El Tribunal Superior anula de nuevo el plan que imped¨ªa a Pontevedra vetar a Ence
La justicia estima recursos del Ayuntamiento y de grupos ecologistas
Mientras la Ley de Costas contin¨²a su tramitaci¨®n para ampliar las concesiones en dominio p¨²blico, las sentencias judiciales contra la ubicaci¨®n de la pastera Ence junto a la r¨ªa de Pontevedra se suceden una detr¨¢s de otra. La ¨²ltima, hecha p¨²blica hoy, anula el decreto de la Xunta que en 2003 dictamin¨® la incidencia supramunicipal del proyecto para ampliar la pastera y cerrar en Louriz¨¢n el ciclo de papel, un plan tramitado con premura y ausencia de hasta cinco informes t¨¦cnicos, seg¨²n admite ahora el Tribunal Superior de Xustiza.
La resoluci¨®n declara la anulaci¨®n del decreto en cuesti¨®n ¡°en cuanto no cumplimente los informes sectoriales de Costas, Ferrocarriles, Carreteras, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas y Patrimonio Hist¨®rico¡±, tr¨¢mites que se omitieron en su d¨ªa.
El plan no prosper¨®, pero el documento ha servido reiteradamente a la Xunta para rechazar todos los peros que el Ayuntamiento pon¨ªa a la planta, incluidas las sucesivas autorizaciones ambientales que permiten a la pastera operar en su emplazamiento privilegiado frente a la r¨ªa, principalmente de car¨¢cter urban¨ªstico.
La sentencia, dictada dos semanas y media antes de las elecciones y remitida hoy al consistorio, llega tras las dos resoluciones del Tribunal Supremo dictadas esta primavera que estimaban dos recursos del Ayuntamiento y de la Asociaci¨®n pola Defensa da R¨ªa contra sendas sentencias del propio Tribunal Superior, que de entrada hab¨ªa rechazado sus argumentos. La primera de aquellas resoluciones emplazaba a la corte gallega a entrar en el fondo de los argumentos municipales, y es el precedente directo de la sentencia hecha p¨²blica hoy.
La otra sentencia, en cambio, ya ordenaba la anulaci¨®n del decreto de supramunicipalidad, pero su confusa redacci¨®n sirvi¨® tanto a la empresa como a la Xunta para interpretar que era suficiente con publicar el contenido del plan en el Doga, otro requisito obligado que se hab¨ªa pasado por alto en 2003. Seg¨²n esa interpretaci¨®n, la nueva sentencia obligar¨ªa ahora, para mantener la vigencia del decreto, a que se emitiesen informes para justificar un proyecto que ya no existe.
El concejal de Infraestructuras de Pontevedra, C¨¦sar Mosquera, ha recordado esta tarde el proceso de redacci¨®n de aquel decreto, nacido de la sinton¨ªa entre la Xunta y Caixa Galicia, que era entonces el accionista de referencia de la pastera, privatizada poco antes. ¡°A ver qui¨¦n le iba a toser entonces a [Jos¨¦ Luis] M¨¦ndez o a [Manuel] Fraga¡±, ironiz¨®, y se?al¨® que conf¨ªa en que la resoluci¨®n ayude al pleito municipal contra el permiso ambiental de la pastera, todav¨ªa en tr¨¢mite.
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