Las e¨®licas exigen una compensaci¨®n m¨ªnima a Industria de nueve millones

El concurso e¨®lico del bipartito era, para el conselleiro de Econom¨ªa, ¡°oscuro e inconstitucional¡±, con ¡°tachas de ilegalidad¡± e ¡°inviable jur¨ªdicamente¡±. Estas y otras perlas adornaron el discurso de Javier Guerra durante los meses que siguieron a su nombramiento, en 2009, al frente del departamento de Industria en la Xunta. Poco tard¨® en suspender el reparto de 2.290 megavatios autorizado por su antecesor, Fernando Blanco, y aprobar a toda prisa una ley que habilitaba una tasa a los molinos. A ra¨ªz de aquella decisi¨®n, las empresas ganadoras del primer reparto de mevagatios vieron c¨®mo sus supuestas concesiones se esfumaban.

La Xunta dirigida por el PP eligi¨® entonces un camino que se ha demostrado de nula cobertura legal para desistir del procedimiento de concesi¨®n y as¨ª poder organizar su propio reparto del viento. Ahora, en la recta final de la legislatura, tras varios varapalos judiciales dur¨ªsimos ¡ªel ¨²ltimo, la sentencia conocida en agosto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desmont¨® las decisiones tomadas por Guerra y hall¨® pruebas de ¡°desviaci¨®n de poder¡±¡ª, el camino jur¨ªdico que varias empresas han empezado a recorrer amenaza con estallar bajo los pies de la Conseller¨ªa con argumentos parecidos a los que la direcci¨®n general de Industria utiliz¨® entonces para tumbar el decreto.

Varios despachos de abogados consultados por este periodico preparan una bater¨ªa de reclamaciones monetarias por responsabilidad patrimonial que, seg¨²n distintas fuentes, podr¨ªan oscilar entre 3.500 y 6.000 euros por megavatio (horquilla en que se mueve el coste de elaboraci¨®n de los proyectos que fueron tramitados por la Xunta dirigida por Emilio P¨¦rez Touri?o). La factura por el error de la Conseller¨ªa, aventuran varias empresas del sector, sumar¨ªa entre nueve y 14 millones de euros, aunque cada caso es distinto.

¡°Fue una chapuza. La Xunta deber¨ªa haber iniciado un procedimiento de nulidad, como corresponde a la Administraci¨®n P¨²blica, contra el decreto. Por el contrario optaron por la suspensi¨®n, la aprobaci¨®n de una ley y el desestimiento, algo totalmente equivocado. Todos hemos pagado las consecuencias de lo que supuestamente se quer¨ªa arreglar, la inseguridad jur¨ªdica¡±, comenta un alto directivo. La ley e¨®lica establece que la Xunta solo atender¨¢ a las reclamaciones sobre los costes de los anteproyectos en los que podr¨ªan haber incurrido los perjudicados por el primer concurso, limitando otras v¨ªas, como el lucro cesante por el desarrollo de los megavatios. ¡°En s¨ª mismo, ese aspecto tiene visos de inconstitucionalidad¡±, reflexiona la misma fuente. El problema para el sector es que la cuesti¨®n de inconstitucionalidad no la pueden plantear particulares. Varios despachos buscan una v¨ªa indirecta para que el TSXG traslade al Tribunal Constitucional el asunto porque consideran que se ha alterado ¡°el funcionamiento normal de la administraci¨®n¡±. Esa v¨ªa parte de reclamaciones individuales contra la resoluci¨®n que anul¨® el procedimiento, el 30 de diciembre de 2009.

Ulises B¨¦rtolo, abogado que prepara la reclamaci¨®n de Aucosa, que result¨® adjudicataria de 216 megavatios y no se present¨® al ¨²ltimo reparto, cree que la cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobrevuela el proceso: ¡°Exist¨ªan unas concesiones firmes, que eran unos derechos que fueron confiscados quebrando el principio de seguridad jur¨ªdica¡±.

Aunque Guerra ha dicho en m¨¢s de una ocasi¨®n que sus decisiones se iban a saldar con ¡°todas las garant¨ªas y cero recursos¡±, lo cierto es que incluso empresas consultadas por este peri¨®dico que resultaron beneficiadas por el nuevo reparto han ido a los tribunales.

La justicia tiene la ¨²ltima palabra, aunque las empresas creen que la soluci¨®n podr¨ªa dilatarse meses, incluso a?os. Mientras, la Asociaci¨®n E¨®lica de Galicia, EGA, ya no disimula que la gesti¨®n de la Xunta aboca al fracaso del ¨²ltimo concurso, el proyecto estrella de Guerra.