Los alcaldes que se resistan a retirar s¨ªmbolos franquistas perder¨¢n ayudas

La Junta se propone acelerar la retirada de los s¨ªmbolos franquistas que perduran en las calles y plazas de Andaluc¨ªa, y completar de una vez por todas el c¨ªrculo que se abri¨® con la aprobaci¨®n de la ley estatal de Memoria Hist¨®rica a finales de 2007. Pese a que la norma es clara respecto a la obligaci¨®n que tienen los Ayuntamientos de prescindir de aquellos vestigios que exalten la sublevaci¨®n militar, la Guerra Civil y la dictadura, algunos gobiernos municipales encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir y cansar. El vicepresidente del Ejecutivo andaluz y consejero de Administraci¨®n Local, Diego Valderas, advirti¨® el mi¨¦rcoles de que los ayuntamientos que incumplan ¡°podr¨¢n ser sancionados, tal y como indica la ley, perdiendo el derecho a la percepci¨®n de subvenciones y ayudas p¨²blicas¡±.

El aviso a navegantes de Valderas se produjo durante una comparecencia en el Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta de un diputado de su grupo. El izquierdista explic¨® que la ley de Memoria Hist¨®rica no ha llegado a tener desarrollo reglamentario, una circunstancia que, adem¨¢s de dificultar su aplicaci¨®n, da pie a desesperantes idas y venidas que se pierden en el laberinto burocr¨¢tico. Para tapar este agujero, la nueva direcci¨®n general de Memoria Democr¨¢tica (incursa en su departamento) prepara una ¡°ordenanza tipo¡± ¡ªde acuerdo a las pautas de sentencias judiciales firmes¡ª, que enviar¨¢ a los ayuntamientos, y que servir¨¢ para borrar las conmemoraciones franquistas del espacio p¨²blico ¡°sin ning¨²n tipo de problemas¡±.

La ordenanza, precisaron fuentes de la consejer¨ªa, se convertir¨¢ en un instrumento legal de desarrollo del art¨ªculo 15.1 de la ley estatal de 2007, que contempla la privaci¨®n de subvenciones o ayudas p¨²blicas para los municipios que se resistan a acatarla. El director general de Memoria Democr¨¢tica, Luis Naranjo, dijo ya el pasado agosto que la orden trata de cubrir los huecos de la ley nacional, mientras se aprueba una norma andaluza propia sobre memoria hist¨®rica que resolver¨¢ las ambig¨¹edades. La orden est¨¢ pensada tambi¨¦n para organizar el callejero.

Diego Valderas inform¨® a este respecto que la ley andaluza podr¨¢ ver la luz el a?o pr¨®ximo. Uno de sus objetivos es que la Junta se convierta en ¡°garante¡± en la defensa de los derechos fundamentales, de modo que no permanezca ¡°impasible antes los cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±. De hecho, la Administraci¨®n aut¨®noma se presentar¨¢ como denunciante en los casos que estime para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los andaluces, tal y como refleja el art¨ªculo 9 del Estatuto de Autonom¨ªa, cumpliendo as¨ª los preceptos de la norma b¨¢sica (Ley de Amnist¨ªa de 1977 y Ley 52/2007 de Memoria Hist¨®rica).

El vicepresidente coment¨® igualmente que su idea es lograr el m¨¢ximo consenso social posible, raz¨®n por la que ha iniciado un proceso de consultas. De momento, ha trasladado el borrador de la ley a los grupos parlamentarios de PSOE e Izquierda Unida, y queda pendiente el PP. Tambi¨¦n se han mantenido reuniones con el Defensor del Pueblo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, con las Universidades de Sevilla y Granada y con las fundaciones de estudios de las diferentes fuerzas sindicales.