El Gobierno andaluz programa la creaci¨®n del banco de tierras en 2013
IU estudia el marco normativo para la cesi¨®n de fincas p¨²blicas a parados
La Junta de Andaluc¨ªa, al contrario que el Gobierno central, s¨ª crear¨¢ el banco de tierras para parados con las fincas p¨²blicas. El fracaso en la venta de 20.000 hect¨¢reas de tierras del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), por las que s¨®lo ingresaron 10,6 millones de los 75 previstos, ha dejado el inventario casi hecho. IU pone fecha: el pr¨®ximo a?o. Su grupo ya trabaja en la regulaci¨®n, que tendr¨¢ que pactar con el PSOE.
Hace dos a?os que la Junta renunci¨® a la Reforma Agraria, una demanda hist¨®rica jornalera que supon¨ªa la puesta a disposici¨®n de los trabajadores de tierras ociosas. Nunca se llev¨® a cabo y termin¨® con la oferta de las fincas para su venta. ¡°No tiene sentido que la Junta sea propietaria de tierras¡±, argument¨® la entonces consejera de Agricultura, Clara Aguilera. Pero la crisis se llev¨® por delante las expectativas de los agricultores por hacerse con las explotaciones y, ante la falta de cr¨¦dito, muchas subastas quedaron desiertas y centenares de hect¨¢reas sin adjudicar.
IU quiere esas fincas para los parados y el presidente andaluz, el socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, seg¨²n inform¨® su segundo en el Ejecutivo aut¨®nomo y coordinador de la federaci¨®n de izquierdas, ¡°se ha mostrado como un gran colaborador¡±.
La portavoz de IU en la comisi¨®n de agricultura, Dolores Quintana, explic¨® que llevan varios meses trabajando en el ¡°marco normativo¡±, uno de los principales escollos y uno de los argumentos del Gobierno central para rechazar la iniciativa en el ¨¢mbito estatal. ¡°La adjudicaci¨®n de aprovechamientos a terceros¡± se limitar¨¢ al ¡°procedimiento establecido en la legislaci¨®n de contratos del sector p¨²blico, que necesariamente deben incluir la publicidad y la libre concurrencia¡±, afirma el Ministerio para, pr¨¢cticamente, excluir a los parados de una oferta p¨²blica de tierras.
Quintana parte del convencimiento de que ¡°todo patrimonio p¨²blico tiene que servir, en estos momentos, para crear empleo¡±. Con esta premisa, se han fijado en las tierras del IARA, que dispone de extensiones en todas las provincias y muchas de ellas no tienen salida. Prueba de ellos son las m¨¢s de 700 hect¨¢reas de las fincas Majaramb¨² (Castellar-C¨¢diz), Cortijo Vaqueros (Motril-Granada), Paraje Barruelos (Chiclana de Segura-Ja¨¦n) y Somontes (Palma del R¨ªo-C¨®rdoba) cuya subasta ha sido suspendida o declarada desierta.
La intenci¨®n de IU, seg¨²n explica la diputada, es que el uso de estas tierras sea cedido de forma gratuita a parados de la zona organizados en cooperativas o mediante convenio con ayuntamientos.
Los adjudicatarios obtendr¨ªan un salario en funci¨®n de los beneficios de la explotaci¨®n y sus productos se comercializar¨ªan en ¡°canales cortos¡±, es decir, que se vender¨ªan en mercados locales.
Los cultivos tendr¨ªan que ser sociales ¡ªse primar¨ªa aquellos que generen m¨¢s empleo¡ª y adecuados a la zona y a las caracter¨ªsticas de las tierras.
Quintana admite que el proyecto no ha pasado a¨²n a discusi¨®n con la Consejer¨ªa de Agricultura, a la que pide que se implique claramente.
Agricultura, en su idea inicial, no es partidaria de primar lo local sino la igualdad de oportunidades. Su pretensi¨®n es que, si hay cesi¨®n de uso de una finca p¨²blica, se beneficie cualquier ciudadano interesado y que promueva la explotaci¨®n en r¨¦gimen de cooperativa, la producci¨®n ecol¨®gica y la implantaci¨®n de planes viables que sirvan para mejorar las tierras.
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