El juez estrecha el cerco al imputado clave en el saqueo de Emarsa
Prisi¨®n sin fianza a la pareja del empresario en fuga que se llev¨® m¨¢s de 10 millones
La voluntad de aclarar c¨®mo se organiz¨® y hasta d¨®nde llegaron las complicidades en el saqueo de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) entre los a?os 2005 y 2010 ha llevado al juez a estrechar el cerco sobre el contratista que, seg¨²n la investigaci¨®n, se llev¨® m¨¢s de 10 millones de euros y est¨¢ en paradero desconocido. Al mismo tiempo, en la delimitaci¨®n del papel que en la creaci¨®n de la trama y su m¨¦todo de desfalco jugaron los gestores de la sociedad p¨²blica, controlada por el PP mayoritariamente desde el Ayuntamiento de Valencia, y los de la Entidad P¨²blica de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat, que aport¨® la mayor¨ªa de los fondos defraudados.
El juez del caso Emarsa dict¨® el jueves prisi¨®n provisional sin fianza para Mar¨ªa ?guila Aladr¨¦n, la pareja de Jorge Ignacio Roca Samper, el empresario en paradero desconocido acusado de saquear la empresa p¨²blica que gestionaba la depuradora de Pinedo. Aladr¨¦n fue detenida el mi¨¦rcoles cuando acudi¨® a declarar al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia. Tras su declaraci¨®n, el juez Vicente R¨ªos prorrog¨® la detenci¨®n y ayer la mand¨® a la c¨¢rcel.
La imputada, cuyo paradero era desconocido y cuya residencia real en Espa?a es puesta en duda por los datos de que dispone el juez, habr¨ªa cooperado con Roca, de quien afirma que se separ¨® en septiembre de 2010 y con quien tiene dos hijos peque?os, en el blanqueo del dinero logrado al defraudar m¨¢s de 10 millones de euros en los costes reales del transporte y el tratamiento de lodos producidos en las instalaciones de Pinedo.
Aladr¨¦n es la primera de los 33 imputados del caso Emarsa que ingresa en prisi¨®n. Seg¨²n el auto del juez, habr¨ªa cometido un supuesto delito de blanqueo de capitales.
La entidad de saneamiento multiplic¨® el coste de los lodos
El encarcelamiento de Mar¨ªa Aladr¨¦n obedece a que resulta "dif¨ªcilmente cre¨ªble" su versi¨®n de que desde 2010 desconoce el paradero de Roca y solo se comunica con el empresario en fuga por un tel¨¦fono m¨®vil que ¨¦l le indic¨® que mantuviera siempre conectado. Y tambi¨¦n es consecuencia del ¡°riesgo de fuga¡± que el juez aprecia, dado que ¡°la imputada trata de ocultar su verdadero domicilio¡± cuando alega vivir en Zaragoza desde que regres¨® de Francia, pero no puede probarlo.
Adem¨¢s, el instructor del caso Emarsa se?ala que, inmediatamente despu¨¦s de que dictara una orden de averiguaci¨®n de paradero, Aladr¨¦n viaj¨® a Espa?a con sus hijos, concretamente el 31 de julio pasado, desde Ruman¨ªa. El juez destaca en el auto de prisi¨®n dos aspectos: que la imputada ¡°minti¨®¡± durante la declaraci¨®n al asegurar que, desde que volvi¨® de Francia, nunca hab¨ªa salido de Espa?a, y que ¡°en los archivos policiales no aparece el viaje de ida¡± a Bucarest, lo que hace sospechar que, en realidad, reside en Ruman¨ªa con Roca.
La mujer, nacida en 1975 y que declar¨® como profesi¨®n la de ¡°herradora de caballos¡±, actividad que la habr¨ªa llevado a conocer a Roca en un curso de doma natural de caballos, es gerente de la empresa Lot Monopoly, a la que se desviaron grandes cantidades de dinero desde la sociedad Erwinin, una de las que Roca utiliz¨® para supuestamente prestar el servicio de transporte y aplicaci¨®n agr¨ªcola de lodos en Emarsa, aunque en realidad sirvieron para detraer fondos de la empresa p¨²blica metropolitana. Lot Monopoly, seg¨²n el propio testimonio de Aladr¨¦n ante el juez, adquiri¨® en Salviac (Francia) una treintena de apartamentos, adem¨¢s de la casa a la que se traslad¨® a vivir la pareja, para revenderlos posteriormente. Los beneficios obtenidos fueron ingresados en cuentas en Malta y Andorra. De esta manera se blanque¨® el bot¨ªn procedente del fraude en Emarsa.
El fraude en los costes de la aplicaci¨®n de lodos es el apartado m¨¢s voluminoso del saqueo de Emarsa que se investiga judicialmente. El auto de prisi¨®n provisional dictado por el juez Vicente R¨ªos detalla, por ejemplo, que las empresas de Roca Samper, Etwas Eigentlich, Erwinin, Zonday Investments y Printergreen, entre 2005 y 2010 ¡°fueron colocadas de manera interpuesta entre la empresa prestadora del servicio de gesti¨®n y Emarsa con la finalidad de incrementar artificiosamente ¡ªen m¨¢s de 10 millones de euros, a falta de ulterior determinaci¨®n¡ª el valor de los trabajos realizados por la empresa prestadora del servicio de gesti¨®n¡±.
Este fraude solo fue posible porque, a partir de 2005, la Entidad P¨²blica de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que lleva la pol¨ªtica de depuradoras de la Generalitat Valenciana, aument¨® lo que pagaba por la aplicaci¨®n de lodos en Emarsa de 5,9 euros por tonelada a 31, en un primer momento, y a 42 euros por tonelada despu¨¦s. Por ese mismo trabajo, la uni¨®n temporal de empresas que se ha hecho cargo de gestionar la depuradora de Pinedo tras la disoluci¨®n de Emarsa cobra ahora 18 euros por tonelada. Esa es la raz¨®n de que en el procedimiento est¨¦n imputados el exgerente y el exjefe de explotaci¨®n de la Epsar, Jos¨¦ Juan Morenilla e Ignacio Bern¨¢cer, respectivamente. El juez intenta esclarecer la relaci¨®n de estos responsables de la entidad de la Generalitat con Roca Samper y con Jos¨¦ Luis Sena, el administrador de Notec, otra empresa implicada en el mismo m¨¦todo de saqueo.
En las declaraciones prestadas ante el juez, se ha se?alado que Morenilla y Bern¨¢cer, supuestamente, se llevaban parte del bot¨ªn obtenido, as¨ª como Esteban Cuesta, que era gerente de Emarsa, y Enrique Crespo, que fue el presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidr¨¢ulicos (Emshi) y de Emarsa, su sociedad filial. Crespo, que era alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, por el PP, tuvo que dimitir de sus cargos a causa del esc¨¢ndalo, en el que est¨¢n imputados diversos cargos del PP relacionados con el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios del ¨¢rea metropolitana.
El Consell repone un control que evitar¨ªa el caso de la depuradora
¡°Ninguna resoluci¨®n ha dado por probados los hechos¡±, advirti¨® ayer, como precauci¨®n, el vicepresidente de la Generalitat, Jos¨¦ Ciscar, al ser preguntado sobre la repercusi¨®n en casos como el de Emarsa de un decreto aprobado por el Consell que refuerza el control en los pagos de la Administraci¨®n auton¨®mica de obras, suministros o servicios.
En esencia, el decreto establece que la intervenci¨®n intervenga, es decir, que el cuerpo encargado del control econ¨®mico interno de la Generalitat tenga que dar el visto bueno al pago establecido despu¨¦s de ¡°verificar materialmente la efectiva realizaci¨®n de las obras, suministros o servicios financiados con fondos p¨²blicos y su adecuaci¨®n al correspondiente contrato o negocio jur¨ªdico¡±.
¡°Ya exist¨ªa cuando gobernaba el partido socialista¡±, advirti¨® Ciscar del mecanismo, ¡°y se elimin¨® gobernando el partido socialista¡±. O sea, hace casi dos d¨¦cadas. Se trata de que no sean los ¨®rganos de contrataci¨®n, es decir, las consejer¨ªas, empresas o entidades de la Generalitat, los que den v¨ªa libre a los pagos, sino que tengan que solicitar preceptivamente ¡°a la Intervenci¨®n de la Generalitat la designaci¨®n de un representante para asistir al acto de recepci¨®n¡±. Su inasistencia har¨¢ que no puedan entenderse por recibidas las obras o prestaciones ni exista obligaci¨®n de pago para la Administraci¨®n.
La medida afectar¨¢ a todo contrato de obras, servicios o suministros que supere los 90.000 euros. Para los inferiores a esa cantidad se solicitar¨¢ la designaci¨®n a la Intervenci¨®n Delegada y la presencia de su representante resultar¨¢ potestativa.
El mecanismo de verificaci¨®n, que incluir¨¢ ¡°todo tipo de comprobaciones¡± materiales y documentales, persigue, seg¨²n Ciscar, que la Administraci¨®n sea ¡°absolutamente rigurosa¡± en la gesti¨®n de recursos p¨²blicos en una ¨¦poca de dificultades como la actual.
Dado que la inflaci¨®n de los costes y el pago de trabajos no realizados en el tratamiento de lodos a Emarsa por parte de la Epsar, la entidad de la Generalitat que act¨²a sobre las depuradoras, fue el origen de la parte m¨¢s sustanciosa del saqueo de la empresa p¨²blica que gestionaba la planta de Pinedo, una medida como la que ayer acord¨® el Consell habr¨ªa incidido en el caso. ¡°Se har¨ªa el control por parte de la Intervenci¨®n¡±, reconoci¨® el vicepresidente de la Generalitat. ¡°Eso no quiere decir que un interventor estuviera todo el d¨ªa viendo c¨®mo entran o salen los camiones¡±.
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