¡°Sin tarjeta sanitaria ser¨¢ mi fin¡±
Inmigrantes sin papeles muestran su miedo ante la posibilidad de quedarse sin atenci¨®n m¨¦dica La posibilidad de objetar gana peso entre los profesionales
M¨®nica lleva diez a?os residiendo en Espa?a. Sufre problemas de ves¨ªcula y lleva una pierna ortop¨¦dica que unos d¨ªas le sostiene y otros, en cambio, le provoca dolorosas ¨²lceras. La pr¨®tesis le fue implantada en Espa?a despu¨¦s de que le fuese amputada su extremidad tras un accidente de autob¨²s en su pa¨ªs, Guinea Ecuatorial. Su marido falleci¨® en el acto en ese mismo siniestro. Por eso vol¨® a Espa?a. Su permiso de residencia caduc¨® en 2005 y desde entonces ya le han denegado su renovaci¨®n tres veces.
Empadronada en Bilbao, la situaci¨®n personal de esta sin papeles resulta ya de por s¨ª muy dif¨ªcil, y ahora se puede enfrentar a la inminente p¨¦rdida de validez de su tarjeta sanitaria de Osakidetza. Como ella, a partir del pr¨®ximo 31 de agosto m¨¢s de 150.000 inmigrantes se exponen a no tener derecho a enfermar ni a ser atendidos, salvo en urgencias, por no tener su documentaci¨®n en regla. Ante esta situaci¨®n, uno de los recortes m¨¢s pol¨¦micos adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy, algunas asociaciones de m¨¦dicos y otros profesionales sanitarios est¨¢n llamando a la objeci¨®n de conciencia, defendiendo que se siga prestando atenci¨®n a los sin papeles como hasta ahora.
Los sindicatos prev¨¦n que ¡°habr¨¢ movida¡± cuando pasen las vacaciones
Y es que la ¨²nica opci¨®n que el Gobierno central ofrece a quienes est¨¦n en esa situaci¨®n para seguir accediendo al Sistema Nacional de Salud y a la asistencia ordinaria pasa por pagar 710,40 euros anuales ¡ª59,20 euros al mes¡ª si tienen menos de 65 a?os.
M¨®nica se echa las manos a la cabeza. ¡°Apenas tengo para comer. ?C¨®mo voy a pagar eso? Sin tarjeta sanitaria ser¨¢ el fin de mi vida¡±, dice, muy afectada, a EL PA?S. Cuando se enter¨® de las medidas que pretende poner en marcha el Ejecutivo popular solo pod¨ªa llorar.
A sus 55 a?os, vive de la ayuda de C¨¢ritas y del apoyo de un sacerdote de la bilba¨ªna parroquia de Coraz¨®n de Mar¨ªa. ¡°La pierna ortop¨¦dica no deja de salirse y hay que arreglarla. No tengo dinero para volver a mi pa¨ªs y aunque pudiera, si eso me pasa all¨ª, ?qu¨¦ hago?¡± Le cuesta no derrumbarse cuando se le pregunta que har¨¢ si finalmente Euskadi, pese al rechazo rotundo que ha manifestado, debe aplicar las medidas del Ministerio de Sanidad.
¡°Temo dejar de existir de un d¨ªa para otro¡±, afirma un inmigrante
Osatzen, la sociedad vasca que agrupa a los m¨¦dicos de familia, ya ha hecho un llamamiento a la objeci¨®n de conciencia de los profesionales ante esta normativa. Sus responsables destacan que buena parte de los m¨¦dicos vascos apoya seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares.
Una decena de organizaciones de profesionales sanitarios de Euskadi, entre las que se hallan el Colegio Oficial de M¨¦dicos de Bizkaia, el Colegio de Enfermer¨ªa de este territorio o la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria, ya instaron p¨²blicamente en junio pasado a todo el colectivo a acogerse a la objeci¨®n de conciencia si se aplican los recortes sanitarios decretados por el Gobierno central, y que excluyen de la atenci¨®n a diferentes colectivos.
Agust¨ªn Guti¨¦rrez, representante del Sindicato de M¨¦dicos de Gipuzkoa, sostiene: ¡°Cuando los enfermos se sientan ante tu mesa, son todos iguales". Oponerse, dice, es una ¡°loable¡± llamada de atenci¨®n sobre las situaciones que la nueva legislaci¨®n puede deparar.
Consultas de ¡°personas aterrorizadas¡±
M¨¢s de 600 personas pasaron el a?o pasado por la consulta de atenci¨®n primaria que la ONG M¨¦dicos del Mundo tiene abierta en Bilbao. Forman parte de ese limbo tanto legal como asistencial que conlleva no disponer de papeles en regla o no estar ni siquiera empadronado. El coordinador de esta organizaci¨®n en Euskadi, Santos Arrieta, teme que si el Real Decreto con los recortes sanitarios se aplica de forma efectiva muchos m¨¢s inmigrantes se sumar¨¢n a ese circuito.
Arrieta considera ¡°muy positivo¡± que el Gobierno vasco se oponga frontalmente a aplicar los recortes. El viceconsejero de Sanidad, Jes¨²s Mar¨ªa Fern¨¢ndez, aseguraba esta misma semana a EL PA?S que el marco legal del Pa¨ªs Vasco tiene margen suficiente como para dar soporte normativo a la atenci¨®n a inmigrantes y a otros colectivos que se quedar¨¢n sin prestaci¨®n sanitaria no urgente a partir de septiembre
El mes de agosto ralentiza ese pulso, en el que tambi¨¦n entran el copago farmac¨¦utico y el aseguramiento sanitario. Pase lo que pase, el gerente de la junta vizca¨ªna de la Asociaci¨®n Espa?ola Contra el C¨¢ncer, Gabriel Otalora, expresa su convencimiento de que no se va a aplicar a corto plazo: ¡°Desde las mismas Naciones Unidas les han alertado de que est¨¢n cruzando una l¨ªnea roja. Con esta medida plantean dar un salto cualitativo de consecuencias catastr¨®ficas que va a descuartizar la econom¨ªa y la salud de los m¨¢s d¨¦biles¡±.
Su asociaci¨®n ya ha recibido algunas consultas de ¡°personas aterrorizadas que no saben qu¨¦ ser¨¢ de ellos¡±. Otalora enfatiza que seguir¨¢n teniendo ¡°la puerta abierta para todo el mundo¡± y conf¨ªa en los muchos profesionales del ¨¢rea que ya han adelantado su objeci¨®n de conciencia. ¡°Hay esperanza. Euskadi a¨²n sabe ser solidaria¡±, defiende.
En la misma l¨ªnea se expresa Encarna de la Maza, portavoz del sindicato de enfermer¨ªa SATSE en Euskadi, quien entiende que negar atenci¨®n m¨¦dica a los inmigrantes en situaci¨®n irregular supone una ¡°aut¨¦ntica barbaridad¡± que puede generar un problema sanitario ¡°por los contagios¡±. De la Maza destaca que el propio c¨®digo deontol¨®gico de los m¨¦dicos y enfermeras les ¡°obliga¡± a asistir a todos los pacientes y recuerda las objeciones a realizar abortos por razones de conciencia.
Juan Pablo conoce muy bien lo que es que le denieguen a uno la atenci¨®n m¨¦dica. Tiene 22 a?os y emigr¨® de Paraguay a Madrid, donde resid¨ªan sus padres, con 19. All¨ª fue diagnosticado como portador del VIH y se resign¨® a recibir los ciclos mensuales de medicaci¨®n a base de antirretrovirales en el madrile?o Hospital de La Paz. Hasta que su tarjeta sanitaria venci¨® en marzo.
¡°Fui a renovarla por otro a?o y la chica me dijo que le hab¨ªa llegado una notificaci¨®n de Sanidad en la que les prohib¨ªan renovar a personas sin permiso de residencia¡±, recuerda. El sistema inform¨¢tico de La Paz ni siquiera reconoc¨ªa su n¨²mero de tarjeta. ¡°De repente no era nadie, no exist¨ªa¡±, cuenta a este peri¨®dico. As¨ª que se puso contacto con varias asociaciones de lucha contra el sida y lleg¨® hasta los locales de T4 en la capital vizca¨ªna. ¡°?Qu¨¦ iba a hacer? Me empadron¨¦ en Bilbao, en casa de un amigo, y ahora voy y vengo desde Madrid cada dos meses para recibir el tratamiento¡±, prosigue.
Ahora Juan Pablo tiene miedo de ¡°dejar de existir de un d¨ªa para otro¡± tambi¨¦n en el Pa¨ªs Vasco. ¡°Si me cierran la puerta no s¨¦ que va a pasar. En Paraguay ya no me queda familia¡±.
No le entra en la cabeza que ¡°en un pa¨ªs del Primer Mundo¡± se le niegue el acceso a una medicaci¨®n que necesita. En Espa?a, cada terapia antirretroviral cuesta 7.000 euros anuales de media por paciente. ¡°Mis padres tienen el permiso de residencia en regla y por ahora est¨¢n trabajando, pero ya les cuesta pagarme los viajes a Bilbao. ?Que si podr¨ªan pagar 60 euros al mes para mi tratamiento? [el coste de la especie de p¨®liza con la sanidad p¨²blica que pretende poner en marcha el ministerio]. Ahora mismo s¨ª, pero apurando mucho. ?Y si se quedan sin trabajo qu¨¦, me muero?¡±, se pregunta en tono entre amargo y burl¨®n.
La intenci¨®n adelantada anteayer por un alto cargo ministerial, el director general de la Cartera B¨¢sica de Servicios, Agust¨ªn Rivero, de cobrar los servicios prestados a sin papeles con enfermedades cr¨®nicas enviando la factura a sus pa¨ªses de origen, una f¨®rmula que ya se ha demostrado inviable incluso con naciones europeas, solo ha servido para complicar el panorama.
Ni Agust¨ªn Guti¨¦rrez ni Encarna de la Maza se muestran capaces de precisar cu¨¢ntos profesionales sanitarios podr¨ªan objetar contra las intenciones del Ejecutivo popular, toda vez que la cuesti¨®n ha quedado ¡°larvada¡± por el actual per¨ªodo vacacional. Sin embargo, ambos temen que todo explote el pr¨®ximo mes de septiembre. ¡°Habr¨¢ movida¡±, sentencia De la Maza.
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