Enfrentamiento por las aguas sucias

La depuraci¨®n de las aguas residuales de tres municipios del entorno del espacio protegido de Do?ana se ha atascado en los despachos. Las obras, pr¨¢cticamente rematadas, aguardan entre supuestas facturas pendientes y el pulso entre Administraciones tras el viaje de ida y vuelta de las competencias sobre la cuenca del r¨ªo Guadalquivir.

Pero no est¨¢ claro d¨®nde se ha producido el atasco. La Junta de Andaluc¨ªa sostiene que las obras de las dos depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado que solucionar¨ªan el problema est¨¢n varadas en la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG). El Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente, del que depende la CHG, acusa al Gobierno andaluz de ser el responsable: achaca el retraso en la puesta en marcha de este par de estaciones de depuraci¨®n a la deuda que mantiene la Junta con la empresa encargada de las obras, Befesa.

Mientras, y con las plantas de depuraci¨®n pr¨¢cticamente rematadas, las aguas residuales de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado siguen llegando al arroyo de El Partido, una de las fuentes de Do?ana. WWF sostiene que los desechos de las 40.000 personas que residen en estas localidades onubenses se vierten sin tratar. Esta organizaci¨®n ecologista ha presentado una queja ante la Comisi¨®n Europea por incumplimiento de las directivas comunitarias sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. WWF ha remitido un informe sobre los vertidos en la zona, que la organizaci¨®n difundi¨® a principios de mes.

Este problema, recurrente en los ¨²ltimos a?os, fue abordado en la ¨²ltima reuni¨®n de la Comisi¨®n de Trabajo de Aguas del Consejo de Participaci¨®n de Do?ana, celebrada el 5 de octubre en Hinojos. Lejos de encontrarse una soluci¨®n, Junta y Gobierno se dedicaron a lanzarse dardos en forma de comunicados de prensa. "El retraso en la puesta en marcha de estas depuradoras es un ejemplo de la nefasta gesti¨®n de la Junta durante los tres a?os en los que asumi¨® las competencias sobre la gesti¨®n del r¨ªo Guadalquivir", sostuvo el departamento de Miguel Arias Ca?ete. Seg¨²n el ministerio, la Junta "rechaza asumir el pago de dos millones de euros que se deben al contratista, correspondientes a un modificado que la empresa s¨ª ha ejecutado".

El Gobierno andaluz, por su parte, rechaza esa deuda, ya que no estar¨ªa "avalada por ning¨²n informe t¨¦cnico o expediente administrativo". Seg¨²n la consejer¨ªa de Luis Planas, cuando en octubre de 2011 el Gobierno andaluz devolvi¨® las competencias del Guadalquivir, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, las obras de las dos depuradoras "se encontraban a m¨¢s del 95% de su ejecuci¨®n". Este departamento interpreta que solo falta "la electrificaci¨®n de la depuradora, cuyo coste ronda los 150.000 euros y que debe asumir el Gobierno central".

La construcci¨®n de las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado fue adjudicada el 24 de julio de 2006 por el Ejecutivo central. El coste previsto para la obra era de 10,2 millones de euros.

Cuando la Junta recibi¨® en enero de 2009 las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir las obras estaban al 35%, seg¨²n Javier Serrano, director general de Planificaci¨®n y Gesti¨®n del Dominio P¨²blico Hidr¨¢ulico del Gobierno andaluz. "La obra ejecutada se parec¨ªa como un huevo a una casta?a a la prevista en el proyecto", sostiene Serrano, que achaca el retraso a estos cambios imprevistos. "Hab¨ªa acuerdos verbales que modificaron el proyecto", a?ade. La empresa Befesa ha preferido no ofrecer a este peri¨®dico su versi¨®n.

"La obra est¨¢ ya pr¨¢cticamente rematada, pero administrativamente est¨¢ sin resolver", se?ala Serrano. El responsable de dominio p¨²blico hidr¨¢ulico de la Consejer¨ªa de Agricultura rechaza que existan deudas con la sociedad encargada de la construcci¨®n. Serrano reconoce que hab¨ªa cinco millones de euros pendientes, pero que se abonaron a Befesa con el ¨²ltimo plan de pago a proveedores. "Se ha pagado la totalidad de lo ejecutado", insiste el responsable de aguas de la Junta.

El ministerio estima que, "en unos meses", las obras podr¨ªan estar rematadas y que est¨¢n trabajando en la "subrogaci¨®n del contrato correspondiente". La CHG alerta de que, al recuperar las competencias, encontr¨® "159 expedientes con informaci¨®n sesgada y de los que se ocultan deudas contra¨ªdas con los contratistas".

El asunto de las deudas y obligaciones, ocultas o no, es m¨¢s espinoso de lo que podr¨ªa parecer. Cuando el anterior Gobierno central, en manos del PSOE, y la Junta de Andaluc¨ªa decidieron que era imposible esquivar la sentencia del Constitucional y que, por tanto, todas las competencias deb¨ªan volver al Estado, se aprob¨® la reversi¨®n a trav¨¦s de un real decreto. En ese texto, fechado el 21 de octubre, se establece que la Administraci¨®n central asumir¨ªa "la totalidad de los derechos y obligaciones a partir del d¨ªa de la entrada en vigor de este real decreto". Por si no quedara claro se a?ad¨ªa: "la Comunidad Aut¨®noma de Andaluc¨ªa continuar¨¢ siendo responsable de los derechos y de las obligaciones, al igual que del pago de las deudas generadas por tales contratos, con anterioridad a dicha fecha de entrada en vigor". En un momento en el que las Administraciones miran por cada euro, esta cl¨¢usula podr¨ªa ser una nueva fuente de enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno central.