La Fiscal¨ªa apoya que se investigue la posible responsabilidad penal de Carlos Maz¨®n por la gesti¨®n de la dana
El ministerio p¨²blico respalda que la investigaci¨®n de los hechos sea ¨²nica y conjunta tras la presentaci¨®n de siete denuncias y querellas
La Fiscal¨ªa de Valencia apoya que los tribunales investiguen la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Maz¨®n (PP), por la gesti¨®n de la dana. As¨ª lo expone el ministerio p¨²blico en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que acord¨® acumular en una misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Maz¨®n como m¨¢ximo responsable de la gesti¨®n de la riada que el pasado 29 de octubre caus¨® 223 muertes y decenas de miles de damnificados en la provincia de Valencia.
De las siete denuncias y querellas acumuladas en esta causa, seis se?alan a Carlos Maz¨®n o bien a la exconsejera de Interior y Justicia Salom¨¦ Pradas. Solo una pide investigar tambi¨¦n a cualquier otra autoridad en la que, como consecuencia de las pesquisas, se observe responsabilidad penal. Los querellantes y denunciantes atribuyen a Maz¨®n y a Pradas la comisi¨®n de los delitos de prevaricaci¨®n, lesiones y homicidio imprudente, omisi¨®n del deber de socorro, da?os imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, ¡°como consecuencia de la no adopci¨®n de algunas decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el n¨²mero de fallecidos¡±, se?ala la Fiscal¨ªa. ¡°De ese relato derivan una gen¨¦rica relaci¨®n causa/efecto con una atribuci¨®n de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atenci¨®n al resultado, al margen de la concreta intervenci¨®n de los denunciados que, a d¨ªa de hoy, no consta singularizada¡±, a?ade el ministerio p¨²blico.
En el escrito, la fiscal Mar¨ªa Jos¨¦ Montesinos de Lago hace referencia adem¨¢s a que todas las acusaciones hablan de la ¡°desatenci¨®n de sus deberes como m¨¢ximas autoridades auton¨®micas valencianas¡± e indican que, ¡°ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron la entidad de la cat¨¢strofe acaecida¡±. Esas acusaciones se refieren, entre otras cosas, al aviso que la Agencia Estatal de Meteorolog¨ªa, Aemet, dio varios d¨ªas antes y que ese martes elev¨® a nivel rojo en Valencia.
El ministerio p¨²blico se pronuncia as¨ª a favor de que se investiguen las responsabilidades penales de los querellados y apunta a que ¡°es m¨¢s que razonable realizar una ¨²nica instrucci¨®n dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participaci¨®n como querellados y denunciados de m¨²ltiples autoridades pol¨ªticas y responsables de Organismos p¨²blicos, la previsible dificultad de la investigaci¨®n y el ingente n¨²mero de perjudicados, y de posibles testigos y peritos¡±. ¡°Entendemos que en todas las denuncias subyace la misma atribuci¨®n de hechos, con independencia de las distintas calificaciones jur¨ªdicas efectuadas por los querellantes y denunciantes, y, de manera un¨¢nime, basada en la omisi¨®n e infracci¨®n de los deberes propios e inherentes a la funci¨®n de los denunciados¡±, indica.
En su informe, la fiscal¨ªa hace un repaso por cada una de las querellas. Sobre la de Iustitia Europa destaca que se?ala que Maz¨®n ¡°dej¨® de activar medidas de prevenci¨®n que pudieran haber reducido de forma significativa el impacto de la cat¨¢strofe, y en especial, los fallecimientos y da?os personales¡±. Esta incluye en su relato de acusaci¨®n tambi¨¦n la ausencia del Presidente de la Generalitat en momentos cr¨ªticos del d¨ªa 29 de octubre, ¡°y en concreto durante varias horas del mediod¨ªa¡±, en las que estuvo comiendo en un restaurante de la capital valenciana. En otra de las denuncias, la acusaci¨®n habla de un presunto delito de prevaricaci¨®n ¡°en tanto que la ausencia de actuaci¨®n oportuna en la implementaci¨®n de los servicios de emergencia y comunicaci¨®n a la poblaci¨®n constituye una presunta decisi¨®n injusta y contraria al inter¨¦s general¡±. Adem¨¢s, una de las querellas de la CGT se?ala tambi¨¦n al director general de Emergencias, Alberto Javier Mart¨ªn Moratilla, y al secretario auton¨®mico Emilio Arg¨¹eso como responsables de un delito de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.
Reproduce tambi¨¦n el informe de la Fiscal¨ªa parte de otra querella que atribuye a Carlos Maz¨®n ¡°la comisi¨®n del delito de crimen de centenares de muertes por imprudencia, por negligencia, por no estar donde proced¨ªa en su condici¨®n de primer responsable ante la situaci¨®n de emergencia provocada por la Dana; por desidia, indiferencia, y desprecio hacia la ciudadan¨ªa¡por dejaci¨®n de responsabilidades¡±.
En cualquier caso, la Fiscal¨ªa considera que, en este punto, la investigaci¨®n no corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, competente tanto para las pesquisas como para la imputaci¨®n del presidente de la Generalitat, en el caso de que existieran indicios, dada su condici¨®n de aforado, el inicio de una investigaci¨®n. Y, por tanto, las acusaciones contra ¨¦l han de esperar a que se realice ¡°una completa investigaci¨®n judicial sobre los hechos acaecidos concretando la intervenci¨®n, o, en su caso, inacci¨®n, de cada uno de los querellados y denunciados¡± en un juzgado de instrucci¨®n. Este deber¨¢, posteriormente, y en el caso de que existan indicios de criminalidad suficientes contra Carlos Maz¨®n, elevar una exposici¨®n razonada ante el Tribunal Superior de Justicia para que decida.
En paralelo a estas querellas contra dirigentes del Gobierno valenciano, el Tribunal Supremo tiene registradas, al menos, nueve querellas contra miembros del Ejecutivo central por delitos como homicidio imprudente y omisi¨®n del deber de socorro, por su gesti¨®n de la dana. Estas se dirigen contra el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez; contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no activar el estado de emergencia y tomar el control; y contra la exvicepresidenta Teresa Ribera por su responsabilidad en la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car, ¨®rgano al que el PP ha tratado de endosar la culpa por un supuesto ¡°apag¨®n informativo¡± el d¨ªa de la tragedia.
Una de las causas abiertas en el Supremo fue un recurso contencioso-administrativo formulado contra Pedro S¨¢nchez por ¡°la inactividad del Presidente del Gobierno de Espa?a¡± as¨ª como del Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ¡°en la gesti¨®n de la emergencia catastr¨®fica producida por la dana el d¨ªa 29 de octubre de 2024 y siguientes¡±. El tribunal ha decidido no admitir el recurso al considerar que no es esa la jurisdicci¨®n en la que se pueda tratar la inactividad del Gobierno por no declarar el estado de alarma pero tambi¨¦n ¡°por falta de legitimaci¨®n activa¡±.
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