El Supremo anula unas oposiciones porque exig¨ªan saber catal¨¢n
La medida deja en "desigualdad" a candidatos del resto de Espa?a, seg¨²n la sentencia
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado unas oposiciones convocadas por la Generalitat en 2009 porque, pese a que estaban abiertas a funcionarios de toda Espa?a, inclu¨ªan pruebas de catal¨¢n "obligatorias y eliminatorias". El alto tribunal ha admitido el recurso de casaci¨®n presentado por el consejo que agrupa a los colegios oficiales de secretarios, interventores y tesoreros de la administraci¨®n local.?
Las oposiciones, para cubrir 44 plazas de la subescala de intervenci¨®n y tesorer¨ªa, fueron convocadas por el Departamento de Gobernaci¨®n. La convocatoria inclu¨ªa la presentaci¨®n de un certificado de dominio ling¨¹¨ªstico del catal¨¢n, el nivel C. Preve¨ªa, adem¨¢s, una segunda prueba de conocimiento del idioma "obligatoria y eliminatoria".
El TS alega que, como la convocatoria estaba abierta a funcionarios de Administraciones locales del conjunto del Estado, "carece de justificaci¨®n razonable establecer como una parte o fase de ese proceso selectivo" conocer la lengua catalana. La exigencia del catal¨¢n en las pruebas es "desproporcionada" y dej¨® a algunos de los candidatos en una situaci¨®n de "injustificada desigualdad", a?ade.
La sentencia del Supremo anula otra dictada anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que aval¨® la convocatoria con el argumento de que es razonable exigir conocimientos de catal¨¢n a quien va a trabajar en esa comunidad. El conocimiento del idioma es "indispensable" y "no resulta irrazonable ni desproporcionado", conclu¨ªa esa sentencia, porque el catal¨¢n es la lengua propia de la comunidad.?
Seg¨²n el recurso del consejo de secretarios e interventores, la selecci¨®n de los funcionarios de car¨¢cter estatal se atribuye a las comunidades, pero estas deben ajustarse a los "t¨ªtulos y programas" que requiere el Ministerio de Administraciones P¨²blicas. La idea central es que el sistema debe ser homog¨¦neo, de forma que "sea efectiva la habilitaci¨®n estatal" de los empleados p¨²blicos.
La sentencia del Supremo matiza que es "razonable" que se "valore" el conocimiento del catal¨¢n para ocupar puestos en la Administraci¨®n en Catalu?a. Pero se?ala que, al estar esta convocatoria dirigida a "obtener la condici¨®n de funcionario estatal", estos pueden incorporarse a cualquier corporaci¨®n, por lo que carece de "justificaci¨®n razonable" una prueba de conocimientos del catal¨¢n.
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