por si un geri¨¢trico p¨²blico ignora sus misivas.