Claroscuro auton¨®mico

Los aniversarios son momentos para el balance, para volver la vista atr¨¢s y hacer recuento de los aciertos y de los errores. Se han cumplido este a?o 30 desde la aprobaci¨®n del primer Estatuto de la Comunidad Valenciana, y lo celebramos en un ambiente de intenso debate y no menos confusi¨®n en torno al Estado auton¨®mico. El balance nos exige hacer memoria de los objetivos que se pretendieron con la creaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas y ponerlos en contraste con la realidad actual. Es innegable que en su origen estuvo la pretensi¨®n de dar cauce a las aspiraciones de las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas y, desde esta perspectiva, los resultados aparentan ser menos que pobres. Pero tambi¨¦n se quiso entonces articular pol¨ªticamente la enorme diversidad de Espa?a, acercar los centros de decisi¨®n y aproximar las administraciones a quienes son sus destinatarios, los ciudadanos. Lo conseguido desde este segundo punto de vista es, sin duda alguna, mucho m¨¢s satisfactorio.

Aun con sus innegables ¨¦xitos, el proceso auton¨®mico se encuentra agotado, pol¨ªtica y econ¨®micamente. Su car¨¢cter abierto y flexible ha terminado por chocar con las pretensiones de quienes creyeron ver en ese constitucionalismo blando un campo sin l¨ªmites donde dejar correr sus aspiraciones. La sentencia constitucional a prop¨®sito del nuevo Estatuto catal¨¢n trajo consigo un final apresurado e imprevisto de las reformas estatutarias que no se hab¨ªan completado aun, y dej¨® un mapa de normas inacabado que a?ade complejidad y debilita aun m¨¢s la coherencia del conjunto. La sentencia signific¨® de alg¨²n modo el cierre del modelo pero lo hizo dejando una situaci¨®n que apenas satisface a nadie. Por otro lado, cualquier sistema de distribuci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas sirve solo en tanto que va acompa?ado de los recursos econ¨®micos suficientes para ejercerlas. Por eso, la situaci¨®n econ¨®mica ha tenido inmediatas consecuencias tambi¨¦n en la pol¨ªtica territorial. La crisis est¨¢ obligando a evaluar la racionalidad del modelo, su sostenibilidad, y eso implica revisar duplicidades e ineficiencias, evaluar su financiaci¨®n y repensar los niveles de gasto p¨²blico alcanzados.

Ya no parece posible ¡ªni resultar¨ªa deseable, en mi opini¨®n¡ª continuar con reformas puntuales o avances parciales. La experiencia es ya suficiente para evaluar logros y carencias, y as¨ª poder hacer ya lo que no fue posible en 1978: definir constitucionalmente el modelo. Llevar a la Carta Magna las caracter¨ªsticas fundamentales del Estado auton¨®mico ser¨ªa un notabil¨ªsimo avance que le dar¨ªa una gran estabilidad y fortaleza. Posiblemente no sea una urgencia, pero si no se comienza a trabajar pol¨ªticamente en esa v¨ªa nunca ser¨¢ posible madurar un acuerdo. Pero una propuesta de reforma constitucional solo puede formularse como una sincera invitaci¨®n al di¨¢logo, como una oferta de consenso hacia quienes la deben suscribir.

En este contexto, la ret¨®rica federalista del partido socialista confunde m¨¢s que aclara, tanto porque no va dirigida a quien necesariamente es su interlocutor, el Partido Popular, como porque es un comod¨ªn ret¨®rico en manos de oportunistas. Fue un impulso federalista el que llev¨® en 1980 a forzar el acceso de Andaluc¨ªa a su autogobierno por la v¨ªa prevista para las comunidades hist¨®ricas, como federal tambi¨¦n debi¨® ser el criterio que permiti¨® la aprobaci¨®n de las leyes org¨¢nicas de transferencia que asimilaron en 1982 las competencias de la Comunidad Valenciana y de las Islas Canarias a las de Pa¨ªs Vasco, Catalu?a, Galicia y Andaluc¨ªa. M¨¢s federalizante parece, sin embargo, el sustrato de los Pactos Auton¨®micos de 1992, firmados por PP y PSOE, y en los que se opt¨® por la generalizaci¨®n y homogeneizaci¨®n de las responsabilidades de todas las Comunidades Aut¨®nomas, un acuerdo que se materializ¨® bajo los gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Pero penas hab¨ªa comenzado a estar vigente ese esquema de uniforme e intensa descentralizaci¨®n y ya se comenz¨® a escuchar que el nuevo objetivo se llamaba federalismo asim¨¦trico. Esa deriva de origen catal¨¢n la intent¨® resolver el partido socialista con su solemne Declaraci¨®n de Santillana, en 2003. All¨ª no se mencionaba la palabra federal sino que se hac¨ªa una propuesta para el ¡°perfeccionamiento del Estado auton¨®mico¡± que pasaba por la reforma constitucional del Senado, la institucionalizaci¨®n de la Conferencia de Presidentes, la mejora de los mecanismos de participaci¨®n de las Comunidades en la Uni¨®n Europea y, por ¨²ltimo, las reformas estatutarias a las que se exig¨ªa su ¡°impecable adecuaci¨®n a la Constituci¨®n¡±. Pero las cosas no discurrieron as¨ª. ¡°La Constituci¨®n no reconoce otra que la naci¨®n espa?ola¡± tuvo que sentenciar el Tribunal Constitucional con sencilla claridad y rotundidad, denunciando as¨ª los excesos del nuevo Estatuto de Catalu?a que apoyaron los socialistas. Y esa es la clave para entender de qu¨¦ discutimos cuando de nuevo hablamos ahora de federalismo.

Las reformas constitucionales son el reflejo de la vitalidad de una naci¨®n, la muestra de su capacidad de actualizar sus pactos constituyentes. La reforma constitucional posible no puede ser recentralizadora ni federal, s¨®lo puede discurrir por la senda auton¨®mica que con acierto se tom¨® para emprender la m¨¢s larga etapa democr¨¢tica de nuestra historia. Si alguien pretendiese retomar un camino ya frustrado, atribuyendo la soberan¨ªa originaria a otras naciones distintas de la espa?ola, est¨¢ claro que jam¨¢s alcanzar¨ªa el acuerdo necesario para hacerlo. Pero muy posiblemente si nos sent¨¢semos a dialogar sobre el perfeccionamiento del Estado auton¨®mico mediante la utilizaci¨®n de instrumentos federales ya ensayados con ¨¦xito en otros pa¨ªses, el margen para el encuentro podr¨ªa hallarse.

Gabriel Elorriaga es diputado en el Congreso por el PP.