Declarado ilegal un parque e¨®lico con 27 molinos en Les Garrigues
El TSJC anula la autorizaci¨®n que la Generalitat dio a Acciona en 2005 Los jueces sostienen que el Gobierno catal¨¢n vulner¨® la normativa urban¨ªstica
Los molinos de viento, gigantes de m¨¢s de 80 metros de altura que pueblan el territorio catal¨¢n, se tambalean por la acci¨®n de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha declarado ilegal el parque e¨®lico de la Serra de Vilob¨ª, en la comarca leridana de Les Garrigues, con el mismo argumento con que lo ha hecho en otras ocasiones: incumple la normativa urban¨ªstica. El parque funciona desde 2008, cuenta con 27 aerogeneradores y produce 40,5 megavatios de potencia. Pero su futuro es incierto. La sentencia se limita a anular la autorizaci¨®n que la Generalitat dio a la empresa Acciona para poner en marcha el complejo. Esa decisi¨®n, sin embargo, abre la v¨ªa para reclamar que el parque sea demolido y se restaure la situaci¨®n anterior.
En septiembre de 2005, la Direcci¨®n General de Energ¨ªa, Minas y Seguridad Industrial otorg¨® a la instalaci¨®n un ¡°r¨¦gimen especial¡± ¡ªque permite a la empresa beneficiarse de subvenciones y primas¡ª, la declar¨® de utilidad p¨²blica y concedi¨® la autorizaci¨®n administrativa a Acciona. Esa resoluci¨®n es la que, ahora, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC considera nula. El proyecto preve¨ªa erigir generadores de tres palas y 77 metros de di¨¢metro en los municipios de Tarr¨¦s y Fulleda.
La organizaci¨®n ecologista Ipcena y un particular ¡ªmiembro de una organizaci¨®n en defensa del territorio¡ª presentaron un recurso en el que pidieron anular la resoluci¨®n de 2005 y echar el parque abajo. Los magistrados rechazan el recurso de Ipcena porque lo present¨® fuera de plazo, pero admiten el del vecino. El hombre ofreci¨® una docena de argumentos para avalar su tesis. A su juicio, la Generalitat vulner¨® el principio de participaci¨®n ciudadana, ya que no abri¨® un ¡°di¨¢logo con la poblaci¨®n afectada¡± para buscar ¡°alternativas¡±.
La decisi¨®n de instalar el parque en la sierra de Vilob¨ª atenta, seg¨²n el vecino, ¡°contra el patrimonio art¨ªstico y cultural¡±, ya que altera la ruta del C¨ªster y el camino de Santiago. El recurso plantea que los informes sobre el impacto en la vegetaci¨®n, la flora y el paisaje tienen ¡°carencias y omisiones sustanciales¡± y subraya que el proyecto carece de inter¨¦s p¨²blico.
Los magistrados descartan la mayor¨ªa de esas razones por falta de pruebas y centran el caso en una figura urban¨ªstica que ha servido para proclamar la ilegalidad de otros parques e¨®licos en Catalu?a.
Una instalaci¨®n como la de la sierra de Vilob¨ª, se?ala la sentencia, debe tramitarse dentro de lo que, en la normativa urban¨ªstica, se conoce como ¡°sistemas generales¡±. Un plan con car¨¢cter general es el que debe ¡°vertebrar, estructurar, distribuir y organizar¡± por el territorio este tipo de infraestructuras. Lo mismo vale, se?ala la sentencia, en otros supuestos como centrales t¨¦rmicas, vertederos, infraestructuras de electricidad y de abastecimiento de aguas. Todas ellas son ¡°elementos sustanciales y determinantes del desarrollo urbano¡± y, por tanto, es ¡°imprescindible¡± su ¡°previsi¨®n a nivel general¡±.
El problema es que, en el caso del parque e¨®lico de Les Garrigues, se elabor¨® ¨²nicamente un plan especial. Una medida insuficiente por las dimensiones del parque y su ¡°relevancia cuantitativa y cualitativa¡±. La Generalitat escogi¨® un ¡°atajo jur¨ªdico¡± que ha ¡°hurtado¡± la posibilidad de vertebrar el territorio. ¡°Redirigir el caso a un r¨¦gimen jur¨ªdico de autorizaciones o licencias dista mucho de poder aceptarse¡±, concluyen los magistrados.
Tanto Ipcena como el particular pidieron, adem¨¢s, que se anulasen las licencias municipales y se paralizasen las obras o, en su caso, la ¡°demolici¨®n de las instalaciones ilegalmente construidas¡±. La sentencia rechaza esa pretensi¨®n, lo cual no quiere decir, en absoluto, que el tema quede cerrado. ¡°El parque queda en una situaci¨®n de absoluta ilegalidad. Cualquier persona puede iniciar ahora un procedimiento para proteger la legalidad urban¨ªstica¡±, subraya la abogada Elena Moreno, especializada en derecho urban¨ªstico y medioambiental.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con otro parque e¨®lico, el de la sierra del Tallat, en el municipio leridano de Vallbona de les Monges (Urgell). El TSJC lo declar¨® ilegal con argumentos y en t¨¦rminos similares a los que ha empleado ahora con el parque de Les Garrigues. Un particular pidi¨® que la instalaci¨®n fuera derribada y un juez de Lleida dict¨® la orden. Los 33 molinos de viento del Tallat, sin embargo, siguen en pie, ya que la Generalitat recurri¨® la sentencia y anunci¨® que aprobar¨ªa un plan especial para dar cobertura legal al parque.
A juicio de Moreno, que ha dirigido ambas demandas, no se puede restablecer la legalidad de un parque a posteriori. La letrada admite que se trata de procesos lentos y muy complicados, que enfrentan intereses econ¨®micos, sociales y ambientales. ¡°La Administraci¨®n no se da por enterada y sigue usando planes especiales para aprobar parques e¨®licos. La justicia, al menos en Catalu?a, los est¨¢ tumbando¡±, remacha. Como en el caso de la sierra de Vilob¨ª, los argumentos de los jueces van m¨¢s en la l¨ªnea del incumplimiento de las normas urban¨ªsticas que en la protecci¨®n del medio ambiente, que en realidad es la principal preocupaci¨®n de las asociaciones y particulares que interponen demandas.
Las partes demandadas (Generalitat y Acciona) a¨²n pueden recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Seg¨²n datos de la Asociaci¨®n E¨®lica de Catalu?a, en la comunidad hay 35 parques e¨®licos en funcionamiento, la mayor¨ªa concentrados en las provincias de Tarragona y Lleida. Otros 31 est¨¢n cuentan ya con autorizaci¨®n administrativa, seg¨²n las mismas fuentes.
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