Un magistrado del TSJC, investigado por ¡°asesorar¡± a la trama de las ITV
La Sala de lo Penal estudiar¨¢ la presunta participaci¨®n del magistrado en un delito de abusos en el ejercicio de su funci¨®n
El Tribunal Supremo investiga a Joaqu¨ªn Jos¨¦ Ortiz Blasco, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) por ¡°asesorar¡± a dos empresarios implicados en la trama de las ITV. El magistrado particip¨®, presuntamente, en ¡°negociaciones¡± con los imputados mientras resolv¨ªa un recurso que estos hab¨ªan presentado contra la adjudicaci¨®n por la Generalitat de un lote de estaciones de inspecci¨®n de veh¨ªculos. La trama, en la que presuntamente tambi¨¦n est¨¢ implicado el secretario general de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya, Oriol Pujol, pretend¨ªa anular ese concurso para hacer otro a su medida.
El fiscal y la juez que investigan la trama de las ITV han acumulado suficientes ¡°indicios¡± para ¡°proseguir¡± las pesquisas sobre el aforado, dice el Supremo en un auto en el que se declara competente para abordar el papel de Ortiz en el caso. Seg¨²n se desprende de las declaraciones de testigos e imputados y de las conversaciones telef¨®nicas que aparecen en el sumario, el magistrado ¡ªpresidente de la Secci¨®n Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC¡ª realiz¨® ¡°asesoramiento en inter¨¦s y al servicio de particulares¡±.
En 2010, la empresa Certio llev¨® ante la justicia un concurso del Gobierno tripartito que adjudic¨® tres estaciones de ITV a una empresa rival en Sant Celoni (Vall¨¨s Oriental), Les Borges Blanques (Les Garrigues) y Amposta (Montsi¨¤). En el recurso, la empresa de Ricard Puignou y Enric Marug¨¢n ¡ªimputados en el caso¡ª pidi¨® que se anulase el concurso de forma cautelar porque la propuesta no estaba motivada y se hab¨ªan introducido criterios nuevos una vez que los candidatos ya hab¨ªan presentado sus ofertas. Ortiz fue el magistrado ponente del auto que, en mayo de 2011, accedi¨® a las pretensiones de Puignou.
Durante los seguimientos de los presuntos implicados en la trama, la Guardia Civil constat¨® un encuentro del magistrado con algunas de las partes inmersas en el conflicto; la directora del gabinete jur¨ªdico de la Generalitat, Margarida Gil; la de Asuntos Contenciosos, Assumpta Palau, y los empresarios Marug¨¢n y Puignou. En la reuni¨®n, que se celebr¨® el pasado marzo en un restaurante de Barcelona, se produjeron, presuntamente, las negociaciones prohibidas a funcionarios. Pese a que el magistrado ya hab¨ªa dictado unas medidas cautelares, en marzo el recurso a¨²n no se hab¨ªa resuelto de forma definitiva.
La participaci¨®n de Ortiz como ¡°asesor¡± va m¨¢s all¨¢, seg¨²n la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona, Silvia L¨®pez. El magistrado tambi¨¦n prest¨® servicios de asesoramiento en un recurso interpuesto por otra empresa de ITV, Oca, contra el decreto de la Generalitat que, en 2010, abri¨® por primera vez un sector controlado hasta entonces por Applus. Certio, la empresa del imputado Puignou, aparece en ese recurso como codemandada junto a otras sociedades y la Generalitat. En abril de este a?o, un mes despu¨¦s de que el esc¨¢ndalo de las ITV saliera a la luz, la Secci¨®n Quinta, que preside Ortiz dict¨® sentencia. Este, sin embargo, no fue ponente de una resoluci¨®n que tumb¨® el plan del tripartito.
Seg¨²n el escrito que la juez remiti¨® al Supremo, Puignou es ¡°un elemento imprescindible¡± para ¡°conseguir los objetivos¡± de la trama. En concreto, para mantener el recurso y las medidas cautelares a trav¨¦s de su ¡°contacto¡± con Ortiz. En las conversaciones indican expresamente que no quieren realizar ninguna propuesta ¡°sin antes consultarla con la sala para ver c¨®mo la interpretan¡±, en alusi¨®n a la Secci¨®n Quinta que preside el magistrado.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concluye que hay indicios para investigar al magistrado por su presunta participaci¨®n en un delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abusos en el ejercicio de su funci¨®n, relacionado con el caso de las ITV. El Supremo ha designado juez instructor de la causa al magistrado Miguel Colmenero.
Los presuntos delitos cometidos por el magistrado son una derivada de la causa principal que se sigue en el juzgado de Barcelona. Entre los imputados por delitos de tr¨¢fico de influencias y falsedad documental (entre otros) est¨¢n el n¨²mero dos de la Diputaci¨®n de Barcelona, Josep Tous ¡ªcuya ratificaci¨®n en el cargo qued¨® en suspenso a ra¨ªz del caso¡ª; el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidro Masalles, y los empresarios Ricard Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina.
En las conversaciones telef¨®nicas que figuran en el sumario, los implicados aluden con frecuencia a Oriol Pujol como la persona que puede proporcionarles la influencia pol¨ªtica suficiente para conseguir sus objetivos. Adem¨¢s de intentar ama?ar concursos p¨²blicos para lograr la adjudicaci¨®n de estaciones de servicios, la trama pretend¨ªa tambi¨¦n conseguir subvenciones p¨²blicas y forzar cambios legislativos para hacer caja en el sector de la certificaci¨®n energ¨¦tica.
Un informe de Vigilancia Aduanera sit¨²a a Oriol Pujol como ¡°colaborador necesario¡± e ¡°impulsor¡± de la trama corrupta. El hijo del expresidente de la Generalitat es ¡°el hombre encargado de aportar la influencia pol¨ªtica¡± y de realizar ¡°los movimientos oportunos¡± para beneficiar el proyecto de los empresarios. Las llamadas telef¨®nicas revelan la estrecha relaci¨®n entre las familias de Pujol y del empresario Alsina. Tambi¨¦n, la relaci¨®n de ascendiente pol¨ªtico del l¨ªder convergente sobre Josep Tous. Seg¨²n ese mismo informe, Pujol ten¨ªa una participaci¨®n ¡°indirecta¡± en una empresa creada por la trama a trav¨¦s de su amigo Alsina. La esposa del pol¨ªtico factur¨® 200.000 euros a Alsina por unos trabajos que los investigadores consideran sospechosos.
Pujol no ha sido citado a declarar. La juez del caso, sin embargo, solicit¨® el pasado junio a Hacienda que elaborase un informe que resumiera su participaci¨®n en los hechos. En caso de hallar indicios de delito, la magistrada deber¨ªa remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, ya que Pujol es diputado y, por tanto, tiene la condici¨®n de aforado.
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